La Fiscalía Anticorrupción española considera que existen indicios de responsabilidad criminal en la actuación de la exalcaldesa de Valencia y senadora, Rita Barberá, ya que las diligencias practicadas revelan «la existencia de una operativa de blanqueo de capitales orquestada desde el grupo municipal del PP» y destaca que el partido, de acuerdo con las cuentas, «tenía dinero suficiente» para la campaña a pesar de que los investigados alegaron que se les pidió donaciones para poder hacer frente al periodo electoral.
El fiscal cree que aunque durante las diligencias los investigados en la causa declararon que «era la primera vez que les solicitaban una aportación dineraria de semejantes características» y se excusaban en que «se necesitaba el dinero para financiar la campaña electoral, esta afirmación queda «desvirtuada» tras el examen de las cuentas del grupo popular municipal que muestra que «contaba con el dinero metálico suficiente para afrontar la campaña».
Asimismo, puntualiza que en la documentacion intervenida, está registrado el gasto de la campaña electoral de 2015 (116.900 euros), frente a la campaña de 2011 (421.698 euros), cuano «no se pidió ninguna aportación aunque el gasto fue superior».
Además, explica que de la información bancaria se desprende que varias de las personas que realizaron la aportación en fechas posteriores realizaron ingresos en efectivo en sus cuentas por importes que oscilan entre los 1.000 y los 500 euros.
En este sentido, el fiscal apunta en su informe que, de acuerdo con la investigación efectuada por la UCO, «efectivamente en poco más de diez días de finales del mes de marzo de 2015, concejales, asesores y afiliados del PP hicieron aportaciones de 1.000 euros, salvo dos de ellos que las hicieron de 999 euros» porque al no tener DNI el banco no podía recoger un importe superior.
‘Smurfing’ o pitufeo
El informe de la UCO señala que la operativa es tradicional en el blanqueo de capitales, denominada como smurfing o pitufeo, cuyo objetivo «no es otro que evitar que las autoridades monetarias sospechen de ingresos en efectivos en cantidades superiores, de tal forma que de distribuye la cantidad total a ingresar».
«Las diligencias revelan la existencia de una operativa de blanqueo de capitales orquestada desde el grupo municipal del PP» en la que aparece Barberá como una de las que efectúa la transferencia, añade.
La investigación deriva de una querella que se presentó por la Fiscalía Anticorrupción y que tiene su origen en la aportación y denuncia de unas grabaciones efectuadas por el exgerente de Imelsa Marcos Benavent en las que se puso de manifiesto las conversaciones que mantuvo, por una lado, con la exconcejal del PP María José Alcón, y por otro lado, con otros responsables políticos y cuyo eje son las presuntas irregularidades en la contratación pública a cambio de comisiones de empresas adjudicatarias.
«Práctica habitual» de adjudicación irregular
Con las grabaciones, ven «indicios» de «práctica habitual de adjudicación irregular» de contratos en el ámbito de la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Valencia dirigida por Alcón y «la existencia de una caja B dentro del PP, proveniente de las comisiones que se cobraban a los adjudicatarios en dichas contrataciones y que parte de dicho dinero fue a parar de forma opaca al PP».
El juzgado de Instrucción 18 acordó intervenir el teléfono de la investigada Alcón, lo que les desveló «las actuaciones de las aportaciones dinerarias y el origen de los fondos y afloramiento de dinero negro u opaco del grupo municipal del PP».
Además, explica que, en relación a estos hechos, la Fiscalía de Valencia recibió un escrito anónimo con matasellos de 20 de abril de 2015 en el que se informaba de «una supuesta financiación ilegal de la campaña del PP» y cuya mecánica consistía «en el ingreso, por medio de transferencia, en las cuentas bancarias del partido de cantidades de 1.000 euros, salvo dos de ellos que las hicieron de 999 euros porque la entidad bancaria no podía recoger un importe superior» al carecer de DNI.
Cuatro asesores se negaron
En este sentido, el fiscal apunta en su informe que, de acuerdo con la investigación efectuada por la UCO, «efectivamente en poco más de diez días de finales del mes de marzo de 2015, concejales, asesores y afiliados del PP hicieron aportaciones de 1.000 euros, salvo dos de ellos que las hicieron de 999 euros».
El fiscal también destaca que cuatro asesores entonces del grupo se negaron al ingreso de los 1.000 euros porque les obligaban a recibir ese importe en dos billetes de 500 euros, que no eran un «donativo» sino una aportación «voluntaria» por lo que les pedían «hacer algo ilegal».
