CCD | Muchos son los nombres y las investigaciones a realizar en materia del control cambiario, que desde 2003 ha dejado huellas de serias irregularidades, que han afectado el suministro de alimentos y medicinas. En la lista a investigar figuran generales de la Fuerza Armada Nacional, exfuncionarios y empresarios presuntamente vinculados con el Gobierno chavista y también el madurista. La propuesta del diputado Ismael García (,foto) aprobada por la Comisión Permanente de Contraloría seguramente generará muchos comentarios y posiciones en la opinión pública.
Este es la información de elestimulo sobre La investigación del “gran saqueo cambiario” que incluye a militares y al sobrino de Cilia Flores
Estableciendo una especie de paralelismo con el discurso oficial, el presidente de la Comisión de Contraloría, (VP-Miranda), declaró que así como el Gobierno lanza “misiones” y “grandes misiones”, la Asamblea Nacional desarrollará “investigaciones” y “grandes investigaciones”. Y la que este miércoles 24 de febrero aprobó la mayoría de esta instancia parlamentaria, se apunta en el segundo lote.
A solicitud de su vicepresidente, Ismael García (PJ-Aragua), la Comisión de Contraloría decidió abrir una averiguación sobre las irregularidades en la asignación de divisas en el marco del sistema de control de cambio. En particular, destacó García, pondrán la lupa sobre las supuestas desviaciones que afectaron las importaciones de alimentos y medicinas.
La denuncia presentada por la bancada de la Unidad Democrática tiene nombres propios. Una lista donde figuran generales de la Fuerza Armada Nacional, exfuncionarios y empresarios presuntamente vinculados con el Gobierno chavista. Allí destacan:
Alejandro Andrade, Claudia Díaz y Carlos Erick Malpica Flores, antiguos tesoreros de la Nación. Malpica Flores, además, es sobrino de la parlamentaria y primera dama de la República, Cilia Flores.
El superintendente nacional aduanero y tributario, José David Cabello, hermano del legislador y expresidente de la AN, Diosdado Cabello.
El mayor general Giuseppe Ángelo Yoffreda, presidente de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex).
El general Manuel Barroso, expresidente de la extinta Comisión de Administración de Divisas (Cadivi).
El general Rafael Oropeza y el coronel Félix Osorio, exministros de Alimentación.
El mayor general Carlos Osorio, quien pasó del Ministerio de Alimentación a la Comandancia de la Región de Defensa Integral (REDI) Central.
El mayor general Hebert García Plaza, exministro de Transporte Acuático y Aéreo y exdirector del Órgano Superior para la Defensa Popular de la Economía. Sobre García Plaza pesa una orden de captura emitida por el Ministerio Público y actualmente se encuentra fuera del país, según han informado distintos medios.
El general Jesús Mantilla y la coronela Eugenia Sader, exministros de Salud.
La fracción del Polo Patriótico no apoyó abrir esta investigación y prefirió salvar su voto en la discusión. El legislador Eustoquio Contreras (VBR-Guárico) justificó su posición “por una razón de procedimiento”. “Hay que analizar bien los casos. No existen elementos que arrojen indicios, se quiere ir con fines políticos y eso no lo vamos a acompañar”, agregó Contreras en representación del oficialismo.
Pruebas rojas
En su exposición inicial, García destacó que de los 230 mil millones de dólares asignados para traer bienes y servicios al país, 60% terminó en empresas de maletín, sobrefacturación e importaciones ficticias. “Se ha robado al pueblo el dinero que hoy se necesita para medicamentos y alimentos”, sentenció, tras calcular el “desfalco” en unos 138 mil millones de dólares en una década.
Para sustentar su acusación, el opositor recordó los testimonios públicos de distintos voceros del Gobierno, desde el presidente Nicolás Maduro, quien acuñó el término “cadivismo”, hasta los exministros Jorge Giordani y Edmée Betancourt, y el diputado Ricardo Sanguino (PSUV-Táchira), quien en la pasada legislatura encabezó la Comisión de Finanzas de la AN.
Las distintas fuerzas que componen la Comisión de Contraloría se mostraron dispuestas a convocar a Giordani para que ofrezca su versión de los hechos. “Nos interesa que traigan a Giordani para sincerar las cosas, para saber cuánto de verdad y cuánto de invento por resentimiento tiene su discurso”, manifestó Contreras.
“¿Quiénes son los responsables? ¿Cuáles son las empresas de maletín?”, cuestionó García, quien demandó escrutar a los organismos que forman parte de la Misión Alimentación, así como al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) al advertir que entre 2013 y 2014 la República gastó unos 400 millones de dólares en medicinas que se perdieron.
El diputado Pedro Carreño (PSUV-Delta Amacuro) aclaró que en la revolución chavista “no hay corruptos rojos, sino infiltrados”. Enfatizó que “no somos cómplices de ningún hecho de corrupción”, achacó a la Unidad Democrática la intención de confundir a la población al “nombrar casos y casos”, y afirmó que el proyecto de Ley de Amnistía pretende exculpar a personas que han atentado contra el erario público.
Guevara rechazó la exposición de Carreño y explicó que el proyecto de Ley de Amnistía solo beneficiará a quienes el Gobierno ha perseguido por motivos políticos. Volviendo sobre el tema original, subrayó que el sistema de control de cambio “ha sido una de las principales vías por las cuales saquearon a Venezuela”. Para llegar al fondo de este asunto, precisó que examinarán a fondo los manejos del sector financiero del Estado, Tesorería, Banco Central de Venezuela, y las divisas otorgadas para medicinas y alimentos. “Es la gran investigación sobre el saqueo cambiario”, espetó.
