Madrid | Una plataforma que agrupa a 222 inversores de Banca Privada d’Andorra (BPA) ha presentado una demanda de responsabilidad administrativa contra el Gobierno del Principado para recuperar 366 millones de euros que permanecen bloqueados un año después de la intervención de la entidad.
La demanda incluye también al Instituto Nacional Andorrano de Finanzas (INAF), a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIFAND) y a la Agencia Estatal de Resolución de Entidades Bancarias (AREB), organismo equivalente al FROB español que aglutina los activos y pasivos ‘sanos’ de BPA.
Este grupo de afectados considera que no se ha protegido sus intereses ni el secreto bancario, y que no se ha garantizado su seguridad jurídica.
Hoy se cumple un año de la intervención de BPA, por parte del regulador financiero andorrano, después de que Estados Unidos anunciara que estaba investigando a la entidad por canalizar supuestamente fondos del crimen organizado.
La intervención se produjo después que el FinCEN, el organismo del Tesoro de Estados Unidos dedicado a la lucha contra el blanqueo de capitales, emitiera una comunicación calificando a la entidad como «una institución de primer orden» en materia de lavado de dinero.
Pero hace tres semanas, este organismo anunciaba que, una vez liquidada BPA, la retiraba de su lista negra, al considerar que «ya no opera de manera que suponga una amenaza al sistema financiero de Estados Unidos».
Por este motivo, un grupo de inversores y depositantes de la entidad han presentado una demanda para recuperar el control de sus depósitos y cuentas, que permanecen bloqueados desde hace un año.
Según Anna Sole, la abogada que ha presentado la demanda, la nota del FinCen de marzo de 2015 «nunca tenía que haber llegado y nunca se tenía que haber intervenido BPA», porque la presunta actividad irregular de algunos clientes de BPA no puede extender la sospecha a todos.
Un informe de la consultora PwC ha estimado BPA tenía 923 clientes presuntamente sospechosos de blanqueo de capitales, lo que supone el 3 % del total, y que representaban un volumen de negocio de unos 1.000 millones de euros, el 19 % de la entidad, unas conclusiones que han sido puestas en duda por los accionistas mayoritarios de BPA, los hermanos Ramón e Higini Cierco.
Actualmente, los clientes de BPA tienen bloqueados sus fondos y sólo pueden disponer de 2.500 euros semanales tanto en efectivo como a través de cajeros o por traspasos a otras cuentas, por lo que según Sole «no tienen acceso a su dinero ni saben exactamente por qué».
En opinión de Javier Cremades, del despacho Cremades & Calvo Sotelo, que colabora con la plataforma de afectados que ha presentado la demanda, se puede hablar de un mal funcionamiento de las administraciones públicas, en este caso de las de Andorra, que han dejado desprotegidos a los clientes de BPA.
Los Cierco presentaron el pasado mes de octubre una demanda contra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el FinCEN, alegando que la actuación de este organismo fue el resultado de la «frustración acumulada» que tenía este organismo con el Gobierno de Andorra «por su contumaz falta de respuesta respecto a los cambios sistemáticos a realizar en sus reglas antiblanqueo». EFECOM
