Como presuntos autores de los delitos de concusión y agavillamiento, fueron privados de libertad los siete funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y un civil, por presuntamente solicitar la cantidad de un millón 500 mil bolívares a un comerciante de Barcelona, cambio de no llevarlo detenido. El hecho ocurrió el pasado viernes 26 de febrero en el barrio El Espejo de la capital del estado Anzoátegui
En la audiencia de presentación, las fiscales 5ª y auxiliar de la referida jurisdicción, María del Valle Martínez y Milagros del Valle Coronado, respectivamente, imputaron a los funcionarios Luis Arcila (29), Luis Manuel Sifontes (30) y Anderson Antonio González (29) por ser presuntos autores del delito de concusión y agavillamiento.
Por su parte, los funcionarios Iginio Contreras (25), Yorman José Mendoza (23), David Antonio Ramírez (25), Pedro Luis Martínez (28) y el civil Roswil Ramón Rodríguez (23), fueron imputados por la supuesta comisión del delito de concusión, pero en grado de cooperadores inmediatos.
Tales tipos penales se encuentran previstos y sancionados en la Ley contra la Corrupción y el Código Penal.
Una vez evaluados los elementos de convicción expuestos por las fiscales, la instancia jurisdiccional dictó la medida privativa de libertad contra los ocho hombres, quienes permanecen recluidos en las sedes de la PNB de Barcelona y la policía regional de Puerto La Cruz.
En horas de la mañana de ese día, los funcionarios acudieron hasta un galpón ubicado en el sector El Espejo por una supuesta denuncia de acaparamiento de artículos de primera necesidad.
Una vez en el lugar, se percataron de la existencia de varios productos alimenticios, pero que pertenecían a dos restaurantes cercanos a la zona.
Ante esta situación, los efectivos policiales conversaron con el dueño del establecimiento, quien les enseñó la documentación necesaria que demostraba la legalidad de la mercancía.
Sin embargo, durante el procedimiento, le informaron al comerciante que ellos ejercían labores en la Operación Gorgojo, por lo que debía cancelar la alta suma antes indicada para no llevárselo detenido por el delito de acaparamiento.
Posteriormente, la víctima denunció lo sucedido ante el Departamento de Desviaciones Policiales de la PNB, dependencia con la que se acordó una entrega controlada de dinero.
Más tarde, el civil acudió en una moto compañía de unos de los policías involucrados con la extorsión para el cobro, pero fue detenido inmediatamente, mientras que un funcionario emprendió la huida.
Por su parte, los otros hoy imputados fueron reconocidos en un video y citados ante su comando, donde fueron aprehendidos inmediatamente y puestos a las órdenes del Ministerio Público.
