CCD | La mayoría de las instituciones bancarias intervenidas entre finales de 2009 y principios de 2011 dentro de la mal denominada mini crisis financiera utilizaba casas de bolsa y sociedades de corretaje de títulos valores para las operaciones ilegales con las que se apoderaron de millones de dólares de las arcas públicas. Algunas fueron adquiridas por nuevos propietarios y otras se hicieron disponibles a través de alianzas, pero todas estaban dirigidas a ejecutar el suculento negocio del diferencial cambiario.
El sector asegurador tampoco se salvó de ser usado para estas multimillonarias operaciones financieras. Durante la intervención se detectaron varios fideicomisos de inversión que se crearon para ocultar las fuentes y el uso de los fondos del Estado, desviados posteriormente a paraísos fiscales a través de complejas y lóbregas operaciones financieras.
El principal fue el de Seguros BanValor de los hermanos Castillo Bozo.
Cuando estalla la crisis, con la intervención de los cuatro bancos de Ricardo Fernández Barrueco, queda al descubierto una enorme estructura corrupta, manejada con papeles emitidos por el Estado. La ausencia de transparencia en la colocación de notas estructuradas y bonos de la deuda, sin ningún tipo de supervisión oficial debido a la mancomunidad delincuencial entre pseudobanqueros y operadores financieros del Gobierno, fue el germen de esta macroestafa perpetrada contra el Estado venezolano.
A su sombra surge así la nueva burguesía financiera denominada bolivariana, integrada por pseudobanqueros (unos de viejo cuño y otros noveles) que realizan supuestas inversiones sin arriesgar ni un solo bolívar de su bolsillo.
Entre los miembros destacados de este grupo figuran Ricardo Fernández Barrueco, Pedro Torres Ciliberto, Arné Chacón, Gonzalo Tirado Yépez, José Zambrano, César Camejo, Julio Herrera Velutini y los hermanos Castillo Bozo.
Son incuantificables las pérdidas ocasionadas a la nación con los fideicomisos estructurados entre Seguros Banvalor y los bancos intervenidos en 2009, contando con la aprobación para dichas operaciones del tesorero nacional Alejandro Andrade.
Los Castillo Bozo proporcionaron, a través de Seguros Banvalor, una de las estructuras financieras fundamentales para el accionar de la delincuencia financiera boliburguesa, a través de un fideicomiso de inversión que fue colocado a disposición de Gonzalo Tirado (InverUnión), Julio Herrera Velutini (Helm Bank), Pedro Torres Ciliberto (BanInvest, Central Banco), Arné Chacón (Banco Real) y César Camejo (Casa Propia).
El 26 de febrero de 2009, el Ministerio Público citó a los hermanos Gabriel, Leopoldo y Juan Castillo Bozo, miembros de la junta directiva de Banvalor Banco Universal, para imputarlos por presuntas irregularidades en la adquisición, adjudicación y venta de bonos de la deuda pública, en las ediciones Bonos del Sur I y II y de Petróleos de Venezuela (Pdvsa). La investigación por este caso se inició en julio de 2008, cuando clientes de Banvalor denunciaron que sus datos personales fueron utilizados sin su autorización para la adquisición de los bonos en el lapso 2006-2007.
Seguros Banvalor creció durante el gobierno de Hugo Chávez hasta convertirse en una de las principales empresas del sector. Para 2009 ya se había conformado un holding con un banco de inversión, una casa de bolsa y hasta una agencia de viajes.
Siendo Aristóbulo Istúriz ministro de Educación, contrata a Seguros Banvalor y logra la póliza más grande de la administración pública; el aumento de solvencia en la aseguradora llega a 1.300% en dos años, al pasar de 694.435 bolívares a 10.100 millones, según cifras de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora (Sudeaseg). Al Ministerio de Educación se suma como cliente de Seguros Banvalor la Alcaldía de Caracas bajo la administración de Freddy Bernal.
