Un nuevo capítulo en la resolución del caso, cuando ya transcurre más de un año desde que las autoridades andorranas intervinieran Banca Privada de andorra (BPA) tras un informe del Tesoro de Estados Unidos en el que se acusaba a la entidad, propiedad de la familia Cierco, de realizar operaciones de blanqueo de dinero con clientes como la mafia rusa, la mafia china o directivos de la petrolera estatal venezolana PDVSA.
Mientras se ultiman contactos para intentar resolver la situación de Vall Banc, el banco creado con los activos buenos de la antigua BPA, y su posible venta, se ha conocido que la BPA utilizó 40 millones de euros no declarados para pagar comisiones, retribuciones y prejubilaciones a sus empleados al margen de la seguridad social andorrana. Así, Joan Pau Miquel, antiguo primer ejecutivo, habría recibido un total de 15 millones, según informaciones publicadas por Radio i Televisió d’Andorra (RTVA) y Cadena Ser.
El entramado mediante el cual se daban los pagos en negro se articulaban mediante el ingreso por parte de BPA de sumas de dinero en la sociedad panameña Landstreet International a cambio de servicios de asesoramiento ficticios por dicha compañía. Los accionistas en Landstreet eran el propio Joan Pau Miquel y otros dos gestores de la BPA, que de esta forma obtenían retribuciones a parte de su trabajo, que consistía, precisamente, en el asesoramiento por el que se pagaba de forma ficticia a Landstreet.
La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) considera que los pagos se realizaron de esta forma para defraudar a la seguridad social. Este organismo ha presentado una querella criminal en la que acusa a Joan Pau Miquel, que actualmente está en prisión por la investigación de BPA, de presunto fraude. Exige su declaración ante la justicia, así como la declaración de exadministradores de la entidad y de los Cierco.
Además, según publica el Diari d’Andorra este martes, el exjefe de personal reclama a la BPA 270.000 euros por su despido tras la intervención del banco. Pero los administradores actuales afirman que esta persona recibió 100.000 euros en 2014 a través de Landstreet para cobrar una prejubilación de forma completa y no reducida, tal y como sería si se hubiera declarado al CASS, y que además su contrato -por el que reclama los 270.000 euros- era ficticio ya que consistía en un acuerdo de teletrabajo para el que no se encuentran justificaciones para los pagos que recibían. Vanguardia
