El diputado a la Asamblea Nacional y presidente de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico, Alfonso Marquina, expresó que esta instancia del Parlamento está de acuerdo con el financiamiento de la deuda pública, sin embargo, rechazó las operaciones privadas de la estatal Petróleos de Venezuela y destacó la necesidad investigar dichas negociaciones.
“Es necesario que se financie esta deuda para mantener los niveles de operatividad de PDVSA; sin embargo, hoy cuando vemos que PDVSA habla de la conversión o del intercambio de la deuda comercial en deuda financiera, le estamos dando apoyo pero un apoyo condicionado”, enfatizó el diputado.
Marquina acotó que resulta inexplicable que en el momento de la bonanza petrolera más larga, con los precios del petróleo más altos de toda la historia republicana de Venezuela, esta empresa no pagó sus compromisos comerciales tanto con contratistas como con proveedores. Eso habrá que investigarlo y determinar las responsabilidades.
“No podemos nosotros aceptar que PDVSA en los momentos de crisis se siga manejando con absoluta opacidad”, subrayó.
El presidente de la Comisión de Finanzas resaltó que, actualmente, no se sabe cuánto es exactamente la deuda comercial. En el documento o carta de intención de PDVSA, se habla de un endeudamiento hasta de 2500 millones de dólares, es decir, no hay una cifra cierta, no hay una cifra clara, pero además, se pretende convertir esa deuda comercial en deuda financiera a través de una operación privada, dijo el parlamentario.
“La pregunta es por qué no se hace una operación pública, por qué PDVSA no presenta unos papeles o bonos ante el mercado, para que el país sepa cuáles son las condiciones de ese financiamiento, para que se sepa también cuál es el destino cierto de ese financiamiento y para acabar con esa falta de transparencia, esa opacidad que en tantas oportunidades hemos visto en las actuaciones de este gobierno y que tanto daño le han hecho a la República”, afirmó Alfonso Marquina.
Piden investigar a CP Capital en Miami
Por otra parte, Marquina manifestó su preocupación por la opacidad de la negociación que pretende hacer PDVSA con la empresa CP Capital Securities, según el documento presentado por la estatal petrolera.
CP Capital es una empresa registrada en la ciudad de Washington y que tiene la dirección 1428 Brickell Avenue, Miami FL, cuyo presidente es el señor Harold Connell. “Esta es una empresa que había venido dando pérdidas en los últimos años y que a finales del año pasado se recapitalizó, se le inyectó recursos para poder poner en saldo positivo los balances de esta banca de inversión”, señaló Marquina.
El diputado detalló que Conell tiene seis procesos abiertos en Estado Unidos por violación a la Ley de Mercado de Capitales. “Este señor Harold Connell también fungió como presidente de Security Bank, el banco que quebró; mientras este banco que quebró, el presidente era precisamente el Sr Harold Connell (…) También tiene abierto un procedimiento judicial, donde ya se impuso una multa de 20mil dólares por contratar a una persona con antecedentes penales en la administración del banco Security Bank, el mismo que él quebró bajo su presidencia”.
Añadió que entre los funcionarios de CP Capital aparece el señor Jorge Reyes, quien también, supuestamente, tendría prontuario, precisamente por violación a las regulaciones de capital; además, actualmente está siendo demandado en el estado de la Florida por conspiración para cometer fraude y por apropiación indebida de dinero.
“Reyes, en el año 2006-2007, trabajaba en la empresa Carlin Equities, empresa que apareció involucrada en el desfalco a BANDES, cuyo presidente era el señor Ernesto Alejandro Luján, quien fungía como socio del señor Jorge Reyes en aquel entonces”, dijo Marquina.
El señor Luján, actualmente, está cumpliendo condena en el estado de la Florida por conspiración para delinquir, fraude, apropiación de dinero, en el caso del estatal Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) .
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