En los papeles, el escándalo de los narcodólares mexicanos comenzó el 24 de noviembre de 1999, cuando el por entonces representante del Gobierno de México en la Argentina, Jorge Luis Olivares Novales, denunció ante Narcotráfico de la Policía Federal que el poderoso Cartel de Juárez había elegido nuestro país para lavar dinero. El monto se calculaba en unos 20 millones de dólares invertidos en campos y propiedades lujosas. Basándose en testimonios de agentes de la DEA infiltrados en el cartel, el funcionario aportó datos de sociedades y nombres de personas que terminaron formando parte de la causa 14032/99, a cargo del juez federal Rodolfo Canicoba Corral.

Fue el primer gran narcoescándalo que se vivió en la Argentina. Consecuencia directa de él –y de las presiones de Estados Unidos– un año después la figura de “lavado de activos” fue incluida por primera vez (aunque de manera rudimentaria) en el Código Penal Argentino. Pero su onda expansiva no fue mucho más allá, al punto de que recién el 25 de abril próximo comenzará el juicio oral con solo parte de los acusados originales.

Cuando estalló el caso, uno de los principales personajes señalados por la maniobra fue el banquero Aldo Ducler, dueño de la financiera Mercado Abierto, con estrechos vínculos con Ramón “Palito” Ortega en los tiempos en los que el cantante tenía un rol político. Ducler –señalado por la DEA– fue sobreseído por Canicoba Corral. Asistirá al juicio oral pero como uno más de los 200 testigos citados por los jueces del Tribunal Oral Federal N° 6, Julio Panelo, José Martínez Sobrino y María del Carmen Roqueta.

Tanto tiempo pasó entre el inicio de la causa y el juicio oral que tres de los procesados murieron, al igual que el fiscal federal Gerardo Di Masi, que instruyó la causa. Uno de los acusados fallecidos, el agente inmobiliario Nicolas Di Tullio –calificado como “organizador”– aparecía en la mayoría de las sociedades investigadas. Otro, el empresario Angel Salvia –un hombre de estrechos vínculos con el sindicalista Diego Ibañez– terminó asesinado a balazos en mayo del 2007: lo mató un sargento de la Policía Bonaerense.

Ese crimen fue presentado como un homicidio motivado por los celos, ya que Salvia era amante de la ex esposa del sargento, quien también fue asesinada. Sin embargo, en el caso quedaron dudas, ya que Salvia –uno de los principales contactos del Cartel de Juárez en el país– había sido denunciado judicialmente por los propios mexicanos luego de quedarse con propiedades que había comprado como testaferro.

La hipótesis de que Salvia fue asesinado por encargo de los mexicanos incluso se coló en el juicio contra Carlos Carrascosa por el crimen de su esposa, María Marta Garcia Belsunce. Por entonces (febrero de 2007), el fiscal Diego Molina Pico relacionó el homicidio de la socióloga con el lavado de dinero del Cartel de Juárez y sacó a relucir un anónimo en el que se decía que a la mujer la habían matado los mismos sicarios mexicanos que se le tenían jurada a Salvia. Esto nunca se probó.

Así, entre los fallecidos y los sobreseídos, quienes ahora llegan a juicio oral por el presunto lavado de dinero del Cartel de Juárez aparecen segundas líneas: un empleado de Salvia, la esposa de Di Tullio y un veterinario que trabajaba para él. Desde que recibió la causa, en 2008, para el TOF 6 fue más problemático administrar los bienes embargados que redondear la situación procesal de los 8 acusados sobrevivientes.

Del tribunal dependen cuatro estancias ubicadas en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y una en San Juan, más un departamento con cochera en Bahía Blanca y otro lujoso departamento (también con cochera) en Capital Federal, en avenida Alvear casi Callao.

Hasta que el caso no esté cerrado no hay nada que la Justicia pueda hacer más que alquilar las propiedades y cuidar que nada de lo que hay en ellas se deteriore. Al Tribunal no le es nada fácil encontrar inquilinos para el departamento (amueblado) de Recoleta. En tanto, el león embalsamado sigue esperando que se defina su destino.