A 94 mil millones de dólares asciende el dinero público, destinado al sector eléctrico entre 1999 y 2013. Asimismo, en infraestructura se desembolsaron más de 27 mil millones de dólares desde el 2010. Ninguno de estos montos explican la actual crisis del servicio que sufren los venezolanos, justificada por el gobierno de Venezuela por el fenómeno de “El Niño”. La investigación de Transparencia Venezuela y Provea concluye que la causa es la corrupción y la impunidad.
A continuación la información
Solo en proyectos destinados para infraestructura para el sistema eléctrico, Venezuela desembolsó más de 27 mil millones de dólares desde el 2010, a pesar de ello el país experimenta por segunda vez un marcado déficit de generación de energía eléctrica que obligó la implementación de un programa de racionamiento eléctrico inconsulto y no informado, que afecta el desarrollo empresarial, comercial y el disfrute de un nivel de vida adecuado para los venezolanos.
La causa inmediata de la crisis argumentada desde el alto Gobierno es una prolongada sequía que ocasionó que el agua en el embalse de la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar alcanzara niveles muy bajos durante una nueva ocurrencia del fenómeno climático de El Niño, pero el manejo de la crisis tiene al menos dos antecedentes que cuestionan el uso eficiente, responsable y transparente de los recursos destinados para paliar la “emergencia eléctrica” decretada por el gobierno el 21 de diciembre de 2009, en el marco de la cual se creó un ministerio y se asignó millones de recursos económicos.
De acuerdo a la investigación realizada por el Ing. José Aguilar, desde 1999 al 2013, los dineros públicos destinados al sector eléctrico nacional alcanzan un monto acumulado, indexado a 1998, que supera los US$ 94.000 millones, suficientes para haber construido dos sistemas eléctricos de dimensiones similares al que existía para 1998.
Cabe destacar que el acumulado en “dólares corrientes”, desde 1999 a 2013, es de unos US$ 120.000 millones y dentro de dicho monto, bajo decretos de “Emergencia Eléctrica”, las asignaciones, solamente desde el 2010 al 2013, suman unos US$ 74.000 millones (dólares corrientes).
A pesar de ello, proyectos como la Central Hidroeléctrica Tocoma, prometida para 2012-2014 (10 turbinas entrando 3 por año) está diferida la entrada de la primera turbina para el segundo semestre de 2016, ya serían 5 años de retraso. Tocoma, muy similar en ingeniería a Caruachi (2005), cuesta a la fecha $12 mil millones vs. su costo original de $2.7 mil millones (ídem Caruachi), debido a la inflación, las sucesivas devaluaciones, imprevistos y retrasos de los contratistas.
Impunidad y corrupción
Un caso emblemático y ampliamente conocido por la opinión pública venezolana que evidencia el manejo opaco y ventajoso en la asignación de contrataciones destinadas a atender el sistema eléctrico lo representa la empresa Derwick Associates, de acuerdo a la investigación realizada por el periodista César Batiz, en octubre de 2009 la empresa suscribió con la Electricidad de Caracas el contrato por 198 millones de dólares por el equipamiento y construcción de la planta de Picure, sin tener experiencia en el sector ni el requerido registro de empresa en Venezuela, ni siquiera estaba inscrita en el Registro Nacional de Contratistas (RNC).
Derwick a su vez subcontrató a ProEnergy, que ya había ejecutado obras y vendidos equipos en Venezuela desde el año 2005, entonces asociada con Pacific Rim Energy, cuyos propietarios son los empresarios del atún y la tecnología, los hermanos Majed y Khaled Kalil.
Así, con ProEnergy como ejecutante en el campo y Derwick al frente de las negociaciones con las instituciones venezolanas, la mancuerna logró la asignación para construir 12 plantas, adecuar equipos en Nueva Esparta, y para la venta de 42 turbinas, 81% de segunda y tercera mano traídas de lugares tan disímiles como California, Misisipi, China, Qatar y Tanzania. De esta última se adquirieron cinco de una compañía en quiebra. La investigación de l periodista César Batiz logrò demostrar que todas eran reparadas para cobrar como nuevas, con el conocimiento de funcionarios de las instituciones venezolanas según demuestran papeles oficiales. Por las turbinas de Tanzania ProEnergy ofreció $34 millones, mientras que desde la oficina de compra de Bariven –filial de Pdvsa– en Holanda salió una orden de compra por cuatro máquinas por $76 millones, mucho más de 100% de ganancia.
