Tras los hechos ocurridos el martes de la semana pasada en el municipio El Hatillo en el que un grupo de delincuentes accionó una granada contra funcionarios de Polihatillo, el diputado por el Circuito 2 de Miranda, Juan Andrés Mejía, junto al concejal de ese municipio, Reinaldo Díaz, solicitaron a la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional que se investigue a la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares para que rinda cuentas sobre el acceso de las bandas delictivas a este tipo de armamento.
Reseña El Nacional que antes de este hecho, el 14 de octubre de 2015, Mejía presentó una denuncia ante Cavim, basada en un informe del Comité de Desarme de la Organización de Naciones Unidas, en el que se expresaba que Venezuela es el país de Latinoamérica con más muertes por armamento explosivo. Hasta la fecha no ha recibido respuesta.
Entre 2015 y lo que va de 2016 se han llevado a cabo 66 ataques de civiles con armamento de guerra. De esos casos, 64 ocurrieron el año pasado y tuvieron como consecuencia 41 muertos y 65 heridos.
El artículo 324 de la Constitución establece que la Fuerza Armada es la única institución que importará, fabricará, almacenará, comercializará y controlará el armamento explosivo en el país; por eso, ante la falta de respuestas a la denuncia hecha en 2015, Mejía y Díaz acudieron a la Comisión de Política Interior para solicitar una investigación formal a Cavim y la interpelación de su presidente, el general de división Santiago León Sandoval Bastardo.
En la reciente sesión de la comisión permanente se introdujo como punto de agenda la solicitud de investigación y fue entregado un informe a su presidente, la diputada Delsa Solórzano, y el vicepresidente Juan Guaidó.
Durante el derecho de palabra el concejal Díaz expresó su preocupación ante este tipo de situaciones: “Nos tiene que llamar a la reflexión que un pequeña banda delictiva como la que accionó la granada en El Hatillo tenga acceso a este tipo de armamento”.
