La Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de Justicia, declaró con lugar un amparo de los trabajadores del Consejo Nacional Electoral y decidió prohibir marchas y protestas en los alrededores de las sedes a nivel nacional del organismo electoral.
Funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE) introdujeron ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un recurso de amparo y medida alegando que han “sido expuestos a situaciones de riesgo que amenazan, y en ocasiones llegan a violar nuestro derecho al libre tránsito, al trabajo y a la protección del Estado”, cada vez que la Mesa de la Unidad Democrática convoca concentraciones en las inmediaciones del CNE a nivel nacional.
La decisión de la Sala Contencioso en lo Administrativo del TSJ ordena al comandante de la Guardia Nacional Bolivariana y al director de la Policía Nacional Bolivariana, adoptar las medidas de seguridad necesarias para resguardar permanentemente las sedes del Consejo Nacional Electoral y sus alrededores, a nivel nacional, “a los fines de impedir los actos no autorizados, marchas, protestas, concentraciones no permisadas y manifestaciones violentas, convocadas por las organizaciones políticas y civiles”.
La decisión insta al Ejecutivo “evaluar conforme al artículo 47 y 48 de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, la declaratoria de zonas de seguridad de los espacios adyacentes a las sedes del Poder Electoral”.
Según la solicitud del grupo de trabajadores, su “preocupación surge debido a que, según declaraciones del Alcalde del Municipio Bolivariano Libertador, la concentración del pasado miércoles 18 de mayo no estaría autorizada por las autoridades competentes, tomando en cuenta que los puntos de las mismas constituyen, en muchos casos, zonas de seguridad sometidas a un régimen especial”.
Los trabajadores del ente comicial aseguran en el texto que “existe una clara amenaza al derecho al libre tránsito (…), visto que la presencia de grupos violentos –so pretexto del ejercicio de un derecho a manifestar– en las inmediaciones o cercanías del CNE dificulta y en ocasiones imposibilita nuestro arribo a los puestos de trabajo, así como la salida a nuestros hogares”.
Aseguran que “realmente, en estos tiempos se ha convertido en toda una odisea el intento y esfuerzo que debemos hacer para poder llegar, con la seguridad del caso, a nuestros espacios laborales”. Agregan que “el llamado a concentraciones no autorizadas por las autoridades competentes demuestra una clara conducta dirigida a entorpecer la llegada de los empleados al CNE”.
Destacan como “hecho notorio comunicacional” que la MUD haya convocado a concentraciones en las inmediaciones del CNE para exigirle al ente comicial el cumplimiento con los lapsos para la realización del referendo revocatorio.
Además, exigen que la Comandancia General de la Guardia Nacional (GN) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) “generen las acciones conducentes para garantizar los derechos constitucionales vulnerados”. La Patilla