El tiempo de negocios prósperos llega hasta 2007, cuando Aristóbulo Istúriz sale del Ministerio de Educación y a Seguros Banvalor le retiran la póliza. Comienzan así los problemas para la empresa, corren rumores sobre presuntas irregularidades porque no participan en ninguna licitación. Sin embargo, los negocios siguen prosperando.
El 23 de septiembre de 2010, la Superintendencia de la Actividad Aseguradora intervino Seguros Banvalor al detectar “insuficiencia en la representación de reservas técnicas por casi 90 millones de bolívares. Asimismo, se evidenció que la cantidad reflejada en valores públicos era de Bs. 180.858.000 depositados en custodia en el banco británico HSBC, no siendo esta institución financiera un depositario venezolano autorizado”. Por cierto, se trata del mismo banco donde en 2015 se descubrieron multimillonarios depósitos del Estado venezolano realizados por Alejandro Andrade y Rodolfo Marco Torres como tesorero nacional y ministro de Finanzas, respectivamente.
A pesar de las comunicaciones del organismo regulador, la irregular situación en Seguros Banvalor persistió por un tiempo más, el suficiente para que los hermanos Castillo Bozo terminaran de amarrar convenientemente sus negocios ilícitos y huir del país.
En el exterior realizaron múltiples inversiones, especialmente en República Dominicana, donde adquirieron una compañía de seguros, en Aruba el BBA Bank y otros negocios financieros en Puerto Rico y Panamá.
Los Castillo Bozo, quedaron debiendo al Fondo Especial de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos el pago de los depósitos a plazo fijo por una cantidad de Bs. 35,8 millones (a la tasa de 2009). Hoy en día los hermanos están enfrentados, y se han acusado gravemente entre ellos; estas acusaciones deben ser investigadas por el ministerio público venezolano. (Extractos del capítulo Codicia sin Fronteras de El Gran Saqueo)
Ahora, los denominados Papeles de Panamá aportan más luz sobre las turbias e ilegales operaciones de los hermanos Castillo Bozo.
Aquí la nota completa de Fabiola Zerpa dentro de la investigación de ICIJ denominada Papeles de Panamá:
Hermanos Castillo Bozo, la reconversión caribeña del Grupo BanValor
Luego de hacer migas con políticos chavistas y de oposición, los hermanos Leopoldo y Andrés Castillo Bozo fueron imputados en 2009 por la Fiscalía venezolana por el delito de usurpación de identidad para comprar bonos de la deuda pública. Los Panama Papers revelaron que para el momento, los dueños del Grupo Banvalor mantenían tres empresas en las Islas Vírgenes, a las que se sumaron 22 sociedades más distribuidas en Estados Unidos, Aruba, República Dominicana y Panamá. Nunca una huida había estado tan bien asegurada.
Un escueto comunicado fue enviado a los clientes del BBA Bank N.V. de Aruba, el pasado 4 de marzo. Los dueños informaban que habían tomado la decisión de liquidar la entidad para el próximo 15 de julio. “El banco se encontró con varios retos en el ambiente de la comunidad financiera internacional que bloquearon su crecimiento. Otros asuntos personales también jugaron un papel en la decisión voluntaria para suspender las operaciones del banco”. Prometieron devolver a los clientes, en su mayoría venezolanos, los dineros depositados antes del cierre.
El hecho conmovió a la isla porque, además, a uno de los dueños del banco el gobierno de Estados Unidos le negó una visa por supuestas actividades relacionadas con el terrorismo, según publicó el periodista venezolano radicado en Miami, Casto Ocando.
Por segunda vez, en menos de cinco años, los hermanos Leopoldo y Andrés Castillo Bozo, se enfrentaban a la clausura forzosa de un emprendimiento financiero.
