Managua | Las crisis políticas en Venezuela y Brasil han dejado a la deriva dos proyectos por 7.600 millones de dólares para la construcción de una refinería y una central hidroeléctrica en Nicaragua, advierten analistas locales.
Los proyectos consisten en un complejo petroquímico que construiría Venezuela a un costo de 6.500 millones de dólares y en una central hidroeléctrica de 1.100 millones que se financiaría con recursos brasileños.
Ambos son parte de cinco “megaobras” que el presidente Daniel Ortega ha impulsado recientemente y que deberían haber concluido o al menos ser visibles este año en que el mandatario se postula para una segunda reelección en los comicios de noviembre próximo.
La idea era que sirvieran de “proyectos insignia” en apoyo a “la continuidad del presidente Ortega” en el poder, dijo a la AFP el exdiplomático y experto en derecho internacional Roger Guevara.
Según el gobierno, las dos obras podían generar 6.500 puestos de trabajo directos y 18.500 indirectos, y aliviar así el problema del desempleo, que afecta a cerca de un 30% de la población económicamente activa.
Pero la recesión que golpea a Venezuela y Brasil, en medio de escándalos políticos y de corrupción, más los retrasos que han tenido ambas obras han dejado los planes de Managua sin rumbo claro.
De acuerdo con Ortega, existe voluntad de continuar con estos proyectos que representan más de la mitad del PIB del país.
Pero sus críticos, como el economista y excandidato presidencial de la disidencia sandinista Edmundo Jarquín, creen que el gobierno está jugando “a la lotería esperando sacarse el premio mayor a través de un megaproyecto”.
La hidroeléctrica Tumarín
La represa Tumarín, que se proyecta construir sobre el río Grande, en el Caribe Sur, con capacidad para generar 253 megavatios, está a cargo del consorcio Centrales Hidroeléctricas de Nicaragua (CHN), constituido en un 45% por la estatal brasileña Eletrobas, un 45% por la empresa Queiroz Galvão y un 10% por el estado nicaragüense.
El proyecto fue aprobado por una ley que otorgó a los brasileños la construcción y operación de la planta por 39 años, concediéndoles amplios privilegios fiscales, sin ninguna garantía en caso de incumplimiento.
El proyecto tiene financiamiento del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y los socios. Sin embargo el inicio de las obras, previsto para 2014, ha sido aplazado en varias ocasiones por falta de recursos.
“Entiendo que el grupo inversor tuvo problemas para juntar el capital” y luego Queiroz fue salpicada por los escándalos de corrupción en Brasil, dijo a la AFP el exministro de economía y experto en temas de energía Mario Arana.
Para Jarquín, “el monto de la inversión siempre estuvo sobreestimado” y los escándalos de corrupción en Brasil “terminaron de sepultarlo”.
Sin embargo, el presidente Ortega dijo que el proyecto de Tumarín puede salvarse: “Se está hablando con los brasileños para encontrar la forma de darle continuidad”, aseguró la semana pasada.
Hasta 2015, CHN había adquirido más de 7.000 hectáreas de tierra para el proyecto. AFP
