Algunas de las mayores fortunas del mundo están en manos de chavistas, a juzgar por los montos involucrados. Cálculos de la oposición colocan en cerca de $300,000 millones de dólares los fondos venezolanos de extraña procedencia que se encuentran en el exterior, escondidos en laberintos de corporaciones ficticias y cuentas bancarias abiertas en paraísos fiscales.
Franklin Hoet Linares, entrevistado por El Nuevo Herald, es el presidente de la Asociación Mundial de Juristas y quien encabeza un grupo de abogados venezolanos que está trabajando con la Asamblea Nacional en un proyecto de ley que estimularía la búsqueda y confiscación de fondos amasados, a través de prácticas de corrupción y que actualmente están en posesión de algunos de los más connotados líderes de la Revolución Bolivariana.
“Lo que han cometido estos señores es un crimen de lesa humanidad”, señaló Hoet a el Nuevo Herald. “El funcionario que roba uno o dos millones de dólares es un ladrón, pero quien le quita $1,000 millones o $2,000 millones a un pueblo, lo está dejando sin alimentos, sin medicamentos y sin medios para crecer”.
Las dimensiones de la corrupción bajo el régimen chavista es una de las razones por las cuales los venezolanos están siendo condenados al empobrecimiento y a morir por mengua, insistió Hoet, quien se convirtió en una figura pública en Estados Unidos en la década pasada por representar a 79 venezolanos en una demanda contra Ford y el fabricante de llantas Bridgestone/Firestone por los frecuentes volcamientos de las camionetas Explorer.
El funcionario que roba uno o dos millones de dólares es un ladrón, pero quien le quita $1,000 millones o $2,000 millones a un pueblo, lo está dejando sin alimentos, sin medicamentos y sin medios para crecer
El proyecyo de Ley
El proyecto de ley, que podría llegar a ser un importante mecanismo de emprender el camino de la reconstrucción de Venezuela una vez que el chavismo salga del poder, está inspirado en leyes estadounidenses de larga data que estimulan la denuncia de actos de corrupción (como The False Claims Act y el Qui Tam Law).
Y al igual como sucede en Estados Unidos, las denuncias que conduzcan a confiscaciones de fondos robados serían recompensadas por un monto de hasta el 25 por ciento del total obtenido, bajo el proyecto de ley que está siendo preparado.
“Vamos a crear un sistema que premie la denuncia, como sucede en Estados Unidos con los Whistleblowers. De manera que si usted es una secretaria que veía pasar la cuenta, y a usted no le dieron nada. O usted lo utilizaron de testaferro y le dieron muy poco, bueno, ahora a usted la ley le da la oportunidad de denunciar y si la información que suministra permite que se recuperen los fondos, a usted le va a quedar al final hasta el 25 por ciento del total recuperado”, explicó Hoet.
Dada la proporción de las fortunas ocultas de Venezuela, país considerado por la ONG Transparencia Internacional como uno de los países más corruptos del mundo, el potencial de esas recompensas es gigantesco, dijo el abogado y analista político Orlando Viera Blanco, quien forma parte del equipo que está preparando el proyecto de ley.
“Venezuela tiene alrededor de 300,000 millones de dólares difusos. La mayor parte de los cuales se presume han sido obtenidos a través de prácticas de corrupción, incluyendo a través de la corrupción de Cadivi”, dijo Viera en referencia a la Comisión de Administración de Divisas, entidad que administró por años la ventas de dólares a tipos de cambios preferenciales.
La Ley de Confiscaciones podría llegar a ser un importante mecanismo de emprender el camino de la reconstrucción de Venezuela una vez que el chavismo salga del poder
Según declaraciones provenientes del propio chavismo, Venezuela ha perdido decena de miles de millones de dólares a través de la corrupción vinculada a ese organismo, que otorgaba dólares baratos que supuestamente serían destinados a la importación de productos de primera necesidad pero que en realidad eran vendidos en el mercado negro a precios que superaban en 10 o 20 veces los montos en bolívares pagados por ellos.
Otras de las actividades que pasarían a ser investigadas bajo la nueva ley sería los enormes contratos obtenidos a través del pago de sobornos de las grandes compañías estatales, incluyendo PDVSA, dijo Viera.
“Muchas de estas operaciones ya han sido denunciadas, incluyendo operaciones entre PDVSA y compañías de maletín, y contrataciones con sobreprecios”, manifestó.
Según Viera, la Asamblea Nacional examina actualmente cerca de 2,000 denuncias distintas involucrando la corrupción gubernamental.
Aun cuando el proyecto de ley emula a grandes rasgos la legislación existente en Estados Unidos, la iniciativa tiene una particularidad que la diferencia del proceso ordinario que acelerará la confiscación de los fondos mal habidos, explicó Hoet.
“En el procedimiento ordinario hay una presunción de buena fe, la presunción de la inocencia, que normalmente hace que estos procedimientos se vuelvan muy largos”, dijo el abogado.
En el proyecto de ley, la responsabilidad de las pruebas recae sobre el acusado.
“Con esta ley, si se le consigue a usted una fortuna, es usted el que tiene la responsabilidad de demostrar su procedencia”, señaló Hoet.
“Es decir, si usted tenía un sueldo de $4,000 mensuales y se le encuentran $400 millones en su cuenta bancaria, la presunción es a la inversa. A la justicia no le corresponde demostrar que usted se los robó, sino que usted tiene que demostrar cómo fue que llegó a acumular $400 millones”, dijo.
Aun cuando el proyecto de ley no ha sido aprobado, Hoet ya está investigando uno de los más sonados casos de corrupción que involucra a capitales venezolanos que fueron detectados en la Banca Privada de Andorra (BPA).
Más de $4,000 millones provenientes de la corrupción venezolana fueron detectados en el BPA y partes de esos fondos pertenecían a Diego Salazar, el presunto socio del ex presidente de PDVSA, Rafael Ramírez.
Semanas atrás, Hoet se presentó en Andorra para examinar los expedientes, pero al final recibió muy poca ayuda de las autoridades locales, quienes le dijeron que tendrá que esperar que el caso sea expuesto en Madrid, donde finalmente saldrá a relucir quiénes son los dueños de esa fortuna.
La experiencia en Andorra le dio a entender a Hoet que la búsqueda de las fortunas del chavismo podría en ocasiones ser una labor tortuosa. En sus diligencias, las autoridades no solo se resistían a prestar colaboración, sino que por lo general se mostraban extrañados.
“En una ocasión me fui a un tribunal y allí me veían muy sospechosamente. Luego se me acercaron y preguntaron por qué yo estaba haciendo esto. Y yo les digo, porque me da mucho dolor, me da una gran pena que la gente se esté muriendo de mengua en Venezuela”, relató.
