Yacimientos de masacres
Las masacres en las minas de Bolívar se institucionalizaron el 26 de septiembre de 2006, puntualizó De Grazia ante el parlamento del 8 de marzo. La fecha remite a la masacre de La Paragua, en el municipio Raúl Leoni en Bolívar, donde 7 mineros fueron asesinados por 10 agentes de la GNB pertenecientes al Teatro de Operaciones número 5 (TO5). Los uniformados recibieron una condena de 15 y 17 años por la autoría material del homicidio calificado con alevosía, uso indebido de arma de fuego y simulación de hecho punible. (Gráfico de RunRunes.es)
Desde la masacre de La Paragua, los asesinatos a mineros se convirtieron en moneda común, aunque muchos no trascienden más allá de las orillas del Orinoco, lo que hace difícil su seguimiento, según refiere ElPitazo.com
Seis años más tarde, el 31 de marzo de 2012, ocurrió la masacre de Payapal, en el municipio Sifontes (alto Cuyuní). Cinco mineros, entre ellos tres hombres y dos mujeres, fueron asesinados por seis irregulares a quienes habían contratado para custodiar y trasladar el mineral de oro extraído. Los criminales –pertenecientes a bandas que operaban entre La Paragua y el kilómetro 88, según autoridades– decidieron matar a los mineros que no pudieron pagarles porque no lograron sacar todo el mineral esperado.
En 2014, las bandas de “El Chingo” González, El Javier y El Guille impusieron el terror en El Callao con un poderoso arsenal. Hasta agosto de ese año, unas 30 personas fueron asesinadas por enfrentamiento entre estos grupos que “tienen sometida a la colectividad”, advirtió el alcalde Coromoto Lugo. En agosto tirotearon la estación policial de El Callao y mataron a un funcionario. No sólo se dedicaban al cobro de vacunas para permitir que los mineros trabajaran, sino también a otras actividades como tráfico de drogas, prostitución y “talibaneo” (como denominan en la zona al contrabando de gasolina y alimentos).
La noche del 17 de diciembre de 2014, fue acribillado en su propia casa en El Callao el minero y luchador social Pedro Fabio Arzola, conocido como Manganzón, quien era un activo crítico de las políticas del gobierno, como el decreto ley 8.413 que nacionaliza la explotación aurífera excluyendo a los trabajadores artesanales. También denunciaba abiertamente la corrupción y extorsión desatadas por las mafias mineras al sur de Bolívar.
2015 fue un año particularmente sangriento en los yacimientos del sur de Bolívar. Se registraron al menos 17 casos violentos por enfrentamientos entre bandas por el control minero, en los que también incursionó el Ejército.
En agosto, se registró la masacre de siete personas, que fueron desmembradas, por bandas enfrentadas por el control de la mina Corre-Gente, municipio Sifontes en Tumeremo, donde estalló una bulla (manantial de oro).
En noviembre de 2015, tres mineros resultaron muertos como resultado de una incursión del Ejército en la mina El Miamo, cerca de la finca de San Francisco, en Guasipati. A las víctimas se les incautó una pistola Beretta y una escopeta de acción de bombeo, conocida pajiza, reportó el Correo del Caroní.
El recrudecimiento de la violencia en la región coincidió con la llegada de la Operación Liberación del Pueblo (OLP) a la región, con 4 operativos aplicados por el Ejército y la GNB. El 26 de agosto de 2015, el entonces presidente de la AN Diosdado Cabello anunció en su programa de televisión que el presidente Nicolás Maduro lo había instruído “para la liberación del estado Bolívar, de los garimperios, mafias que operan en las minas y esclavizan gente y que además se llevan el oro de Venezuela”.
Más detalles en ElPitazo
