Las trabas que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia puso a la reforma de la Ley del Banco Central de Venezuela, que sancionó la Asamblea Nacional, profundizará la crisis económica en el país “porque el gobierno seguirá manejando al ente emisor a su antojo sin ningún tipo de racionalidad”.
Así lo opinó el economista y analista de riesgo bancario, Leonardo Buniak — en entrevista con El Pitazo, realizada por Elizabeth Ostos — quien consideró que el conflicto entre los poderes públicos se traduce en más hambre y más desempleo en el país, “ya que los asambleístas aprobaron una reforma que no permitía más la emisión de dinero inorgánico y el financiamiento al ejecutivo y sus empresas. Además, restituía los controles del parlamento; ningún inversionista extranjero va a venir a invertir y a generar empleos en Venezuela con este sistema de administración de justicia tan discrecional y en favor del gobierno de turno”.
El economista estimó que el BCV “es el departamento del gobierno de generación de déficit fiscal, con esa política de imprimir billetes y echarlos a la calle sin respaldo. Esta es una de las causas de la inflación tan alta ya estamos en una etapa previa a la hiperinflación. Si las políticas económicas del gobierno no cambian, la inflación podría estar sobre el 360% para fines de año. Esto sin tomar en cuenta el alza de los precios de los productos cuyos precios no están regulados éstos pueden escalar en un 760%. Estas son consecuencias prácticas de estas políticas fallidas, el salario del venezolano seguirá pulverizándose”.
Estimó que la poca credibilidad del programa económico del gobierno, “quedó sepultada con esta orden ejecutada por la Sala Constitucional del TSJ. Los Bancos Centrales deben ser autónomos y ser los garantes de las políticas monetarias y cambiarias de las naciones. En Venezuela, vamos a contracorriente del mundo, sin controles y auditorías no es posible que un organismo de tanta importancia funcione como la caja chica de un grupo político”.
Destrucción de la institucionalidad
Para el abogado especialista en derecho procesal, Álvaro Prada, la Asamblea Nacional está facultada por el artículo 187 de la Constitución para reformar leyes orgánicas como la del Banco Central de Venezuela, “la cual ha sido modificada varias veces por el actual gobierno en el marco de las leyes habilitantes y por la extinta Asamblea Nacional, dominada por el partido oficial. Ahora, como no conviene que se ponga orden en varios asuntos que involucran al BCV, se ordena el bloqueo por la Sala Constitucional del TSJ”.
Sostiene que varios Magistrados que invalidaron la reforma fueron electos de forma irregular por la Asamblea Nacional que culminaba su mandato el 31 de diciembre, “lo cual hace discutible la legalidad de esta acción”.
Dijo a El Pitazo que la esencia e la reforma aprobada por la Asamblea Nacional, hace tres semanas, “se basa la elección de la Junta Directiva del BCV que debe hacerse por procesos transparentes que pasen por la Asamblea y no estén sólo en manos del ejecutivo, la obligatoriedad del ente emisor suministrar las cifras macroeconómicas de la República y en rescatar su autonomía. Son puntos fundamentales en el proceso de reinstitucionalización democrática”.
El jurista está en desacuerdo con un segmento de la sentencia en donde se califica a la reforma de la Ley del BCV como “una desviación del poder ya que la finalidad de la reforma es la de asegurar el control del Banco Central de Venezuela por parte del grupo parlamentario de la Asamblea Nacional que actualmente ostenta la mayoría”.
Señaló que la AN siempre ha tenido la potestad de avalar la terma de candidatos a ser directores del BCV, “como en cualquier otra Democracia del mundo”.
Explicó que la Sala Constitucional “formuló una interpretación errónea de la ley y de la Constitución de Venezuela que en nada puede compararse a la de otros países en donde hay procesos diferentes que rigen a los bancos centrales. Esta sala es el brazo político del gobierno y está cometiendo un grave error desconociendo la reforma a la Ley del BCV de este año 2016 sino a anteriores cambios hechos en años anteriores. En 2014, vía habilitante, el presidente de la República, Nicolás Maduro hizo modificaciones que implicaban el poder de control de la Asamblea Nacional sobre el BCV además de que se estableció la prohibición al poder legislativo de conocer cuál es la masa monetaria circulante en el país y las cifras macroeconómicas de la República”.
Puntualizó que aparentemente no hay posibilidad de destrabar el juego que impone la Sala Constitucional del TSJ, “porque todas las leyes que pase la AN, que es la representación de los venezolanos, podrían desconocerse. Este rechazo a la reforma sienta un precedente muy grave que nos coloca como un estado primitivo en donde no se respetan las decisiones legalmente tomadas por los poderes electos por el pueblo”.
Cuestionó que una sala del TSJ pretenda convalidar los esfuerzos del gobierno de mantenerse en el poder, a costa de lo que sea. “es una conducta totalmente antidemocrática”, dijo Prada.
El abogado dijo a El Pitazo que es posible que se presente un nuevo conflicto entre la Asamblea Nacional y el TSJ pues se anunció el proceso de designación de nuevos Magistrados, precisamente para la Sala Constitucional, “no se trata de hacer un pulseo de fuerzas entre el gobierno y la Mesa de la Unidad, al llenar de nuevos Magistrados a la Constitucional para que estén en contra del gobierno, lo que debería imponerse es un acuerdo político que busque la estabilidad del país el cual está sumido en una gravísima crisis. Los Magistrados deben ser imparciales y responder a los intereses de la nación. Olvidemos nuevas inversiones extranjeras en el país con este marco legal y con este fuerte enfrentamiento”, sentenció Álvaro Prada.
