Ciudad de Panamá | El abogado Ramón Fonseca, socio fundador de la firma Mossack Fonseca que está en el centro del escándalo internacional por los «Papeles de Panamá», dijo que el caso se debió a un robo de documentos hecho por «hackers» externos y no a una filtración por parte de sus empleados. Foto Reuters/Carlos Jasso
El bufete ya presentó una denuncia ante la fiscalía local por el robo de los documentos, dijo el jurista panameño en una entrevista con Reuters.
«Tenemos una teoría (de lo que sucedió) y estamos siguiéndola», dijo el abogado en sus modernas oficinas del distrito financiero de Ciudad de Panamá. «Descartamos el trabajo interno, no es un ‘leak’ (filtración). Es un ataque», agregó.
Fonseca aseguró que su empresa no ha violado la ley ni destruido documentos y que tampoco ha ayudado a evadir impuestos o a lavar dinero.
Protestó también por que muchos de los documentos que se han hecho públicos datan de hace muchos años, antes de que el proceso de diligencia debida (due diligence) estuviese más establecido.
«En aquella época no teníamos la obligación de hacer lo que se hace hoy en día (…) nosotros tenemos 30 personas ahora mismo para investigar quién es nuestro cliente», comentó.
Correos electrónicos publicados por el grupo de periodistas ICIJ, algunos de los cuales sugieren que el bufete habría destruido o escondido evidencia, fueron tomados fuera de contexto, comentó quejándose de lo que llamó «activismo» periodístico.
«El único delito que se ha probado es el hackeo (…) un delito que se cometió contra la privacidad», añadió.
La publicación de más de 11.5 millones de documentos de Mossack Fonseca, un bufete dedicado a la creación de empresas en paraísos fiscales, ha causado ira por la capacidad que tienen los ricos y famosos del mundo para distribuir su dinero y evitar el pago de impuestos.
Los «Papeles de Panamá» detallan tramas que implican a muchas figuras mundiales, desde el presidente ruso, Vladimir Putin, a los mandatarios de Argentina y Ucrania y familiares de los primeros ministros de Reino Unido, Islandia y Pakistán, entre otros.
El caso cobró su primera baja en el primer ministro de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson, quien renunció el martes luego que los documentos mostraron que su esposa tiene una empresa «offshore» acreedora de bancos quebrados en su país.
También desató protestas del Gobierno de Panamá luego de que Francia anunció que volvería a colocar a la nación centroamericana en su lista de paraísos fiscales.
Fonseca insistió en que la creación de sociedades no es un negocio exclusivo de su bufete o de Panamá, y dijo temer que bufetes rivales podrían tomar ventaja de la situación para hacerse con parte del mercado.
En cuanto a la responsabilidad de su bufete, se mostró confiado del resultado de cualquier investigación: «le garantizo que no vamos a ser culpados de nada».
El caso «es una tormenta tropical, las que tenemos aquí en Panamá que una vez que pase va a salir el sol».
La creación de una sociedad como las que vende el despacho cuesta entre 700 y 1,000 dólares, «de los cuales una parte importante va para el Gobierno», comentó el abogado. Su bufete ha creado unas 250,000 empresas a lo largo de 40 años. (Reuters)
