Aunque no precisó el monto, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, durante el discurso de presentación del informe de gestión 2015, ante la Asamblea Nacional, hizo referencia a la Banca Privada de Andorra y aseguro que ha había solicitado la repatriación del dinero depositado en cuenta de venezolanos, presuntamente incursos en hechos de corrupción.
En el informe de gestión se lee: “En el año 2015 se inició investigación penal por presuntos hechos de corrupción acaecidos en Corpoelec, relacionado con el pago de comisiones en divisas con ocasión a la contratación de empresas en España para ejecutar la obra de una central termoeléctrica en los Valles del Tuy a dos altos funcionarios públicos. Dentro de las diligencia de investigación se ha solicitado asistencia mutua en materia penal al Principado de Andorra, requiriendo la prohibición de enajenar y gravar bienes de los ciudadanos presuntamente involucrados, así como la inmovilización de cuentas bancarias y demás productos financieros, al igual que la repatriación de los bienes, fondos y títulos públicos o privados, producto de la comisión de hechos punibles”.
Más adelante en el informe de gestión del Ministerio Público se expone que se solicitó orden de aprehensión de Nervis González Villalobos, ex viceministro de energía y petróleo y Javier Alvarado ex presidente de la Electricidad de Caracas, acordada por el Juzgado 37 en funciones de Control del área metropolitana de Caracas
Posteriormente, el tribunal acordó la nulidad absoluta de estas medidas, incluyendo la prohibición de enajenar y gravar bienes, bloqueo e inmovilización preventivos de cuentas bancarias, por lo cual el MP presento apelación y recuso a la jueza
Sin embargo, en el caso de Banca Privada de Andorra, se descubrieron además cuentas de Carlos Aguilera Borjas ex director de la Dirección de los servicios de Inteligencia y prevención (DISIP, ahora SEBIN), Alcides Daniel Rondón Rivero ex viceministro de Seguridad Ciudadana y de Relaciones Exteriores para Asia, Medio Oriente y Oceanía y el empresario Omar Farías Luces, uno de los mayores aseguradores del gobierno venezolano.
Homicidios
Con relación a los homicidios, la Fiscal General precisó que durante el pasado año, el Ministerio Público tuvo conocimiento de 17.778 homicidios dolosos o intencionales en el país, lo que arrojaría una tasa de 58 homicidios por cada 100.000 habitantes, “esto representa un indicador preocupante”, reconoció.
“Por estas muertes, la institución que dirijo inició 15.924 investigaciones. El número de homicidios e investigaciones es distinto, porque ocurre que, en algunos casos, una investigación implica el homicidio de dos, tres, cuatro o cinco personas”, explicó.
Detalló que se solicitó y se acordaron 4.400 órdenes de captura por dichos casos, muchas de ellas aún pendientes por materializarse, por lo que hizo un llamado a las autoridades para que hagan efectivas las órdenes de aprehensión.
Drogas
Indicó que en materia de drogas se imputaron a 21.127 personas y fueron acusadas 11.795. Citó como ejemplo de lucha contra el tráfico de drogas, el caso de Air France, por el cual hay 30 personas detenidas y en fase de juicio, por el hallazgo de 1.300 kilogramos de cocaína que fueron incautados en París en un vuelo procedente de Venezuela.
“Hasta el día de hoy se han realizado 54 audiencias, y el 18 de noviembre de 2015, luego de más de dos años, se recibió respuesta de las autoridades francesas a la carta rogatoria que se le había enviado para que nos remitieran información en relación con este caso”, explicó.
Femicidio
En materia de Defensa de la Mujer, Luisa Ortega Díaz puntualizó que las mujeres en el Ministerio Público tienen garantizada su integridad física, por lo que durante el 2015, el Ministerio Público acordó 62.000 medidas de protección, cifra que es considerada por la Fiscal General de la República como alarmante, razón por la cual se debe llamar a la reflexión.
Respecto con esta misma categoría, los fiscales especializados imputaron a 23.190 personas y acusaron a 19.816 por delitos de género.
La Fiscal dijo que una de las áreas en las que se ven reflejados los esfuerzos, de manera palpable, es la relativa a la investigación de violencia contra la mujer y las distintas formas delictivas asociadas a las inequidades y desigualdades en razón del género.
Por otro lado, con la inclusión del delito de femicidio como un tipo autónomo dentro de la legislación venezolana, producto de la reforma de la Ley sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se ha logrado visibilizar un fenómeno que se encontraba silenciado en nuestro país. En consecuencia, en el 2015, el Ministerio Público conoció de 121 femicidios consumados, por los cuales fueron imputadas 182 personas y 176 resultaron acusadas; además se solicitaron 60 órdenes de aprehensión.
Precisó que los delitos en materia de violencia de género, se han posicionado en el segundo lugar con mayor número de ocurrencia.
En relación con la protección de la familia, los niños, niñas y adolescentes, los fiscales especializados llevaron adelante 56.000 actuaciones judiciales para garantizar la manutención, el régimen de convivencia familiar, filiación, colocación familiar, curatela, patria potestad, tutela, responsabilidad de crianza, entre otras figuras.
Igualmente, explicó que en los hechos donde niños, niñas o adolescentes son víctimas, se imputaron a 35.498 personas y se acusaron a 19.771. “Dentro de estos casos podemos señalar la condena a 30 años de prisión de Julio Campos, quien fue condeno por abuso sexual de dos adolescentes”.
