El gobernador del estado Bolívar, Francisco a Rangel Gómez actuó de manera negligente desde los primeros momentos de conocerse la desaparición de los mineros de Tumeremo,“al negar de forma categórica los hechos denunciados”, lo cual contribuyó al incumplimiento de las obligaciones de las autoridades policiales y de la Fuerzas Armadas para brindar colaboración inmediata a los denunciantes y que se “desarrollaran las labores de rescate, protección y liberación, de los desaparecidos – para entonces- o de ubicación exacta del lugar de la masacre, el oportuno análisis de la escena del crimen y el descubrimiento inmediato de los cadáveres que, ante la negligencia oficial, fueron trasladados a otra ubicación».
A esta conclusión llegó la Comisión Especial que investigó a desaparición de los mineros de Tumeremo, en el estado Bolívar ocurridos el 4 de marzo de este 2016., cuyo informe final fue aprobado por la Asamblea Nacional en la sesión de este jueves
El diputado Américo de Grazía (Unidad/Apure) presidente de esta Comisión presentó el documento ante la plenaria, contentivo de las conclusiones y recomendaciones derivadas de la investigación sobre los acontecimientos que conmocionaron a la población del Municipio Sifontes del Estado Bolívar.
La Comisión estuvo conformada por los diputados Luis Silva (Unidad/Bolívar), Olivia Lozano (Unidad/Bolívar), Rachid Yasbek (Unidad/Bolívar) y José Hernández (Unidad/Bolívar). la bancada del GPP no se incorporo a la Comisión.
Grazia enfatizó que esa política minera de profundo sentido extraccionista que nos lleva del rentismo petrolero al rentismo colonizante minero, que afecta nuestra reserva forestal de Imataca, la Cuenca del Caura y del Caroní y por consiguiente a la represa del Guri.
De la misma manera se señala que en las áreas mineras del estado se violan los derechos humanos de manera sistemática.
«Los mineros artesanales venezolanos son sometidos a la violencia, al miedo, a la extorsión, a la criminalización de su trabajo, con ánimo de inducirlos a la clandestinidad y al tráfico de miseria con consecuencias nocivas en lo social, económico y ambiental. Es inconcebible este estado de cosas en una zona totalmente militarizada sin la complicidad directa de algunos altos mandos de la Fuerza Armada Nacional», dijo el parlamentario.
Recomendaciones
Entre las recomendaciones establecidas en el informe, la Comisión exhorta a la Fiscalía a que establezca responsabilidades de todos los involucrados en el hecho y logre la captura y condena de los autores materiales e intelectuales del caso; entre ellos, Jamilton Andrés Ulloa Suárez, quien está plenamente identificado como autor material de los hechos ocurridos y transcurrido dos (2) meses del hecho, aún se encuentra en libertad.
También se plantea enviar el informe al Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería de manera que se plantee una evaluación y reorganización de la institucionalidad del sector minero y una política de minas que promueva la racionalidad y establezca códigos dentro de un marco institucional adecuado que estipule la participación real del sector público y privado.
En el entendido de que la zona en la que tuvieron lugar los hechos está bajo el control de la Fuerza Armada Nacional, se recomienda remitir este informe al Ministerio del Poder Popular para la Defensa para la prosecución de las averiguaciones y Exhortar a su máxima autoridad a que defina y determine las responsabilidades de la presencia de las fuerzas del Estado en las zonas mineras, y en consecuencia establezca las responsabilidades que corresponden a los funcionarios destacados en el lugar.