De acuerdo con el último reporte operativo oficial del Sistema Eléctrico Nacional, al que se tuvo acceso el 2 de marzo de este año (2015), solo tres de cada diez turbinas vendidas e instaladas por Derwick, están disponibles. Las demás se encuentran paradas por mantenimiento o desperfecto, o nunca entraron en operación, como es el caso de la planta A de Sidor, con turbinas General Electric usadas y traídas de Estados Unidos.
Desde 2011 se ha señalado que el negocio de Derwick estuvo en la venta de turbinas y equipos, pero los papeles revisados demuestran que la gran ganancia la lograron en la Ingeniería, Procura y Construcción (EPC en inglés) de las plantas, al separar hasta en tres partes los presupuestos, renglón en el cual la empresa venezolana cobró casi el doble de lo subcontratado con ProEnergy: 564 millones de dólares la estadounidense, versus1,1 millardos de dólares de la nativa
Cuando llegó la emergencia eléctrica, decretada el 8 de febrero de 2010 en medio de una gran sequía, surgió la propuesta de construir dos plantas en esa zona del país donde se encuentra la principal central hidroeléctrica de Venezuela, la de Guri. Sin embargo, los equipos destinados para ese proyecto estaban comprados desde el 29 de diciembre de 2009. Ese día, Energy Parts, una filial de ProEnergy, vendió a Derwick cinco turbinas, todas usadas, por 138 millones de dólares. Como un acto reflejo, la empresa venezolana facturó a la CVG 165,5 millones, un margen de 27,5 millones de dólares en una sola movida.
Aunado a todo ello el Gobierno dejó de publicar la información periódica del sector eléctrico, relativa a sus indicadores de gestión, desde noviembre de 2010. La opacidad y ausencia de rendición de cuenta sobre los recursos manejados para contener la emergencia eléctrica ponen en entredicho los argumentos gubernamentales que recaen sobre del fenómeno El Niño y solo refuerza la tesis de que el origen del colapso eléctrico que enfrenta hoy Venezuela es la profunda y sistemática corrupción que desvío recurso, propiciando el desmantelamiento de la industria y una mala gestión, en palabras del ingeniero electricista Miguel Lara, ex gerente de Ingresó a la Oficina de Planificación del Sistema Interconectado (Opsi), “ese parque que se compró no sirve, todo lo que se instaló no sirve y lo que servía lo dejaron echar a perder por falta de mantenimiento. Esa es la razón por la cual no pueden dar el servicio”.
Estos hechos de corrupción han impactado negativamente en la realización y garantía de los derechos económicos, sociales y culturales, precarizando de forma desproporcionada la calidad de vida de las personas pertenecientes a los grupos más vulnerables de la sociedad, en su mayoría, habitantes de las comunidades más pobres del país. Los más pobres tienen menos capacidad para defenderse frente a actos de corrupción, por lo tanto, cuando el disfrute pleno de sus derechos se ve afectado por hechos de corrupción, se refuerza la exclusión social a la que están expuestos. Al igual que ha ocurrido en hechos de corrupción registrados en el sector alimentación y salud, el desvío y malversación de recursos destinados al sector eléctrico, profundiza la violación de derechos humanos y los problemas que ya existían para los sectores históricamente excluidos, comprometiendo el desarrollo de políticas, programas sociales y estrategias destinadas a satisfacer las necesidades básicas de la población, entre ellas el acceso a servicios públicos de calidad, elemento crucial para lograr reducir la pobreza.
Transparencia Venezuela y Provea, reiteran su exigencia a las autoridades del Ministerio Público y Contraloría General de la República de iniciar una investigación oportuna y transparente que conduzca a la sanción de los responsables e impida que la impunidad sumerja en la oscuridad la vigencia de los derechos sociales en Venezuela.
