El asesor económico del presidente venezolano Nicolás Maduro, el español Alfredo Serrano Mancilla, también miembro del partido español Podemos estaría dispuesto a proponer al gabinete económico un canje “hostil” de bonos de Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Expone Diario Financiero de Chile que laa idea sería ofrecer nuevos plazos de pago o, de lo contrario, no habría cancelación de la deuda, lo que significaría una declaratoria de default de los títulos de la estatal.
Ante lo drástico de la medida –y por ser totalmente opuesta a recomendaciones de miembros del Ejecutivo y a los planes del titular de PDVSA Eulogio del Pino, de llevar a cabo un nuevo perfilamiento de bonos–, el también miembro del partido español Podemos habría invitado a Alejandro Vanoli (ex presidente del banco central de Argentina durante la gestión de Cristina Fernández), a viajar al país para convencer a Maduro de la idea.
El objetivo de esta decisión sería crear una situación de emergencia tal que distraiga la atención sobre el referendo revocatorio que pide la oposición para 2016 y que el discurso se enfoque en la llamada guerra económica.
Sin embargo, el economista venezolano y especialista en temas petroleros, José Toro Hardy, aseguró en entrevista a DF que la declaración de default “sólo alimentaría las razones para pedir la consulta. Las consecuencias serían sumamente graves y sólo las pagarán los ciudadanos”.
El reperfilamiento que propone Del Pino permitiría un canje de bonos voluntario lo que restaría peso al pago de obligaciones de la petrolera, en momentos en que su balance financiero ha sido afectado por la caída de precios del crudo y de la producción. “PDVSA tiene una deuda financiera de US$ 65 mil millones, una deuda comercial de US$ 35 mil millones y una deuda de US$ 30 mil millones en concepto de nacionalizaciones. Pareciera que el total de sus pasivos asciende a US$ 130 mil millones mientras que el total de activos es de US$ 89 mil millones”, detalló Toro.
Crisis a la argentina
En tanto, si la compañía declara default, se produciría una situación similar a la de Argentina con los llamados fondos buitre. La empresa enfrentaría litigios que ponen en riesgo las propiedades en el exterior que no cuentan con protección soberana: “las actividades de importación y exportación se dificultarían, y veríamos acciones legales con la posibilidad de embargos”, aseguró el economista.
De igual manera, afectaría las líneas de crédito ante la caída de la credibilidad financiera tanto de Venezuela como de la compañía que, según Toro Hardy, en otrora “fue la causa fundamental del éxito económico y hoy es causante de la inflación más alta del mundo”. “Para poder salir de esta crisis, Venezuela necesita acceso a financiamiento internacional que ahora está casi bloqueado. No ha habido crisis más severa que ésta con un aparato productivo prácticamente en colapso, escasez de alimentos, medicinas y los precios disparados”, dijo.
Para Toro, lo más grave es que la nación va rumbo a una estanflación –estancamiento más inflación–, con un PIB que caerá entre el 8% y 9% y una inflación que puede alcanzar hasta cuatro dígitos. Por ello, estimó necesario un cambio de modelo que atraiga inversiones y, por ende, empleo, producción y desarrollo. “Venezuela llegó al punto de decidir: o se cambia el modelo para empezar a mejorar, o nos hundimos en una situación de extrema gravedad”, planteó.
Doble nacionalidad
En tanto, ayer el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) publicó una sentencia en la que se permite a venezolanos con doble nacionalidad ostentar cargos públicos. La decisión invalidaría el artículo 41 de la Constitución, que establece que solo los nacidos en el país y sin otra nacionalidad pueden ejercer funciones. La publicación surge en medio de la polémica de los últimos dos años sobre el posible origen colombiano de Maduro quien, con esto, podría continuar sin problemas en el cargo.
Ofensiva internacional
Ayer Paraguay pidió una reunión urgente de cancilleres del Mercosur con el objetivo de evaluar la situación venezolana, mientras que el presidente en funciones del gobierno español, Mariano Rajoy, convocó al Consejo de Seguridad Nacional para abordar la crisis y evaluar cómo puede afectar a los intereses de los españoles que viven en el país suramericano.
