CCD.- Panamá, Andorra, Madrid: el triángulo de oro. Así se titula el capítulo del libro El Gran Saqueo que explica cómo funcionaba la centrífuga que legitimaba los fondos ilícitos de funcionarios públicos, operadores financieros y empresarios venezolanos descubiertos con cuentas millonarias en Banca Privada de Andorra, escándalo que destapó la compleja trama de corrupción que existe en Pdvsa.
Panamá era el centro de operaciones de BPA en Latinoamérica. Al momento de la intervención por las autoridades panameñas, debido a la investigación de su matriz en Andorra iniciada por el Departamento del Tesoro de EEUU a través de FinCen en marzo de 2015, BPA Serveis Panamá contaba con nueve empleados y ninguna oficina a pie de calle. Disponía de unos recursos propios de 3,5 millones de euros.
FinCEN mantiene la tesis de que esta filial sirvió a los intereses de exfuncionarios corruptos y empresarios cercanos al gobierno de Venezuela, que habrían lavado cerca de dos mil millones de dólares provenientes de comisiones y sobornos a través de empresas de maletín regitradas en Panamá.
Investigaron el siguiente recorrido: el dinero negro entraba por Panamá, seguía hacia Andorra y, una vez centrifugado, saltaba a España para su reingreso a los propietarios a través de Banco Madrid.
BPA ofrecía a sus clientes empresas acordes a sus necesidades – pret a porte – para simular operaciones financieras y comerciales a fin de canalizar los fondos hacia Europa.
Las sospechas se refuerzan con las declaraciones de Joan Pau Miquel Prats, exconsejero delegado de Banca Privada de Andorra y de su filial Banco Madrid, detenido y acusado de lavado de dinero.
Según medios de comunicación españoles, el alto ejecutivo formaba parte en Panamá de un conglomerado que administra más de 20.000 empresas de maletín. Prats era el administrador de Silkinvest, sociedad propietaria a su vez de varias firmas inmobiliarias en España y cuyo accionista último es Feynman Investments Corp3.
Se trata de una sociedad con sede fiscal en Panamá, cuyo presidente es Eloy Díaz Edgardo, y como agente aparece el bufete de abogados Alemán, Cordero, Galindo & Lee. El despacho panameño estuvo involucrado en el proceso de legitimación de capitales y ocul- tamiento de dinero por parte del dictador chileno Augusto Pinochet. También se le relacionó con el caso Montesinos y Alberto Fujimori. Más recientemente, tuvo entre sus clientes a Jordi Pujol Ferrusola, hijo mayor del expresidente de la Generalitat de Catalunya Jordi Pujol, que se llevó a Panamá la fortuna que había acumulado en Banca Privada de Andorra (BPA), ahora bajo investigación.
La investigación en torno a BPA y Banco Madrid se centra, precisamente, en la utilización de un complejo entramado de empresas para lavar dinero proveniente de Venezuela, como subraya el informe de FinCEN. Dicho entramado habría obstaculizado a la Fiscalía andorrana probar el origen ilícito de los fondos de algunos de los clientes venezolanos. A través de una red laberíntica de empresas dentro de empresas y estas a su vez dentro de otras, se ocultó el origen del dinero. El rastro del papel se pierde entre varias jurisdicciones, en especial por la falta de colaboración de las mismas, como suele ser el caso de centros financieros como Panamá.
Esa fue una de las razones principales – junto con la inexistencia de una investigación abierta por la Fiscalía de Venezuela – por la que los abogados de Diego Salazar Carreño -primo hermano de Rafael Ramírez y operador de los seguros y reaseguros de Pdvsa así como del Fondo Chino – lograron liberar los 200 millones de dólares que la Fiscalía de Andorra habia congelado a Salazar en BPA.
Mossack Fonseca es sólo uno de los cientos de bufetes panameños que facilitan empresas de maletin y agentes residentes a clientes ávidos de esconder sus fortunas para evadir impuestos o directamente lavar dinero proveniente de diversos delitos como la corrupción y el tráfico de drogas, armas y seres humanos.
A raíz del escándalo, se ha iniciado una discusión pública entre el despacho panameño y los bancos utilizados por las empresas de maletín registradas por Mossack Fonseca. Unos y otros se lanzan acusaciones y ninguno reconoce ser responsable de la debida diligencia que debió efectuarse sobre las compañias y sus dueños. Conocer al cliente es una obigación para las entidades financieras en prevención de posibles operaciones de lavado de dinero. También lo es para los abogados y bufetes que registran, administran y/o representan a empresas.
El gobierno de Panamá se defiende diciendo que ninguno de los bancos involucrados en el caso Mossack Fonseca es panameño. Al parecer, el problema de Panamá, más allá de sus bancos que han debido ponerse al día con las politicas globales de prevencion de riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo – so pena de quedar aislados- son precisamente sus decenas de bufetes y agentes residentes que siguen facilitando secretas operaciones, tal vez legales, pero muchas de ellas inmorales, a miles de clientes de todo el mundo.