Aruba fue el puerto de desembarco de los dueños del Grupo Banvalor –formado por la Corporación Castillo Beltrán C.A., Seguros Banvalor C.A., Banvalor Banco Comercial C.A, y Banvalor Casa de Bolsa C.A.- justo un mes después de haber de sido citados por el Ministerio Público venezolano, en febrero de 2009, para imputarles los delitos de simulación de operaciones bursátiles, obtención fraudulenta de divisas y agavillamiento.
El hecho ocurrió cuando, a raíz de la venta de bonos en dólares de Pdvsa y la República, los Castillo diseñaron entre 2006 y 2007 un esquema para obtener mayor cantidad de adjudicaciones de dólares: realizaron las solicitudes de compra a nombre de 1.000 empleados, sin que éstos supuestamente lo supiesen. Tras la denuncia de los afectados, las autoridades descubrieron irregularidades operativas tanto en el banco como en la aseguradora. Una de ellas: iliquidez inusual, inexplicable para un grupo que manejaba contratos de seguros tan codiciados y millonarios como los del Ministerio de Educación y varias gobernaciones.
La apertura del BBA Bank de Aruba fue publicitada como el estreno de las operaciones internacionales del grupo, y a la cual acudió el ex Primer Ministro de Aruba, Nelson Oduber, y el entonces diputado del partido Podemos, Juan José Molina. Sin embargo, los Panama Papers revelan que los hermanos Castillo Bozo, ya tenían una estructura empresarial secreta en las Islas Vírgenes, conformada por tres compañías. Y lo que se pensó que era el primer paso de una expansión hacia mercados del Caribe, no era sino la continuación de un emprendimiento offshore realizado en el pasado.
De ninguna de las empresas radicadas en las Islas Vírgenes se conoce actividad comercial ni administrativa alguna. Fueron registradas entre 2003 y 2005, hace ya más de 10 años, justo en la época en que los empresarios navegaban con destreza en las nuevas aguas de la política venezolana, de la mano de Alfredo Peña, Juan Barreto, Eduardo Manuitt y Aristóbulo Istúriz.
Para la creación del tinglado offshore (fuera de la jurisdicción venezolana), los Castillo utilizaron los servicios del bufete de abogados Mossack Fonseca, radicados en Panamá. Con ese apalancamiento y experticia, Solitaire Group Limited, Flamingo Group Holdings Corp., y Sandbox Invest se constituyeron en una base mercantil que los hermanos mantuvieron activa hasta al menos 2012, según los documentos del despacho. Siempre con la misma sede, en la calle Francis Drake de Road Town, la capital de Tortola, una de las Islas Vírgenes. Las dos últimas compañías tienen “espejos” (empresas de similar nombre y vinculadas) en Miami (Estados Unidos), con una misma sede y sin actividad comercial conocida hasta los momentos.
Haber armado un espacio afuera, posiblemente les permitió huir rápidamente del país y establecerse en el extranjero, cuando la Fiscalía venezolana tocó sus puertas.
Cayendo y corriendo
El parteaguas para los Castillo Bozo, comenzó en julio de 2007, cuando el Ministerio de Educación les retiró una de las pólizas más abultadas y codiciadas por los aseguradores venezolanos.
El ministerio se había convertido en la piedra angular del grupo financiero. “Tener ese seguro es uno de los más jugosos de América Latina, porque se reciben depósitos oficiales a tasa pasiva que los aseguradores colocan luego en plaza pública a tasa activa. El negocio es descomunal”, indicó el economista Francisco Faraco. Especialistas indican que el monto de la póliza rondaba los 100 millones de dólares. Los Castillo Bozo también sumaron las de la gobernación de Monagas, Miranda y Carabobo. En el mejor momento, Seguros Banvalor y el Banco Banvalor sumaron 4 millones de clientes.
