La familia Cierco, antigua accionista de BPA y del Banco Madrid, quiere entablar negociaciones con el Gobierno de Andorra para que éste les indemnice por la expropiación de las entidades hace un año. Aspiran al 75% de las dos entidades, es decir, 375 millones de euros..
La información de El Mundo de España, precisa que Los Cierco quieren que el punto de partida esa cantidad. En el momento de la expropiación, BPA y Banco de Madrid estaban valorados en 500 millones. El 75% del capital que estaba en manos de los Cierco supone, así pues, 375 millones.
El FinCEN denunció tener «fundamentos razonables» de que ejecutivos de primer nivel en BPA ayudaron a lavar dinero a distintos entramados criminales de origen ruso, chino y venezolano
Asi continúa la información:
El Principado de Andorra espera vender este mismo mes Vall Banc, la entidad resultante de la limpia de fondos, cuentas y clientes sospechosos que asegura haber llevado a cabo en BPA.
Pero parece difícil que todo termine ahí. «Los Cierco esperan una negociación con el Gobierno de Andorra sobre la base de la buena voluntad de ambas partes, para ser compensados, aunque hasta ahora no ha habido muestras de ello», ha explicado a EL MUNDO Manuel Varela, abogado del bufete de Washington Lewis Baach, que representa a BPA en Estados Unidos.
BPA se anotó hace dos semanas un inusual éxito legal en Estados Unidos, cuando logró que la Unidad de Delitos del Tesoro de ese país (FinCEN, según sus siglas en inglés) retirara la calificación de que la entidad es «un motivo de preocupación primaria en materia de lavado de dinero».
Esa calificación está codificada en la Sección 311 de la Ley Patriótica (Patriot Act) aprobada tras los atentados del 11-S, y fue la herramienta que Washington empleó para forzar a Andorra a nacionalizar BPA y a liquidar su filial española, Banco de Madrid.
La llamada sesión 311 cierra a los bancos la posibilidad de operar con entidades corresponsales en EEUU, lo que en la práctica supone que no pueden llevar a cabo transacciones en dólares. «Es como quitarle el oxígeno a un banco», ha señalado a este periódico, Ramón Cierco copresidente de BPA y que, junto con su hermano Higini, ostentaba la mayoría de las acciones de la entidad.BPA sostiene que Estados Unidos quiso llevar a cabo un castigo ejemplar en Andorra, similar a los que ha realizado en otras jurisdicciones pequeñas, como Chipre y Letonia, y que el Gobierno de ese país le entregó BPA como «cabeza de turco».
Los responsables del banco citan una conferencia del entonces agregado económico de la Embajada de EEUU en Madrid, Anton Smith, en el que lamentaba que las autoridades andorranas «no han actuado con la fluidez que estábamos esperando» ante «un informe oficial» que les había sido enviado por Washington en agosto de 2014.
Según Smith, «por eso hemos cogido el martillo al final», en referencia a la intervención de BPA. «Hemos llegado a la conclusión de que lo que estaban haciendo algunos dentro y fuera del banco era una amenaza para nuestro sistema», concluye Smith en su intervención, disponible en internet.
El Gobierno andorrano considera los 12 meses que han transcurrido desde la denuncia del FinCen la mayor crisis para su imagen como plaza financiera. Su ministro de Finanzas, Jordi Cinca, adelantó el pasado mes de febrero que comprende a los antiguos accionistas de BPA pero no tiene ninguna intención de paralizar el proceso.
Cinca se declara convencido de que Vall Banc pasará este mismo mes a manos de un nuevo propietario como una entidad libre de sospechas sobre su actividad y de cualquier reclamación judicial por parte de los antiguos propietarios. «Tenemos otras prioridades como proteger la plaza financiera de una contaminación general y salvar los ahorros de todos los clientes lícitos», declaró a este diario.
