Los trabajadores rechazan la presencia de miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la directiva de las empresas del Estado por su gestión ineficiente en la gerencia y administración de los recursos y las relaciones conflictivas con la masa laboral, manifestaron dirigentes sindicales.
La informaciòn de Ana Dìaz en El Nacional cita a Leonardo Azócar, secretario de Trabajo y Reclamos del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y Similares, quien manifestó que las empresas estatales como las de Guayana y otros sectores industriales y de servicios “tienen que estar dirigidas por civiles, pues la experiencia con los militares, como en el caso de Sidor, ha sido que las llevan a la ruina”.
El dirigente de Sutiss denunció ante la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo a la administración de la Siderúrgica del Orinoco, presidida por Tomás Schwab Rondón, por la venta a un tercero de tundi y escoria de acero a 130 y 55 dólares la tonelada, cuando ese material debió destinarse a las operaciones de Sidor, sobre todo, porque la acería está paralizada hace más de un mes.
Reveló que otro negocio poco transparente es la contratación de 50 microbuses para el traslado del personal a la planta, cuando con ese dinero debieron reparar la flota de Sidor de 75 unidades de transporte, de las cuales 50 están en mal estado por la falta de algún repuesto o de cauchos.
En la demanda, Azócar también incluye “la contratación del HCM con la aseguradora estatal Horizonte, manejada por militares, en lo que el precio de las primas supera al de la privada que venía prestando el servicio. Ahora las clínicas no atienden al trabajador y su familia, por falta de pago de la empresa”.
Aldo Torres, directivo de la Federación de Trabajadores Eléctricos, indicó que Fetraelec apoya la iniciativa de Sutiss y recordó que “el presidente Nicolás Maduro debe cumplir su palabra cuando dijo que devolvería a los cuarteles a los militares que trabajan en el sector público”.
Torres explicó que “con esos señores no se puede negociar” al abordar el contrato colectivo 2016-2017 con 5 años de vencido, cuya discusión ha sido muy difícil con las gestiones de Jesse Chacón y Luis Motta Domínguez. Responsabilizó a ambos militares de “la mala política en la Corporación Eléctrica Nacional, especialmente la falta de mantenimiento, traducido hoy en una crisis energética por la caída del embalse de Guri con la sequía.
Dicha crisis, destacó, se pudo evitar con la decisión gerencial correcta: tener en condiciones óptimas las plantas termoeléctricas para respaldar la energía faltante de Guri.
José Luis Villavicencio, del sindicato del Zulia, señaló “el trato arbitrario de los militares hacia los trabajadores a los que, sin investigación, acusa de saboteadores cada vez que ocurre una falla en alguna instalación o red del sistema eléctrico nacional”.
