Hasta el 6 de abril de este año, 100 funcionarios policiales o militares, así como a escoltas, han sido muertos por los ataques de las megabandas. La situación ha causado descontento en los cuerpos de seguridad. A esto se unen las llamadas zonas de paz, donde no pueden entrar los funcionarios policiales y militares a menos que tengan una orden expresa. foto@danielgcolina
Estos datos corresponden al reportaje de Javier Ignacio Mayorca, publicado este domingo en El Nacional, que a continuación mostramos:
El miércoles en la madrugada ocurrió un hecho del que no se tenían antecedentes en lo que va de siglo: un grupo de detenidos sometió y mató a dos detectives y a un aprendiz del Cuerpo de Investigaciones Penales, Científicas y Criminalísticas, antes de fugarse de la subdelegación El Valle.
Al salir del sitio del suceso, el director de ese cuerpo, Douglas Rico, señaló como líder del complot a un hombre conocido como Cara de Pizza, supuesto integrante de lo que calificó de «megabanda dedicada al robo, al secuestro, al homicidio y a la extorsión».
El jefe policial se refería al grupo criminal que opera en el sector El 70 de El Valle. Era la primera vez que usaba públicamente el término «megabanda» para describir a tales organizaciones.
Entre los días miércoles y jueves el comisario ordenó que todos los despachos policiales de Caracas enviaran funcionarios al velatorio y al sepelio de las víctimas, los detectives Yesenia Dávila Villegas, de 22 años de edad, y Franklin Ramírez, de 25 años, así como el aspirante Jesús Sáenz Domínguez, de 26 años.
En el Cicpc, sin embargo, los agentes se preguntaban por qué el titular de Relaciones Interiores, mayor general Gustavo González, no se había pronunciado públicamente sobre lo ocurrido en la sede policial.
El ambiente en las filas del cuerpo de investigación fue descrito por el abogado y consultor Mario Mármol: «Hay un discurso para explicar acciones como las que tienen los colectivos, pero cuando matan a unos policías y a un aspirante nos preguntamos dónde está la declaración del MRI. El delincuente entiende estos lenguajes como un mensaje de apoyo».
Sangría policial
Las cifras de la Fundación para el Debido Proceso (Fundepro) indican que hasta el 6 de abril habían matado en el país a 100 funcionarios policiales o militares, así como a escoltas.
La frecuencia de muertes se ha incrementado levemente con respecto al primer trimestre de 2015. No obstante, ahora, indica Donagee Sandoval, integrante de la fundación, la violencia de los delincuentes ha rebasado el simple objetivo de apoderarse de las armas o los vehículos. Ahora tiene un contenido más simbólico que apunta a la reafirmación del control territorial. Esto explicaría el incidente en el que una banda rodeó la vivienda de un oficial de la Policía de Baruta en el kilómetro 3 de la Panamericana y lo tuvo como rehén durante horas, el 26 de marzo. También los homicidios de funcionarios en sus propias casas de los Valles del Tuy y Barlovento.
El incidente que colmó la paciencia de los policías fue el asesinato y posterior incineración del cadáver del supervisor jefe de la Policía de Caracas, Larry Morillo, a manos de la banda Los Sin Techo de El Cementerio el 23 de marzo. Los mismos delincuentes ultimaron posteriormente a su hijo en una vivienda del sector. Los restos de ambas víctimas permanecieron durante horas en el sitio, pues los policías no podían subir a levantarlos.
Desde entonces se han presentado episodios casi a diario en esa área de Caracas. El grupo que mató a Morillo se ha fortalecido durante los últimos meses, aunque sus principales miembros están plenamente identificados y grabados en videos. Los policías argumentan que ahí existe una «zona de paz» que se extiende hasta la Cota 905 y, por ende, no pueden entrar.
«Nunca se pensó que el gobierno iba a instaurar una zona de paz a 500 metros de una sede policial», afirmó el secretario general de la Federación Nacional de Policías Jubilados y Pensionado, subcomisario Omar Vásquez.
Las zonas de paz fueron instauradas a propósito de un programa iniciado en septiembre de 2013 por el MRI, a través del Viceministerio de Política Interior. A ellas no pueden entrar los funcionarios policiales y militares a menos que tengan una orden expresa.
Vásquez indicó que este programa del Ejecutivo ha fortalecido a los grupos criminales como los de El Cementerio, que ahora atacan a los agentes. En un incidente, señaló, los funcionarios de Policaracas se quedaron sin municiones. El apoyo no les llegó por orden de los directivos de su propio organismo, pero sí de una comisión enviada desde una policía municipal del este caraqueño.
Incidentes
*23 de febrero. 3 supuestos delincuentes murieron durante un enfrentamiento con una banda rival en el sector Primero de Mayo de El Cementerio.
*23 de marzo. Hombres armados con fusiles acribillaron y luego incineraron al supervisor jefe de Policaracas, Larry Morillo. Luego buscaron a su hijo en una vivienda y también lo mataron.