Derechos Humanos
Por otro lado, en materia de Derechos Humanos las investigaciones de los fiscales, apoyados en las experticias realizadas por las unidades criminalísticas contra la Vulneración de Derechos Fundamentales, permitieron imputar a 1.312 funcionarios de distintos cuerpos de seguridad del Estado y acusar a 959 de ellos por la comisión de distintos delitos relacionados con este tema.
Explicó que actualmente se encuentran privados de libertad 132 funcionarios, de los cuales 97 están condenados.
Asimismo, por la presunta comisión del delito de tortura se acusaron a 29 funcionarios y por tratos crueles, inhumanos y degradantes fueron acusados 513.
“Debo señalar que entre los casos de violación de derechos humanos resueltos, está la condena a 18 años de prisión del efectivo de la Policía Nacional Bolivariana, Javier Mota, quien admitió su responsabilidad en la muerte de un adolescente de 14 años de edad, ocurrida el 24 de febrero de 2015 durante una manifestación en San Cristóbal, estado Táchira”, indicó.
También se refirió a los hechos violentos ocurridos en el 2014, los cuales trajeron como consecuencia la muerte de 43 venezolanos y otros 878 que resultaron heridos, y aseguró el Ministerio Público ha procesado a cada uno de los autores y partícipes de los homicidios con estricto apego a los hechos que pueden ser objeto de demostración.
corrupción
En cuanto a delitos de corrupción, el Ministerio Público en el 2015 inició 7.859 investigaciones, se imputaron a 3.565 personas y acusaron a 3.119. Dentro de estos casos destacan investigaciones por peculado doloso continuado, asociación para delinquir, concusión, corrupción, incumplimiento de normas y procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones Públicas, entre otros tipos penales relacionados con esta materia.
“También debemos destacar las acciones tomadas contra la exministra del Poder Popular para la Salud, Eugenia Sader, quien está imputada por el delito de peculado doloso propio, sobregiro presupuestario y asociación para delinquir. En el 2015, el Tribunal 52° de Control del área metropolitana de Caracas, a solicitud del Ministerio Público, decretó medidas de inmovilización de cuentas bancarias y prohibición de enajenar y gravar bienes, así como se solicitó la orden de aprehensión contra su hijo, la cual fue ratificada recientemente”, dijo.
Nuevo Código Penal
La Fiscal General de la República recordó que luego de las elecciones parlamentarias del 06 de diciembre de 2015, ella instó a los diputados electos a abogar por la construcción de una agenda legislativa penal.
Aprovechó para proponer un nuevo Código Penal, para evitar la ocurrencia de delitos y no producir mayores niveles de violencia, asumiendo que la solución al problema delictual no descansa en el aumento de la pena, pues a su juicio esto no es garantía de la disminución de la violencia y la delincuencia.
Destacó que, de manera previa, se requiere una amplia política de prevención social del delito, por lo que para ello es fundamental abordar sus causas. “Desde el Ministerio Público estamos trabajando incansablemente para lograr este objetivo”, manifestó Ortega Díaz.
Hizo mención al Plan Nacional para la Prevención Social del Delito, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, del cual acotó que se lleva a cabo desde la institución desde hace ocho años.
Desarme
Expresó que desde el Ministerio Público se ha observado que 82% de los delitos de homicidio se produjeron por armas de fuego, por lo que manifestó la necesidad de hacer una revisión de la facilidad con que la población civil las adquiere.
Considera, además, que las armas de fuego incrementan altamente la ocurrencia de homicidios, pues son instrumentos de alta capacidad letal y los portadores se encuentran psicológicamente determinados al llevar a cabo el hecho criminal, por lo que aseguró “de allí que la violencia extrema se encuentra asociada en alto porcentaje a la presencia de armas de fuego”.
Agregó que el desarme de la población sigue siendo un objetivo que se debe lograr, por lo que invitó a abrir un diálogo nacional sobre el papel que tiene cada una de las instituciones, capaces de concebir e implementar medidas de control estricto sobre el comercio ilícito y armas de fuego.
La máxima autoridad del Ministerio Público aseguró que desde la institución se contribuirá con esta labor.
Por hechos relacionados con armas de fuego se iniciaron 11 mil 528 investigaciones durante 2015, de las cuales 59 son por posesión de granadas. También se refirió al impulso del Plan Desarme, que abarca la inutilización y destrucción de armas, lo cual está previsto en la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones.
Por otra parte, planteó que se hace necesaria y urgente la revisión de los cuerpos policiales, porque considera alarmante el número de funcionarios que participan en hechos punibles, tales como el secuestro, extorsión, robo, hurto de vehículos y narcotráfico.
Ejemplo de ello fue el asesinato en cautiverio perpetrado contra un magistrado jubilado del Tribunal Supremo de Justicia, en el cual participaron tres policías de 24 años cada uno, por lo que sentenció “esto fortalece la delincuencia organizada y resquebraja la institución policial, lo cual a su vez afecta el cumplimiento de sus funciones”.
Adicionalmente, señaló que la depuración policial es otro objetivo que se debe alcanzar y que amerita un gran diálogo nacional en pro de la elaboración y ejecución de políticas públicas que permitan fortalecer la moral de los cuerpos de seguridad, de esta manera se lograría reducir la criminalidad que sacude a la sociedad venezolana.
