El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Henry Ramos Allup (Unidad-Dtto. Capital), calificó como una “sentencia del miedo” el más reciente pronunciamiento de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia con la cual se pretende limitar las competencias del Parlamento establecidas en nuestra Carta Magna y agregó que lo que trata el documento es relevar de sus deberes a funcionarios que deben acudir a la AN porque temen que se les pregunte de materias que conocen y no quieren revelar.
En rueda de prensa ofrecida desde el Salón Francisco de Miranda del Palacio Federal Legislativo, el presidente del legislativo reiteró que este tipo de sentencias no resultan sorpresivas y que más bien se esperaba algo en este sentido para tratar de impedir los efectos de la actuación de la Comisión Especial que estudió la designación de magistrados en pasado 23 de diciembre, cuando la anterior legislatura sesionó de forma extraordinaria y en pleno conocimiento del resultado electoral que arrojó la voluntad del pueblo venezolano de revertir la mayoría parlamentaria a favor de la Mesa de Unidad Democrática.
Advirtió, en compañía de un nutrido grupo de diputados del Bloque de la Unidad Democrática, que el Parlamento no va a dejar de investigar ni de legislar, en definitiva aseguró que la sentencia no tiene un efecto inhibitorio sobre la Asamblea Nacional.
“Vamos a seguir investigando las denuncias que sobre narcotráfico existen y sus vinculaciones con la Fuerza Armada Nacional, la ruina en la agricultura y ganadería del país, los casos de corrupción en PDVSA, a espeluznante situación de la deuda externa que no quieren que se conozca en su amplitud, los contratos de interés nacional que tiene que pasar por la AN, el escándalo de los dólares de Cadivi donde están involucrados de venezolanos vinculados con el gobierno, Sudeban y todo lo que haya que investigar”, señaló no sin antes destacar que también se mantendrá la competencia en legislación, para atender los graves problemas del país.
Criticó que ni con estas sentencias, de las cuales hizo un breve inventario incluso previo a las elecciones parlamentarias, se ha logrado resolver el tema “de la enorme carestía de alimentos y medicinas, ni de la seguridad ciudadana”, agregando que en el país el gobierno no ofrece evidencias de querer solucionar lo que no duda en calificar de crisis humanitaria, y en consecuencia dijo que pareciera más bien tener la intención de arrastrar a todo el país en lo que llamó su fase terminal.
Henry Ramos Allup aseguró que la sentencia fue redactada por Francisco Carrasquero, magistrado jubilado, quien como se recordará era el presidente del Consejo Nacional Electoral para la fecha del referéndum revocatorio del año 2004. Explicó que lo que se evidencia en este tipo de acciones es que existe un gran temor a “ser descubiertos” en lo que representa la rendición de cuentas sobre las gestiones de los altos funcionarios públicos.
Advirtió que se seguirá llamando a comparecencias, “y si el funcionario decide no venir a la Asamblea, eso no significa que no se va a aprobar el informe que se esté preparando. Si un ministro no viene a responder sobre corrupción en su despacho, eso no nos va a frenar”, explicó agregando que resulta curioso que en el documento emanado del TSJ se pretende evitar las comparecencias y no se dijo nada de la atribución del legislativo de censurar a los ministros del gabinete ejecutivo.
Al ser consultado sobre el conflicto entre poderes que se registra en el país, el presidente de la AN dijo que no fue buscado desde el legislativo, desde donde se seguirá trabajando con la Constitución en la mano. También refirió el permanente acoso al cual es sometida “desde afuera y a veces desde adentro” la Asamblea Nacional, y dijo que la mayoría parlamentaria de la Unidad Democrática “nunca se ha preparado para la violencia física, ese no es nuestro fuerte”
Indicó que el destacamento de la Guardia Nacional que está encargado de la custodia del Palacio legislativo y el edificio administrativo de la AN no sólo debe responder por la integridad física de los diputados, sino además por el cuido de las instalaciones que son patrimonio histórico nacional.
Ramos Allup anunció que durante la sesión ordinaria de este jueves 3 de marzo se realizará un amplio debate “de esta ominosa sentencia que, en abuso de funciones que no tiene, en mala interpretación de cuáles son sus verdaderas funciones constitucionales, pretende frustrar o eliminar las facultades expresas que la Constitución le señala a la Asamblea Nacional, de citar, investigar a cualesquiera funcionarios civiles, o militares, incluso con facultades para enviarle cuestionario al Presidente de la República”.
Por último indicó que la Unidad Democrática, como bloque político, no se desviará de su interés en establecer una vía constitucional, pacífica y electoral para facilitar un cambio de gobierno.
