En China la pena de muerte será aplicable a aquellos líderes corruptos que malversen o reciban sobornos superiores a los tres millones de yuanes (410.000 euros o 463.000 dólares). Así lo han establecido este lunes el Tribunal Popular Supremo de China y la Fiscalía del Estado, máximas instancias judiciales del país.
En la foto, El exministro de Seguridad chino Zhou Yongkang, condenado por corrupción, en una imagen de archivo AFP
El baremo, que entra en vigor a partir de su publicación, pretende clarificar la última revisión del Código Penal, a finales de 2015, en la que no estaban estipuladas las cantidades exactas para aplicar o no la pena máxima, por lo que la decisión última quedaba sometida a la subjetividad de los jueces.
Tribunal y Fiscalía indican que en caso de que el acusado coopere en la investigación -en alusión a que confiese el delito o devuelva el dinero malversado- la pena capital podría suspenderse durante dos años, lo que a efectos prácticos significa su conmutación por cadena perpetua, la sentencia más habitual en casos de corrupción en China.
La complicidad por no denunciar, también punible
Las penas por corrupción fueron enmendadas a finales de 2015 por considerar que las cantidades de dinero malversadas punibles con castigos como la cadena perpetua o la pena de muerte eran demasiado bajas, ya que se habían establecido en 1997 y la inflación las había dejado obsoletas.
Esa revisión de 2015 eliminó además alusiones a cifras exactas y hablaba por ejemplo de pena de muerte para «cantidades de dinero extremadamente grandes», un criterio subjetivo que las instancias judiciales han decidido limitar hoy para evitar confusiones.
La norma emitida este lunes también advierte que los altos cargos pueden ser juzgados por complicidad si no denuncian la corrupción de colegas cercanos, incluso si forman parte de su familia.
Al mismo tiempo, subraya que la donación de dinero a la beneficencia u otras causas públicas no será considerada como un eximente en hipotéticos juicios por corrupción.
La campaña depuradora de Xi Jinping
El presidente chino, Xi Jinping, lanzó a su llegada al poder en 2013 una campaña contra la corrupción y la malversación en instituciones oficiales que se ha saldado con decenas de destituciones, expulsiones del Partido Comunista, investigaciones, juicios y condenas a líderes o exlíderes nacionales a todos niveles, incluido el Ejército.
Entre estas investigaciones, uno de los csos mása sonados fue la investigación y proceso Zhou Yongkang, de 72 años, ministro de Seguridad Pública entre 2002 y 2007 y miembro, entre 2007 y 2012, del Comité Permanente del PCCh, el reducido grupo que toma las decisiones más importantes en China.
China es, según Amnistía Internacional, el país que más ejecuciones lleva a cabo, con más de un millar anuales, aunque no hay cifras oficiales exactas ya que el régimen comunista las considera secreto de Estado.
El total de ejecuciones, en todo caso, ha bajado con respecto a la pasada década (cuando se hablaba de entre 3.000 y 10.000 anuales) a raíz de que el Tribunal Supremo redujera de 68 a 55 el número de delitos punibles con la pena de muerte y recuperara el poder para ratificar esas sentencias, del que no dispuso durante 20 años.
El escándalo mediático de Bo Xilai
Uno de los grandes casos de corrupción por su impacto mediático y político fue la destitución en 2012 de Bo Xilai, exministro de Comercio y jefe del Partido Comunista Chino en la ciudad de Chongqing.
Hijo de Bo Yibo, famoso represaliado durante la revolución cultural, el «príncipe rojo» Bo Xilai construyó un personaje carismático con tintes maoistas y un imperio en Chongqing, una de las ciudades más pobladas de China.
Un enfrentamiento con su jefe de seguridad, que concluyó con un incidente diplomático, destapó toda una maraña de corrupción, que incluía el asesinato de un presunto espía británico, un incidente por el que fue condenada la esposa de Bo, Gu Kailai.
En 2012, Bo Xilai fue destituido, perseguido y acusado. En 2013, el Tribunal Intermedio de Jinan impuso al exsecretario general del PCCH en Chongqing la cadena perpetua por el delito de aceptación de sobornos, una pena de quince años de prisión por el de malversación de fondos y siete años por abuso de poder.RTVE.es/EFE
