Brasilia | En un mea culpa sin precedente en la lucha contra la corrupción en Brasil, la empresa Andrade Gutierrez, segunda mayor constructora del país, hizo pública hoy una carta de «pedido de disculpas» por las ilegalidades practicadas en el marco del esquema de sobornos en Petrobras y otros fraudes al Estado como sobrefacturaciones de obras para estadios del Mundial de Fútbol de 2014, y se comprometió a devolver 1000 millones de reales (US$ 287 millones). Foto Reuters/Sergio Moraes
«Es momento de que la empresa venga al público y admita, de modo transparente delante de toda la sociedad brasileña, sus errores y repare los daños causados al país y a la propia reputación de la empresa», señaló la compañía en un comunicado publicado en los principales diarios brasileños bajo el título «manifiesto por un Brasil mejor», que llega dos días antes de que el Senado vote por la apertura del impeachment a la presidenta Dilma Rousseff, por manipulación de las cuentas públicas, informó La Nación de Argentina
El monto de dinero que será resarcido a los cofres públicos es el mayor jamás logrado en la historia de Brasil y se combinó tras el acuerdo de indulgencia que las autoridades de Andrade Gutierrez firmaron con la Justicia, aprobado por el juez federal Sergio Moro, de Curitiba, que lleva adelante el caso del «petrolão», y ratificado por el Supremo Tribunal Federal (STF). Hasta ahora, la indemnización más importante al Estado realizada por una empresa había sido la de otra compañía involucrada en la red de coimas en Petrobras, Camargo Correa, que pagó 700 millones de reales (US$ 200 millones). Otras diez empresas que participaron del cartel para asegurarse negocios con la petrolera estatal -entre ellas Odebrecht, la mayor constructora del país- negocian acuerdos similares que les permitan salvar contratos con el Estado ya firmados y futuros.
En su carta, Andrade Gutierrez reconoce que «graves errores fueron cometidos en los últimos años» y revela que a partir de las investigaciones judiciales implementó un sistema de controles internos para que no vuelvan a ocurrir. Entre las obras «manchadas» por irregularidades están la refinería Complejo Petroquímico de Río de Janeiro (Comperj); la gigantesca hidroeléctrica Belo Monte, en el estado de Pará -inaugurada la semana pasada por Rousseff -; las plantas nucleares Angra 2 y 3, en Río de Janeiro; el ferrocarril Norte-Sur, en Tocantins; y los estadios mundialistas del Maracaná (Río de Janeiro), Mané Garrincha (Brasilia) y la Arena Amazonas (Manaos).
En acuerdos de delación premiada con la Justicia para reducir sus condenas, el ex presidente de Andrade Gutierrez, Otávio Marques de Azevedo y varios de sus ejecutivos, confesaron que durante años pagaron sobornos a directivos y funcionarios de empresas públicas a través de donaciones legales a las campañas electorales del oficialista Partido de los Trabajadores (PT) y a su principal aliado hasta hace poco, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB). Incluidas en estas desembolsos están las campañas presidenciales en 2010 y 2014 de Rousseff y su vicepresidente, Michel Temer (PMDB), quien asumiría el poder si la mandataria fuera suspendida de su cargo en la votación que comenzará pasado mañana en el Senado.
Rousseff, cuyo partido tiene ya numerosos miembros tras las rejas y varios ministros salpicados por acusaciones de corrupción dentro del «petrolão», enfrenta un juicio político por maquillar las cuentas públicas en los últimos años con el supuesto fin de ocultar el déficit fiscal y garantizarse la reelección en 2014. Si una mayoría simple de los 81 senadores acepta el pedido de impeachment ya aprobado abrumadoramente por la Cámara de Diputados el mes pasado, la presidenta deberá dejar su puesto por hasta 180 días, mientras dure el juicio político propiamente dicho en el Senado, encabezado por el presidente de la Corte Suprema. Todos los sondeos indican que ya al menos 50 senadores se inclinan por la suspensión de la mandataria
En ese caso, el vicepresidente Temer asumiría la Presidencia interinamente, y sólo sería ratificado en el cargo si Rousseff fuera hallada culpable por el Senado. Temer tendría que cumplir al frente del Palacio del Planalto el resto del actual mandato presidencial, que termina el 31 de diciembre de 2018.
