El Fondo Monetario Internacional considera que los costos económicos de la corrupción son substanciales. Según estimaciones recientes, el coste anual puede llegar a alcanzar entre 1,5 billones y 2 billones de dólares al año a la economía mundial, lo que supone casi el 2% del PIB del planeta. Esta es una de las cifras que resaltan dentro de un informe presentado por la institución, donde se analiza el impacto de la corrupción llevada a cabo por cargos públicos con beneficio propio. Un problema que afecta a muchos países, independientemente de su nivel de desarrollo, y que supone un reto para los gobiernos a la hora de rendir cuentas ante sus ciudadanos ante el elevado nivel de envilecimiento registrado en muchos países.
«Mientras que los costes directos de la corrupción son bien conocidos, los indirectos pueden ser aún mucho más substanciales y debilitadores, fomentando el lento crecimiento económico y la desigualdad social», advierte la directora del Fondo, Christine Lagarde, quien acompañó el documento con un ensayo elaborado por ella misma donde exige a los miembros de la institución atacar la corrupción «abiertamente». En este sentido, la máxima funcionaria del FMI reconoció que el organismo que dirige se involucra de forma activa a la hora de ayudar a los distintos países a diseñar e implementar estrategias anti-corrupción. Al fin y al cabo, «la corrupción tiene un impacto potencial tanto en la estabilidad macroeconómica como en el crecimiento», señaló.
El informe, titulado «Corrupción: Costes y Estrategia para Mitigarla», pone de manifiesto como este problema afecta al desarrollo económico de distintas formas. En primer lugar debilita la capacidad de los gobiernos a la hora de incrementar sus ingresos y llevar a cabo funciones básicas. Al respecto, los funcionarios del Fondo hacen hincapié en la evasión fiscal y como es importante mantener una cultura que moralice al ciudadano. En segundo lugar, la corrupción infla los precios en los procesos de contratación públicos, lo que limita la cantidad y calidad de los presupuestos. Bajo estas circunstancias, un gobierno con bajos ingresos públicos suele recurrir a la política monetaria como alternativa, un hecho que suele fomentar la inflación, en detracción del país. Por último, cuando un país es percibido como corrupto por el mercado, su acceso a financiación suele ser más elevado.
El FMI ofrece una serie de recomendaciones, donde hace referencia a la Operación Malaya llevada a cabo en nuestro país como ejemplo perfecto contra el lavado de dinero. «Cargos públicos, abogados y otros intermediarios fueron condenados y se impusieron alrededor de 520 millones de euros en multas criminales», señala el documento donde sacan los colores a otros países, como Ucrania, donde recientemente «los líderes corruptos podían transferir grandes cantidades de fondos ilegales fuera de sus fronteras a través de los bancos comerciales bajo su control y otras entidades satélite».
Desde Washington inciden que la transparencia fiscal y financiera es una «condición» indispensable a la hora de atacar la corrupción. Ésta debe venir acompañada de una aplicación contundente del marco legal que asegure «una amenaza creíble de persecución» contra aquellos que cometan este tipo de actividades. Al mismo tiempo se apuesta por una simplificación de las estrategias y regulaciones contra actividades como el lavado de dinero o la malversación de fondos además de crear un marco legal claro y liderado por representantes independientes sin influencias del sector público o privado. El Economista
