La Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires informó que, entre 2003 y 2015, algunas de las más notorias figuras del kirchnerismo recibieron un total de 2160 denuncias radicadas en el distrito por posibles hechos de corrupción. Fue la ex presidenta Cristina Kirchner quien, de ese total, recibió la mayor cantidad, 419, seguida por su esposo, Néstor Kirchner, con 193; el ex ministro de Planificación Federal Julio de Vido, 117, y el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández, 108.
La información de la Cámara Federal no precisa cuántas de esas denuncias se convirtieron en investigaciones judiciales luego de que los fiscales efectuaran los requerimientos correspondientes. Tampoco, por limitaciones del sistema informático, pudo saberse cuántas fueron desestimadas. Los dos únicos funcionarios del anterior gobierno que se encuentran condenados son el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y la ex ministra de Economía Felisa Micheli.
Lo cierto es que los escándalos fueron una constante durante el kirchnerismo y, aunque la mayoría de ellos estalló durante la gestión de Cristina Kirchner, muchos se originaron durante el mandato de su esposo. A diferencia de lo ocurrido durante el menemismo, Néstor Kirchner concentró en su persona todas las decisiones importantes. Muy pocas cosas se hacían sin consultarlo. Podría decirse, al ver la sucesión de escándalos, que el régimen de las decisiones hiperconcentradas funcionó como una especie de asociación ilícita para la comisión de una serie indeterminada de delitos.
Las 2160 denuncias judiciales radicadas en la Capital contrastan con el escaso número de causas de peso que lograron importantes avances durante el pasado gobierno. Esto obedeció a la actitud de algunos jueces y fiscales federales que, por diversas razones, todas deplorables, no impulsaron investigaciones o lo hicieron con suma lentitud. Además de esos funcionarios, el régimen contó con la complicidad del entonces titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, esencial para brindarle protección, entre otros, al pseudoempresario Lázaro Báez, quien habría recurrido a facturas falsas para evadir impuestos y quizá también para acumular fondos negros para girarlos al exterior. Por ese caso, Echegaray, actual titular de la Auditoría General de la Nación, había desplazado a muchos funcionarios de la sede de la AFIP en Bahía Blanca, hasta desactivarla.
Una de las causas más emblemáticas en su momento fue la del presunto pago de coimas y sobreprecios en la ampliación de los gasoductos Norte y Sur, realizada en 2005. Se la conoció como caso Skanska, por la constructora sueca cuyos directivos llegaron a admitir el pago de coimas a funcionarios para poder participar en las obras de ampliación de los gasoductos. Esta causa, que comprometía al ministerio de De Vido y, allí, a la secretaría de Energía, entonces a cargo de Daniel Cameron, avanzó con fuerza pero la Justicia invalidó las principales pruebas. Afortunadamente, a fines de 2015 la Corte Suprema de Justicia dispuso que continuara la investigación. La importancia de este caso es que puso la lupa sobre una de las principales cajas del kirchnerismo: la obra pública.
El secuestro en el Aeroparque de una valija con 790.000 dólares que portaba el empresario venezolano Guido Alejandro Antonini Wilson, en 2007, presuntamente destinados a financiar la campaña presidencial de Cristina Kirchner, fue otro de los casos más sonados e involucró a Claudio Uberti, ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi) y embajador paralelo en las sombras ante el régimen chavista de Caracas. La causa quedó en la nada cuando la Cámara de Casación la declaró prescripta. La medida fue apelada ante la Corte, que aún debe expedirse. Las maniobras dilatorias que caracterizaron a este sumario son una constante en las causas de corrupción y buscan la extinción de la acción penal por prescripción.
El escándalo que protagonizó el ex vicepresidente Amado Boudou en el caso de la ex imprenta Ciccone, de la que intentó apoderase mediante testaferros, significó un importante desgaste político para la entonces presidenta, en el que el apoyo que brindó al sospechado Boudou se tradujo en la renuncia del procurador general de la Nación Esteban Righi a su cargo debido a una acusación de Boudou que luego se probó carente de todo fundamento.
Pero si entre todas las causas contra funcionarios kirchneristas hay una que realmente preocupa a la ex presidenta por la solidez de las pruebas reunidas que la involucran a ella y a sus hijos Máximo y Florencia, es la de Hotesur, en la que se investiga el lavado de dinero mediante el cual Báez alquilaba habitaciones en los hoteles de los Kirchner que jamás eran ocupadas por personal de sus empresas. La Justicia tiene en su poder los documentos que lo consignan. Una maniobra similar se concretó con las tripulaciones de los vuelos de Aerolíneas Argentinas a El Calafate.
En una reciente presentación judicial, la diputada Margarita Stolbizer sostuvo que el Banco Nación y la Inspección General de Justicia permitieron que Báez realizara parte del paulatino blanqueo de la fortuna de los Kirchner, a través de sus hoteles y operaciones inmobiliarias. Según la diputada, el gobierno adjudicaba obras millonarias a las empresas constructoras de Báez y, a su vez, «le concedía créditos y reestructuraciones de deudas por cifras millonarias»; como garantía, «Báez cedía los mismos contratos de obra pública de la Nación al Banco Nación y se quedaba con la plata». Como resumió la legisladora, el Estado otorgaba las obras, le pagaba cifras millonarias por ellas, «el Estado le daba créditos y el Estado recibía como garantía de los préstamos los certificados de obra que el mismo Estado se comprometía pagar».
Tampoco pueden olvidarse los escándalos protagonizados por Jaime hasta llegar a la tragedia ferroviaria de Once, que le valió una condena y un pedido de investigación a De Vido, ni los negociados con la efedrina, que redundaron en otro aporte de dinero a la campaña de Cristina Kirchner.
Los 12 años en los que el kirchnerismo estuvo en el poder le permitieron disponer del Estado como si le perteneciera, incluido el patrimonio público y el enorme poder, ejercido con total impunidad, que otorgan los cargos oficiales en los gobiernos autoritarios. En este último aspecto hay que tener muy en cuenta que la impunidad con la que se movieron aquellos altos funcionarios fue facilitada por el sistemático desmantelamiento, la paralización intencional y los copamientos con funcionarios afines de los organismos de control, como la Oficina Anticorrupción, entre otros. Más adelante, la búsqueda de impunidad incluyó el acceso a cargos que otorgan fueros.
Pocos espectáculos hay tan desmoralizadores como la sucesión de graves denuncias que la sociedad ve perderse de vista hasta su cierre debido al paso del tiempo. Ese fue el espectáculo al que nos acostumbró la Justicia, con escasísimas excepciones. Resulta indispensable que, de una vez por todas, se activen en los tribunales aquellos expedientes largo tiempo dormidos para que la sanción a los culpables no sea la excepción, sino la norma. La Nación
