La Comisión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), similar a una existente en Guatemala y que tendrá como coordinador al abogado peruano Juan Jiménez Mayor, fue presentada en una ceremonia con asistencia de decenas de funcionarios, miembros de la sociedad civil y del cuerpo diplomático.La OEA instaló este lunes en Tegucigalpa una comisión que ayudará al gobierno de Honduras a combatir la corrupción y la impunidad, mediante un nuevo cuerpo de jueces, fiscales y policías para el “desmantelamiento de las redes” del crimen organizado. En la imagen, El secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de la Organización de Estados Americanos (OEA), Francisco Guerrero (izq.), y el portavoz de la Misión de (MACCIH. Juan Jimenez. Foto AFP.
“Nuevos tiempos con integridad y honradez” para Honduras “va a rezar el trabajo que venimos a hacer”, proclamó Jiménez Mayor en su discurso de presentación.
Añadió que la Organización de Estados Americanos (OEA) interpreta que “la corrupción es un factor de riesgo de la democracia” en el continente y “toma un camino nuevo” en una “iniciativa inédita” en Honduras.
Explicó que la MACCIH contará con un equipo de fiscales internacionales que han tenido experiencia en otros países para colaborar con un grupo integrado por policías, fiscales y jueces hondureños “en el desmantelamiento de redes de corrupción”.
Los miembros hondureños “serán seleccionados y certificados por la misión sobre la base de un protocolo” para potenciar la infraestructura de combate de la corrupción y la impunidad, subrayó.
Destacó que la sociedad civil tendrá un rol protagónico en un sistema de “monitoreo” de todo el trabajo de la misión para garantizar el cumplimiento de los objetivos.
Según el convenio, suscrito por el presidente hondureño Juan Orlando Hernández y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, el 19 de enero en Washington, la misión trabajará en cuatro “líneas de acción”: “prevención y combate de la corrupción”, “reformas a la justicia penal”, “reformas político-electorales” y “seguridad pública”.
La misión se concretó a raíz de la solicitud del presidente Hernández de que se estableciera en el país un mecanismo para combatir la corrupción y la impunidad, en un contexto de intensas movilizaciones populares el año pasado exigiendo una depuración en las instituciones públicas.
Las marchas que se repetían cada semana con decenas de miles de manifestantes de la llamada Oposición Indignada demandaban una comisión de las Naciones Unidas (ONU) similar a la CICIG, un organismo creado por la ONU que funciona en Guatemala desde hace ocho años.
Los manifestantes salieron a las calles luego que la fiscalía descubrió que unos 330 millones de dólares habían sido saqueados del sistema de seguridad social y de que el mismo Hernández aceptara que unos 94.000 dólares de ese dinero ingresaron a la campaña que lo llevó al poder, sin que el conociera entonces el origen de esos recursos. AFP