Luego de ese masivo retiro, Seguros Banvalor no se recuperó. Vino la demanda de los empleados de la entidad contra su directiva, la misma del banco subsidiario, Banvalor. Poco después, en 2009 explotó la minicrisis financiera. “Esos bancos formaban con el Grupo Banvalor, el tinglado operativo de Alejadro Andrade, Tesorero de la Nación, en la compra de bonos de Pdvsa que luego se transaban en el mercado de divisas negro, dejando ganancias extremadamente altas”, agregó Faraco. El ex tesorero, hoy radicado en Estados Unidos, habría favorecido al grupo con adjudicaciones directas de bonos y notas estructuradas.
Mapa de las empresas de los hermanos Castillo registrados en paraísos fiscales
El retiro de la póliza del Ministerio de Educación y las posteriores denuncias por usurpación de identidad de los empleados parecieran haber sido el combustible necesario para que el grupo se mudara, rápidamente, del país. Una parte del nuevo emprendimiento se hizo con sigilo, otra con publicidad. Según el Registro de Público de Panamá, entre 2007 y 2010, fecha de intervención de Seguros Banvalor, los Castillo Bozo abrieron 13 empresas, de las cuales no se conoce actividad comercial alguna. Una de ellas tiene un nombre similar a otra en Delaware (Estados Unidos), un estado que percibe cuantiosos ingresos mediante el registro de empresas con facilidades impositivas, y reconocido mundialmente como un paraíso fiscal. Otras dos operaciones recibieron cuantiosa publicidad: la apertura de Seguros BBA Corp. en Panamá (2008) y la del BBA Bank de Aruba, inscrito en el Banco Central de la isla como offshore y dirigido exclusivamente a captar dólares de clientes venezolanos (2009).
Las 13 empresas son Joycespace, Maida Enterprises, Beauty Corporation Inc., Kairos Asesores de Inversiones, Daltrey Properties Inc., Bowman Investment S.A., KYC Ltd S.A., MBH Ltd S.A., Hiven Consultants Inc., Twin Shine Corp, Dream Rock Corp, Teller Enterprises y Mercury Star.
Cuando Seguros Banvalor fue intervenido por el gobierno venezolano en enero de 2010, ni Leopoldo ni Gabriel, los principales directivos, se encontraban en el país. Aún con una alerta de Interpol sobre sus espaldas, la red construida desde 2003 con la ayuda del bufete Mossack Fonseca les dio la seguridad necesaria para cerrar la página con el país y continuar con la faceta abierta de la expansión caribeña. Desde enero de 2010 hasta octubre de 2013, Leopoldo y Gabriel Castillo Bozo abrieron 6 empresas relacionadas con el sector de seguros, banca y finanzas en Panamá (Seguros BBA Corp. y Financiadora Inversolution), República Dominicana (Banco Atlántico y Atlántico CCA Valores) e incluso Estados Unidos (BBA Capital NYC).
Recien salido del país, Leopoldo Castillo defendió su trayectoria en una entrevista al diario El Mundo Economía y Negocios. “Lo primero que quiero aclarar es que la compañía de seguros de Panamá no tiene nada que ver con la compañía de seguros de Venezuela, y que el banco de Aruba, tampoco tiene que ver con el de Venezuela”, afirmó. Argumentó que era una retaliación política la intervención de sus entidades, insinuando que se debía a que proporcionaba el seguro colectivo a gobernaciones de la oposición, entonces Miranda y Carabobo.
Ante las críticas de asegurados que reclamaban más de un año por atraso de reembolsos, dijo: “Yo manejo un millón y medio de clientes, que cinco o diez se quejen para mí no es significativo. Deben ser casos específicos en los que faltan algunos documentos… Yo no soy el niño Jesús, ni pretendo serlo. Pero soy una persona correcta, no le robo nada a nadie”. Una solicitud de entrevista hecha vía correo electrónico a Leopoldo Castillo fue aceptada por un asistente en República Dominicana, pero no pudo ser realizada para el momento de la publicación. Queda abierta la posibilidad para sus declaraciones.
Más info en El lado más oscuro de la crisis bancaria 2009
