El Ejecutivo Nacional estableció una prórroga de sesenta (60) días para el Decreto de Emergencia Económica dictado el pasado 14 de enero de 2016. La extensión se establece en el Decreto 2.270 que fue publicado en la Gaceta Oficial N° 6.219Extraordinaria, de fecha viernes 11 de marzo de 2016.
En la Gaceta se indica que considerando que aún “persisten las circunstancias excepcionales, extraordinarias y coyunturales que motivaron la declaratoria de Emergencia Económica, lo cual ha sido reconocido por los diversos sectores que hacen vida en el Territorio Nacional, entre ellos la Asamblea Nacional, se requiere adoptar medidas que profundicen el impacto positivo en la economía nacional, reforzando los derechos a la vida digna, la salud, la alimentación, la educación, el trabajo y todas las reivindicaciones obtenidas por los venezolanos”.
En la publicación oficial se lee que el decreto busca que Maduro prosiga “brindando protección” a la población ante la “guerra económica” que, asegura, le ha declarado la oposición y que, unida a la caída de los precios del petróleo, mantiene al país en una severa crisis económica, expresada en desabastecimientos y alta inflación.
La renovación del decreto se produce un día después de que el Parlamento, bajo control de la oposición al Gobierno, se declaró en “sesión permanente” para conocer sobre la renovación, autorizarla o negarla según las explicaciones que espera ofrezca mañana a los diputados el vicepresidente del Ejecutivo, Aristóbulo Istúriz, citado para el afecto al hemiciclo de los diputados.
La declaración de la emergencia económica permite a Maduro, entre otras atribuciones, disponer de recursos sin control del Parlamento, así como de bienes y mercancías de empresas privadas para garantizar el abastecimiento, además de restringir el sistema monetario y el acceso a la moneda local y extranjera.
La mayoría opositora que controla la unicameral Asamblea Nacional (AN, Parlamento) rechazó el 22 de enero el decreto inicial, pero este se mantiene en vigor gracias a que el 11 de febrero el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) declaró su plena “validez” y “vigencia”.
El estado de emergencia económica “entró en vigencia” desde que fue dictado en enero y “su legitimidad, validez, vigencia y eficacia jurídica-constitucional se mantienen irrevocablemente incólume(s)”, dice el fallo de febrero de la Sala Constitucional del TSJ.
“El control político de la AN sobre los decretos que declaran estados de excepción no afecta (a) la legitimidad, validez, vigencia y eficacia jurídica de los mismos”, insiste el texto judicial.
El presidente de la AN, el líder opositor Henry Ramos Allup, dijo tras la sesión dominical del Legislativo, que solo sirvió para declarar a los diputados en “sesión permanente”, que la solicitud de Maduro para que el Parlamento autorizara la prórroga entrañaba “un contrasentido”.
Si el decreto presidencial sigue en vigor, pese a ser rechazado por los diputados, es porque así lo decidió “inconstitucionalmente” el TSJ y por ello, dijo Ramos Allup, “lo coherente” hubiera sido que Maduro le pidiera al mismo Supremo prorrogar su decreto.
Si optó por pedírselo a los diputados entonces será -evaluó Ramos Allup- que “ahora sí está dispuesto a informar” al respecto.
El Gobierno alegó en enero razones de “seguridad nacional” para requerir que los diputados recibieran las informaciones sin presencia de periodistas y, ante la negativa del Legislativo, Istúriz optó por citarlos a su despacho, lo que asimismo fue rechazado.
Si Istúriz mantiene su negativa a asistir a la AN, “¿entonces para qué enviaron el decreto aquí? ¿Por qué no lo enviaron al Tribunal Suprmo de Justicia?”, se preguntó ayer Ramos Allup.
“Lo que pasa -prosiguió- es que las cosas tienen su propia inercia y tuvieron que mandar el decreto aquí (a la AN pasando) por encima de la decisión absurda del TSJ (que lo validó) porque así está en la Constitución; es aquí donde se debe aprobar o negar tanto el decreto como la prórroga”, reseñó EFE
