El lavado de dinero es una actividad delictiva que maneja montos difíciles de medir. A modo de ejemplo, el informe «Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2004-2013» de Global Financial Integrity, señala que durante los 10 años mencionados, el flujo de dinero ilícito desde Costa Rica superó los $11 mil millones, esto es unos $1.100 millones al año.
CentralAmericaData.com también menciona la cifra proporcionada ahora por la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), implica que ese delito está aumentando rápidamente, favorecido, como lo señalan desde el gobierno de EE.UU., por la ubicación geográfica del país, y «otros factores, que incluyen las limitaciones del gobierno para combatirlo».
Del comunicado del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América:
Cada vez más crece el número de organizaciones criminales transnacionales que utilizan a Costa Rica como una base de operaciones para cometer delitos financieros, incluido el blanqueo de dinero, como consecuencia de su ubicación geográfica y la poca capacidad de ejecución del país.
Esta tendencia plantea serias preocupaciones sobre la capacidad del gobierno de Costa Rica para evitar que estas organizaciones se infiltren aún más en su economía. El país ha pasado de ser un punto de tránsito a una base de operaciones para las organizaciones regionales de tráfico de narcóticos, y esto ha aumentado las actividades ilícitas como el blanqueo de capitales.
Ver: “Costa Rica: Señalan sectores más susceptibles al lavado de dinero”
Producto de ello, el tráfico internacional de narcóticos representa la mayor fuente de activos blanqueados en Costa Rica, a pesar de que la trata de personas, el fraude financiero, la corrupción y el contrabando también generan ingresos ilícitos. En 2015, el jefe de la agencia de inteligencia de Costa Rica, conocido como la DIS, dijo que en el país se blanquea aproximadamente $4.2 mil millones al año.
Gran parte del lavado de dinero en Costa Rica se canaliza a través de la naciente industria de la construcción. Otros sectores han sido identificados como vulnerables a la explotación por parte de las organizaciones criminales que tratan de blanquear el producto ilícito, tanto en el Estado como en las instituciones financieras privadas. Servicios de transferencia de dinero, la industria de los casinos, y el sector inmobiliario también son particularmente susceptibles.
Diversas operaciones de juegos en línea con sede en Costa Rica lavan millones de dólares anualmente a través de ganancias ilícitas en el país. Las autoridades también han detectado, con menos frecuencia, esquemas de lavado de dinero basado en el comercio. No ha habido procesamientos relacionados con la financiación del terrorismo, ni medidas para detectar, investigar y enjuiciar este tipo de financiación.
Por otra parte, también se ha detectado tráfico de narcóticos y de armas vinculado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), además de contrabando de dinero por parte de nacionales hacia países de alto riesgo en financiación del terrorismo.
Ver: “Sigue creciendo el flujo de dinero ilícito desde Centroamérica”
Costa Rica ha logrado avances en sus marcos legales y reglamentarios anti lavado de dinero y anti financiamiento del terrorismo. La Procuraduría General estableció una Oficina de Lavado de Dinero y Activos y colabora también con las autoridades policiales de Estados Unidos que investigan delitos financieros relacionados con narcóticos.
Sin embargo, Costa Rica sigue siendo deficiente en una serie de áreas, incluso con respecto a la financiación del terrorismo y la aplicación de políticas para mitigar los riesgos de lavado de activos.
La oficina del Procurador General aún no ha procesado con éxito los esquemas de lavado de dinero complejos, pese a que 21 personas fueron condenadas por cargos relacionados con lavado de dinero en 2014. Por otra parte, los reguladores sólo han sancionado unas pocas entidades en casos de incumplimiento de las obligaciones anti lavado de dinero.
La escasez de condenas y sanciones plantea preocupaciones con respecto a la capacidad de Costa Rica de detectar con eficacia, prevenir, investigar y enjuiciar los delitos de lavado de dinero; y combatir a las organizaciones criminales sofisticadas que operan en el país.
Costa Rica no tiene un marco legal adecuado para condenar el decomiso de activos. Propuestas legislativas recientes remediarían esta deficiencia y mejorarían la capacidad de Costa Rica de desmantelar las organizaciones criminales.
Ver: “Centroamérica en manos del narcotráfico”
En 2015, las autoridades de Costa Rica presentaron una estrategia nacional para combatir el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. La estrategia está diseñada para tratar las deficiencias y los problemas observados, incluyendo la falta de supervisión reguladora de las empresas y profesiones no financieras; la falta de transparencia sobre el beneficiario real de las personas jurídicas; un régimen de sanciones por incumplimiento inadecuado; y la insuficiencia de recursos, incluyendo personal, asignados a las partes interesadas para combatir el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.
El Gobierno de Costa Rica debe implementar la estrategia. Sin embargo, los obstáculos significativos, incluyendo una Asamblea Legislativa dividida y una crisis presupuestaria nacional, podrían impedir la destinación de los recursos necesarios para que el plan prospere.
Ver: Evaluación del Grupo de Acción Financiera de América Latina (GAFILAT) sobre Costa Rica (inglés)
