CCD | Dónde EstánLosDólares.- A través de un contrato de préstamo bajo la figura de una línea de crédito por 17 mil 490 millones de bolívares, la red de corrupción de Rafael Ramírez, estableció un Cadivi paralelo en Pdvsa que permitió el saqueo de millones de dólares preferenciales.
Por lo menos 2.000 millones de dólares relacionados con este esquema delictivo fueron lavados en Banca Privada de Andorra (BPA) y otros bancos internacionales.
La información se desprende de la Rogatoria enviada por la fiscalía de Andorra a la fiscalía general de Venezuela en 2012 y de varios documentos internos de Pdvsa que forman parte del expediente que instruye la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional en el caso de Rafael Ramírez Carreño.
El 6 de marzo de 2012, el Comité Ejecutivo de Pdvsa autorizó la operación con la empresa privada Administradora Atlantic 17107, CA., y comisionó a Víctor Aular Blanco, director interno, «a suscribir y concretar el acuerdo, efectuar las solicitudes de desembolso, realizar los pagos parciales y totales e incluso los pagos anticipados del capital e intereses», según se aprecia en la comunicación confidencial que recibió Ramírez firmada por los vicepresidentes Asdrúbal Chávez y Eulogio Del Pino , así como por el propio Aular. (En la gráfica)
Con la aparente excusa de conseguir bolívares para los pagos domésticos de Pdvsa, Rafael Ramírez y la red de corrupción incrustada en la petrolera, junto con los operadores financieros Luis Alfonso Oberto y Juan Andrés Wallis Brandt, configuraron un mecanismo que les permitió acceder al «mejor negocio del mundo»: obtener dólares del Estado venezolano a una conveniente tasa preferencial y venderlos luego en el mercado negro o paralelo para obtener millonarias ganancias. En este caso específico, que no fue el único, calculado a la tasa paralela de 9,36, el daño a la nación fue de 1 mil 868 millones 589 mil 744 dólares. Es decir, casi dos mil millones de dólares.
En abierta violación a la Ley de Ilícitos Cambiarios, entre otras leyes y regulaciones, Rafael Ramírez y su red montaron un sistema paralelo de cambio de divisas con empresas privadas de su entorno, que facilitó bolívares a Pdvsa para la supuesta cancelación de obligaciones en el país a cambio del correspondiente pago en dólares a una tasa de cambio favorable a sus intereses, en detrimento del patrimonio público.
Como se recordará, en el caso de la intervención y posterior cierre de Banca Privada de Andorra por lavado de dinero, el informe del Departamento del Tesoro de EEUU a través de Fincen, señalaba operaciones sospechosas relacionadas con Pdvsa también por 2 mil millones de dólares.
Se trata de una cifra similar al caso de corrupción de PetroBras y Odebrecht que mandó a la cárcel a cinco ex altos cargos de la petrolera, políticos y decenas de ejecutivos e influyó en la caída el gobierno de Dilma Rouseff en Brasil.
La misteriosa Atlantis 17071
Las primeras menciones públicas a Atlantis en Venezuela aparecen en el libro El Gran Saqueo de Carlos Tablante y Marcos Tarre, específicamente en el capitulo titulado de Alejandro Andrade a Erik Malpica Flores donde se detallan las operaciones ilegales de la delincuenica organizada financiera que se apoderó de las instituciones públicas venezolanas.
Atlantis 17071 es una corporación mercantil presidida por el abogado venezolano Juan Andrés Wallis Brandt inscrita en el Registro Mercantil Quinto del Distrito Capital el 14 de noviembre de 2006 bajo el número 66 del Volumen 1457-A. El documento constitutivo fue modificado al año siguiente, como aparece en el número 19 del volumen 1509-A de fecha 8 de febrero de 2007.
Por su parte, Luis Alfonso Oberto es un cuestionado operador financiero asociado a la boliburguesía. Fue dueño de la casa de bolsa Unovalores, sospechosa de haber realizado decenas de operaciones financieras irregulares hasta que se la vendió a Gonzalo Tirado Yépez – hoy prófugo de la justicia – para instrumentar la cuestionada venta de bonos de la Electricidad de Caracas. Oberto es experto en crear mecanismos irregulares en torno a la emisión de bonos, la negociación con diversos productos financieros y los negocios especulativos. Oberto estuvo cerca de ministros como Rafael Isea, tesoreros como Alejandro Andrade y especialmente de Rafael Ramírez, presidente de Pdvsa durante una década.
Las preguntas
¿Por qué fue catalogado el contrato entre Pdvsa y Atlantis 17017 CA. como «confidencial» ? Por qué la administración de Rafael Ramírez no realizó una subasta pública, una operación transparente, si se trata de la empresa estatal «de todos los venezolanos»?
¿Por qué, existiendo una extensa red de bancos públicos, Ramírez prefirió recurrir de manera secreta a instituciones financieras privadas casi desconocidas?
¿A qué tasa preferencial fue convenido el negocio? A una de las tasas oficiales o a una tasa no oficial y por lo tanto ilegal?
Nota: Esta información es un adelanto de una amplia investigación en progreso sobre las operaciones de la delincuencia organizada financiera que saqueó a Pdvsa.
