La “deuda privada” de Nicaragua con Venezuela, calculada en más de 3,000 millones de dólares, producto de los préstamos otorgados al país centroamericano, como parte del convenio de cooperación petrolera, pasó en cuestión de meses a un nuevo acreedor que tiene un mandato bien definido por la ley: el Banco Central de Venezuela.
De acuerdo a la información de Confidencial de Nicaragua, la deuda primero pasó de Caruna a Albanisa (Alba Petróleos de Nicaragua, S.A.) y después el socio mayoritario de Albanisa, la empresa venezolana PDVSA, administradora de los convenios petroleros, la vendió al Banco Central de su país a finales del año pasado. Todo ocurrió en sigilo, sin brindar información o explicaciones al público en Venezuela y Nicaragua, dejando planteadas más preguntas que respuestas.
En enero del 2008, los gobiernos de Venezuela y Nicaragua acordaron que la deuda sería asumida por la entidad privada nicaragüense Caruna (cooperativa de ahorro y crédito), hasta que a finales del año pasado, Venezuela cambió las reglas de cooperación. Una investigación periodística de Confidencial reveló que por decisión del gobierno de Venezuela –según informó el FMI– la deuda pasó de Caruna a la empresa binacional Albanisa, de la cual es propietaria en un 51% la empresa estatal venezolana PDVSA y el 49% está a cargo de la nicaragüense Petronic.
Pero en una operación financiera milimétricamente coordinada, de forma casi simultánea el Banco Central de Venezuela (BCV), compró la deuda de Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa) con Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), con lo que ahora, el acreedor de la empresa mixta que dirige el ingeniero Francisco López, ya no es su socia venezolana, sino el propio Banco Central de ese país.
“Las cuentas por cobrar no corrientes se disminuyeron en US$5,620 millones (67%), en comparación con el año 2014, alcanzando un total US$2,788 millones al 31 de diciembre de 2015, originado principalmente por la venta al Banco Central de Venezuela (BCV), de pagarés por Convenios de Cooperación Energética”, según se refleja en un documento de la Asamblea Nacional venezolana.
El citado documento es un informe del ‘Ministerio del Poder Popular’ de Petróleo y Minería, en el que detallan la cuenta de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), donde se muestra que el año pasado, esa empresa tuvo ingresos brutos por US$88,554 millones, y una “ganancia integral mundial consolidada” de US$8,453 millones.
Aunque es ‘normal’ que al final del periodo Pdvsa deba “vender al BCV las divisas remanentes después de cubrir sus gastos operativos, recibiendo a cambio el valor equivalente en bolívares”, esta vez la petrolera venezolana, cuyas finanzas están muy golpeadas por la caída de los precios de los hidrocarburos, también decidió pasar al Banco Central venezolano, los montos que le adeudan algunos de los países a los que entrega su petróleo en condiciones en extremo ventajosas. Entre ellos, el principal, Nicaragua.
Ninguna autoridad gubernamental en Venezuela o en Nicaragua, ha brindado una explicación sobre las implicaciones de esta operación, y si esto significa, como interpretan algunos economistas, que al pasar al BCV la deuda nicaragüense se convierte en una “deuda soberana”, y por lo tanto Nicaragua enfrentaría a un acreedor mucho menos flexible que PDVSA.
El Dr. Carlos Muñiz, Director Honorario de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), tiene una interpretación menos terminante para Nicaragua. Muñiz dijo que aunque “habría que ver los documentos, en principio significa que activos (inversiones) y pasivos (deuda) que antes eran privados, ahora son 49% de todos los nicaragüenses. Salimos ganando en la medida en que los activos tengan mayor valor que la deuda. De lo contrario salimos perdiendo”.
Su colega, el también economista Adolfo Acevedo explicó que “si Pdvsa vende la deuda a un tercero, en efecto éste deviene el acreedor, pero no está claro en todo caso quién sería el colector de los pagos. Puede ser que por conveniencia, se acuerde que Pdvsa continúe cobrando, y si no recibe los pagos asume el riesgo de crédito y deba responder por esta pérdida”.
“Es evidente que Pdvsa, y Venezuela, tienen demandas de liquidez enorme. Y estas demandas son existenciales. Tienen que ver con un asunto de sobrevivencia política. En este contexto, tiene sentido que recuperen control sobre la manera en que se usan los recursos y recuperar los activos en los que se ha invertido el crédito, lo cual abre la posibilidad de liquidarlos en caso de necesidad”, detalló.
“Otra opción sería que Albanisa repague la deuda con activos generadores de ingreso o que sean factibles de liquidación”, añadió.
Algunos de esos activos podrían ser el la plantas de energía térmica y eólica, la distribuidora de energía Disnorte y Dissur, el hotel Seminole, las emisoras de radio y canales de televisión que manejan los hijos de la pareja presidencial, así como el negocio de distribución de combustibles, que deja inmensas ganancias.
Lo que aún está por verse, es si esos activos están a nombre de Albanisa, de cualquiera de las empresas de la sociedad, o a de los allegados al clan Ortega – Murillo.
Cuando termine la fiesta, ¿quién pagará la cuenta?
Casi desde conocerse que el gobierno de Daniel Ortega había decidido privatizar la cooperación venezolana, economistas, políticos, ciudadanos y periodistas comenzaron a preguntarse quién pagará la deuda cuando lleguen a su fin la denominada ‘revolución bolivariana’ en Venezuela, y la supuesta ‘segunda etapa de la revolución sandinista’ en Nicaragua.
Y aunque desde el inicio los funcionarios del gobierno y del FSLN se han empeñado en prometer que nunca sería deuda pública, el Fondo Monetario Internacional la ha llamado ‘deuda contingente’ o ‘deuda cuasi fiscal’, términos que se utilizan para referirse a una deuda que no es del Estado, pero podría llegar a serlo.
“Sería un acto criminal poner esta deuda sobre las espaldas del pueblo nicaragüense. Ciertamente, esta gente no tiene escrúpulos, y estoy seguro que algunos miembros de esta camarilla gobernante están pensando cómo convertirla” en deuda pública, para que la pague el Estado nicaragüense, expresó el diputado (MRS) Enrique Sáenz.
“Para mí, el peligro, y es sobre lo que tenemos que alertar, y remachar y rechazar desde ahora, es sobre la más mínima posibilidad de que esto se transforme en lo que llaman ‘deuda cuasifiscal’, que es ya tener realmente el pie en la puerta para transformarlo en deuda pública, y descargarlo sobre las espaldas de los nicaragüenses. Eso sería condenar para siempre a este país”, sentenció.
Su colega de bancada, el liberal independiente Carlos Langrand, dice que “no nos asustaría que Ortega trate de hacer deuda pública esa deuda que él utilizó de manera privada para su clientelismo político, para demoler la institucionalidad del Estado, y para trastornar la vida del nicaragüense, que ya había llegado a acariciar lo que es el sistema democrático, y convertirlo en una dictadura autocrática”.
El político liberal no descarta la posibilidad de que el país termine pagando el dinero que disfrutó un pequeño grupo de afortunados, en especial porque “Ortega tiene la capacidad dentro de la Asamblea Nacional, con la mayoría asignada de diputados, de legalizarla para evadir su responsabilidad de pagarla”, pero en todo caso “Venezuela tiene la última palabra”, señaló.
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