CCD | El 7 de septiembre de 2013, CuentasClarasDigital (publicó una información sobre una reunión entre el fiscal general de Costa Rica, Jorge Chavarría, y el procurador general de Venezuela, Manuel Galindo – cargos que desempeñaban en aquel momento – con el fin de compartir información sobre un caso de presunta legitimación de capitales (lavado de dinero) de unos 14 millones de dólares. En este caso fue mencionada la empresario Agustín Lyon y su compañía Arbia Internacional. Más de dos años después, con documentos probatorios legales un tribunal de Costa Rica desestimó la causa en una investigación que involucró también al gobierno de Venezuela.
CCD debe precisar que todas las informaciones divulgadas en nuestra Web tienen su origen en fuentes confiables o tomadas de medios de comunicación social de Venezuela o internacionales, de reconocido prestigio. En este caso, siempre se planteó como un presunto hecho.
Sustentado en el respeto al derecho que tiene el ciudadano Agustín Lyon, representante de la citada empresa, CCD revela sus declaraciones y pruebas.
«Desde el día 27 de Junio de 2.013, se abrió en la República de Costa Rica una investigación, en donde se vinculaba directamente a mi persona, mi esposa y a varias de mis empresas tanto en Venezuela como en Costa Rica, con supuestos hechos delictivos con motivo de la recepción en las cuentas de mi empresa Arbia Internacional S.A, altas sumas de dólares, producto esto, del giro comercial que hasta ese entonces tenía mi compañía y sus actividades mercantiles en Venezuela», puntualiza el empresario..
Precisa que estos montos tenían su origen en un contrato de suministro de productos de higiene personal con el Gobierno de la República de Venezuela, «siendo atribuidos en ese momento de manera irresponsable y temeraria por la fiscalía de legitimación de capitales de Costa Rica, a un supuesto lavado de capitales, luego a un fraude, llegando incluso a señalar de manera por demás temeraria la cooperación con movimientos terroristas internacionales».
Agrega que durante 18 meses, los funcionarios del Ministerio Publico, sección de Legitimación de Capitales y la OIJ, llevaron a cabo una serie de “pesquisas e investigaciones que como era de esperar solo condujeron a determinar que los hechos investigados eran actos de legitimo comercio entre el Gobierno de Venezuela y mi empresa Arbia Internacional, tal como fue señalado hasta la saciedad por nuestra empresa en innumerables reuniones con estos funcionarios del Ministerio Publico”.
Más adelante revela que «el Juzgado Penal de San José, produjo al fin una resolución o decisión, en donde concluyen, que efectivamente los hechos investigados no son más que actos de comercio totalmente apegados al ordenamiento legal de Costa Rica y de Venezuela y que no hay mérito alguno para reclamar responsabilidad por la comisión de algún hecho que sea típicamente antijurídico o un delito, muy por el contrario deben de admitir que desde el principio los hechos investigados siempre fueron siempre de carácter mercantil.
Agustín Lyon asegura que sufrió un inmenso e incuantificable daño moral, familiar y económico.
La decisión del Tribunal
Entre los documentos presentado por Agustín Lyon se encuentra la Resolución emanada de un Juzgado Penal del Primer Circuito de la República de Costa Rica,“en donde se señala que no existe elemento alguno para subsumir que los hechos realizados por mi empresa son típicamente antijurídicos, llegando incluso a señalar tajantemente que los hechos investigados siempre fueron de carácter absolutamente mercantil”.
En efecto, la sentencia manifiesta que un principio se hizo necesario asegurar el dinero mediante el congelamiento de fondos y además traer al proceso los elementos de prueba mediante la asistencia internacional, por lo que una vez recibida la información extranjera se determinó que existía un contrato internacional entre la empresa Arbia Internacional y el Gobierno de Venezuela, concretamente ante la Dirección General de Suministros Venezolanos Industriales, «incluso se cuenta con el contrato, copias certificadas de las fianza y el oficio donde se dispone la autorización de pago por parte del Ministerio de comercio a la Tesorería Nacional, para realizar la transferencia de 14 millones de dólares.
El Tribunal costarricense determino que “no se cuenta con los elementos de prueba suficiente para acreditar el delito (legitimación de capitales) que se investigó.
Asimismo, la Sección de Legitimación de Capitales concluyó la investigación y emitió el informe 028-SI.C-R-2014, el cual finiquita que el dinero que se mantenía inmovilizado a nombre de Arbia Internacional en el Banco de Costa Rica es producto de la transferencia de fondos del Banco Central de Venezuela por parte de la Oficina Nacional del Tesoro, a partir del contrato para la adquisición y suministro de bienes.
Al desestimarse la causa, se levantaron las medidas cautelares y se acordó la devolución de los bienes decomisados.
