CCD | El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró la noche de este jueves la vigencia del decreto de emergencia económica dictado por el presidente Nicolás Maduro y rechazado por la Asamblea Nacional, al considerar que no podía otorgar un «cheque en blanco» al Ejecutivo.
De acuerdo a la decisión del TSJ, la Asamblea Nacional vulneró la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción. La sentencia, en ponencia conjunta de los magistrados de la Sala Constitucional, estableció que el Decreto entró en vigencia desde que fue dictado – el 14 de enero de 2016- “y su legitimidad, validez, vigencia y eficacia jurídico-constitucional se mantiene irrevocablemente incólume, conforme a lo previsto en el Texto Fundamental”.
Añade que el control político de la Asamblea Nacional sobre los decretos que declaran estados de excepción “no afecta su legitimidad, validez, vigencia y eficacia jurídico Constitucional”.
Con respecto del proceso de consideración del Decreto N° 2.184 por parte de la Asamblea Nacional, según el máximo tribunal, por “notoriedad comunicacional” no fue cumplido el artículo 27, párrafo primero, de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, referido al lapso de consideración en sesión especial, “circunstancia que vulneró la legalidad procesal, la seguridad jurídica y el debido proceso consagrado en el artículo 49 Constitucional”.
Agrega que la decisión de la Asamblea Nacional, acordada el 22 de enero de 2016, está viciada de nulidad por inconstitucionalidad y lo califica como un “írrito acuerdo dictado por la máxima representación del Poder Legislativo Nacional”.
Por su parte, el presidente Nicolás Maduro saludó la decisión del TSJ y dijo que en los próximos días activará un conjunto de medidas en las que venía trabajando.
«Democracia, constitucionalidad, que se acate la decisión del Tribunal Supremo de Justicia y yo actuaré en consecuencia. Esto facilita mucho el trabajo», dijo Maduro la noche del jueves en la inauguración de una fábrica.
El decreto presidencial que fue rechazado en enero por el poder legislativo, le otorga al Gobierno atribuciones para realizar gastos extraordinarios sin contar con el permiso previo de la Asamblea Nacional, además de un amplio abanico de facultades.
Durante la discusión en la Asamblea Nacional, se dio lectura al informe de la Comisión Especial que analizó el Decreto Presidencial de Emergencia Económica, donde se expresa que “el decreto pretende otorgar al poder ejecutivo atribuciones exclusivas en el manejo de la crisis sin delimitar sus área de actuación”.
Asimismo, consideró la instancia parlamentaria que el actual régimen de cambio múltiple genera oportunidades a la corrupción, y que en el año 2013 se le concedió al ejecutivo poderes habilitantes durante 12 meses, para “lanzar una lucha temprana para combatirla, sin embargo produjo, entre otras cosas, una serie de dificultadas definidas como “cadivismo”.
El informe parlamentario consideró que el ejecutivo no reconoce en el decreto estos problemas, ni propone soluciones, lo que agravaría la crisis, en lugar de resolverla, “puesto que plantea objetivos inconsistentes, poco claros y en algunos casos contradictorios”.
