Rafael Ramírez, el que fuera presidente de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) en la época de Hugo Chávez y actual embajador de este país ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), está en el punto de mira. La Asamblea Nacional venezolana, a través de la Comisión Permanente de Contraloría -órgano que determina las responsabilidades administrativas y políticas en casos de corrupción-, está investigando al político venezolano por su vinculación con presuntas irregularidades detectadas en la administración de fondos públicos que se ingresaron en la Banca Privada de Andorra (BPA).
De acuerdo a la información de Marisa Recuero, publicada en El Mundo de España, asi consta en la carta que el presidente de esta comisión, Freddy Guevara, entregó en la oficina de Venezuela ante la ONU, en Nueva York. La misiva, a la que tuvo acceso EL MUNDO, revela que «durante el ejercicio de su cargo como presidente» se produjeron presuntas irregularidades en la empresa pública. Rafael Ramírez ocupó la presidencia de PDVSA entre los años 2004 y 2014. El citado documento advierte de que en ese periodo hubo ingresos de dinero público en cuentas abiertas en BPA, así como la compra de títulos y otros productos financieros con fondos de la petrolera en el Banco Espirito Santo de Portugal, situación que la comisión define como causante de «perjuicios pecuniarios» para la empresa estatal.
Fuentes cercanas a la investigación aseguraron a este diario que la comisión solicitó información sobre las cuentas bancarias a Suiza y a Andorra y que se encuentra a la espera del envío de la misma. «Los contactos iniciales mostraron intención de colaborar con el material solicitado», reconocieron estas fuentes. Es más, también se estableció comunicación con la Fiscalía de Houston, en Texas, por el conocido como `caso Rincón-Shiera` sobre supuestos sobornos en PDVSA. Entre la documentación que ya está revisando hay evidencias de sobreprecio en la compra de taladros chinos en el año 2005, datos que se encuentran en un expediente cerrado por el equipo gestor anterior de la empresa.
La comisión investiga también un presunto «uso indebido» del fondo de pensiones de los trabajadores de PDVSA en la época de Ramírez, así como «irregularidades en el manejo de los recursos destinados al mantenimiento de la refinería de Amuay, que ocasionó graves daños en la misma». Esa refinería es considerada uno de los complejos más grandes del mundo en su sector y es propiedad de la petrolera venezolana. Las irregularidades detectadas por esta comisión de control alcanzan también a los contratos firmados por PDVSA, según la investigación.
Guevara no sólo entregó esta carta a Ramírez, sino también una notificación informándole de la investigación iniciada sobre su gestión el pasado 17 de febrero. En ella, a la que también tuvo acceso este diario, la Asamblea Nacional pide al ex presidente de PDVSA «su colaboración» en el proceso, además de exigirle «esclarecer las irregularidades administrativas que se suscitaron en el transcurrir de su gestión como presidente» y aclarar el uso que se hizo durante esos 10 años del patrimonio de la empresa que recauda «cerca de la totalidad del ingreso de la nación».
La comisión recuerda a Ramírez que es el embajador de Venezuela ante la ONU y «como representante de la República a nivel internacional tiene una responsabilidad aún mayor» de aclarar «lo sucedido con el dinero de todos los venezolanos». Los cálculos realizados por la Comisión Permanente de Contraloría revelan una «suma de recursos presuntamente involucrados en casos de corrupción que ronda los 10.000 millones de dólares», en palabras de Freddy Guevara.
Rafael Ramírez, que también fue ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería durante el Gobierno de Chávez, compatibilizando este cargo con la presidencia en la petrolera, respondió este jueves a la carta y a la notificación de la Asamblea a través de su cuenta en Twitter. «Nuestra gestión al frente de la nueva PDVSA ha estado y estará siempre al lado del pueblo venezolano, como nos enseñó Chávez», apuntó Ramírez en un mensaje en esta red social.
Su respuesta a la investigación iniciada por la Asamblea Nacional continúa advirtiendo de que «siempre hemos rendido cuentas al pueblo, cada año presentamos informes de gestión, memoria y cuenta estados financieros auditados de PDVSA». Ramírez concluye diciendo a sus seguidores en Twitter que «siempre hemos sido serios y responsables ante el país. No me prestaré a ningún show mediático, ni afanes protagonistas».
EL MUNDO destapó el 16 de marzo de 2015 un presunto blanqueo de capitales a través de la Banca Privada de Andorra y Banco Madrid por parte de, al menos, seis personas vinculadas con el chavismo. BPA fue intervenida por una presunta cooperación con organizaciones criminales en lavado de dinero. Un informe del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales, conocido por sus siglas Sepblac, descubrió una operativa gestada en esta entidad que facilitaba captar fondos procedentes de actividades ilícitas. La intervención de BPA desencadenó de manera inmediata la de Banco Madrid, su filial en España.
Entre los seis venezolanos que aparecieron en el informe del Sepblac, cinco estuvieron relacionados de manera directa con el Gobierno de Venezuela. Se trata de Carlos Aguilera Borjas, ex jefe de Seguridad de Hugo Chávez; Nervis Gerardo Villalobos, ex viceministro de Energía; Javier Alvarado Ochoa, ex presidente de Electricidad de Caracas; Diego Salazar Carreño, familiar de Rafael Ramírez; y Francisco Rafael Jiménez Villarroel, ex dirigente de PDVSA. El otro venezolano que apareció en el informe del Sepblac fue el empresario de seguros Omar Farias Luces, al que este diario entrevistó en marzo de 201
