Aunque Sidor es la empresa que se encuentra en peor estado, todas las empresas básicas de Guayana presentan un deterioro producto de una década de abandono y de descalabros operativos y financieros . Toda la industrial estatal guayanesa carecen de actualización tecnológica y de mantenimiento preventivo. Asi se resume el informe de la Comisión de la Asamblea Nacional, presidida por el diputado Francisco Sucre, cuya discusión se producirá en pocos dìas.
Sobre este tema la periodista María Ramírez Cabello de Correo del Caroní entrevistó economista Adrián Vásquez, coordinador general de la comisión investigadora de las empresas básicas, que a continuación presentamos:
Los últimos 10 años han sido nefastos en las empresas básicas, a juzgar por sus resultados operativos y financieros. Sobre esa situación ha habido alertas tempranas, llamados de auxilio, denuncias en demasía y, en contraste, cero atención y reversión al proceso de retroceso cada vez más intenso.
“Las empresas no tienen actualización tecnológica, pero tampoco previsión de mantenimientos y repuestos”, destacó el economista “Las empresas no tienen actualización tecnológica, pero tampoco previsión de mantenimientos y repuestos”, destacó el economista Foto Wilmer González
La representación de la Asamblea Nacional por el estado Bolívar ha llevado el descalabro de las industrias a la plenaria, cuestión que no hicieron en gestiones previas los diputados electos por Guayana. La comisión encargada de investigar la situación real de las 22 industrias en la región, presidida por el diputado Francisco Sucre, ya tiene el informe definitivo en sus manos y se espera que los pormenores y la propuesta legislativa de cara a la recuperación sean discutidos en las próximas semanas.
El economista Adrián Vásquez, coordinador general de la comisión investigadora de las empresas básicas, pinta un panorama desalentador, mucho mayor al que muestran las cifras oficiales y al que recogen a diario las denuncias laborales. La operación industrial en términos globales, precisa, tiene un techo de 20% de su capacidad, un ritmo insostenible en un contexto de repunte de los costos.
“El hecho de tener pasivos casi tres veces mayores que los activos hace que todas las empresas estén quebradas desde el punto de vista financiero, pero están quebradas desde el punto de vista operativo también”.
Vásquez, quien se desempeñó en la Corporación Venezolana de Guayana por cerca de 16 años, sostuvo que la falta de gerencia ha sido determinante en el descalabro, sin discriminar entre la conducción civil y militar. Los balances en ambas gestiones han sido perjudiciales.
“La ausencia de gerencia es total, los pagos de nómina, inclusive, se deciden en Caracas y los procesos de inversión no se autorizan por el presidente de la empresa o su junta directiva, sino que van al ministerio o a la Presidencia (…) las estructuras administrativas no tienen ningún poder de decisión”.
Con el caso de Sidor como el más emblemático, Vásquez explicó que la justificación social que en la siderúrgica y otras industrias fue alegada para acometer la ola de expropiaciones desde 2008 no se cumplió. “Los contratos colectivos están atrasados y algunos paralizados, los beneficios se están quitando gradualmente, no se están entregando los implementos de seguridad. La justificación social que en algún momento dio origen a todo este proceso no se está cumpliendo. Las empresas no son rentables ni económica ni socialmente y los pasivos laborales son enormes”.
La comisión elaboró una serie de cuestionarios individualizados por empresa que fueron entregados, inicialmente, a los ministros de Industrias, Miguel Pérez Abad; al ministro de Petróleo y Minería, Eulogio del Pino, y al titular de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez. Posteriormente se les consignó a los presidentes de las empresas básicas con un plazo de 15 días para dar la contestación, que nunca llegó.
De allí que los resultados de la investigación se basen en documentos extraoficiales con soportes recibidos de parte de fuentes de la industria, así como la memoria y cuenta 2015 de estos despachos.
– ¿Cuál fue la gran conclusión de la investigación?
– La gravedad es bastante aguda. Percibimos que este es un proceso deliberado para llevar a una situación caótica a las empresas, uno observa las cifras y ves la tendencia todas en términos negativos. Si esto se está percibiendo a lo largo de varios años consecutivos, desde el punto de vista gerencial debería haber alguna toma de decisiones para revertirlo. Aquí no está pasando eso, simplemente cada año se va agudizando.
Personalmente creo que es para crear un escenario para llegar a ciertos acuerdos que no son posibles en condiciones normales. Hay un proceso de negociación oculta para entregarle la operación de estas empresas a determinados países. Se habla mucho del caso de Sidor con China, Bauxilum con Glencore y yo creo que hay algo de eso. Otra de las exigencias pareciera ser acabar con las organizaciones sindicales y evidentemente una situación de este tipo va a facilitar tomar decisiones en ese sentido.
– ¿Pudieron identificar qué sector está en peores condiciones?
– Por lo emblemático y por la cantidad de trabajadores que representa, Sidor es la empresa en peor estado. Prácticamente la mitad de las pérdidas acumuladas de Bs. 28.694 millones de 2015 -en las 22 empresas evaluadas- recaen en Sidor y ese proceso ha continuado este año, en el que no se ha producido ni un kilo. Opera a un 21% de su capacidad; el personal es casi tres veces de lo que se tenía hace 10 años; la productividad bajó 10 veces en ese periodo, todas son tendencias negativas. En el 2015, en términos de solidez, los pasivos son 2,5 veces mayores a los activos.
Las pérdidas de todo el grupo fueron de $ 14.089 millones en los últimos cinco años; esto es más de lo que necesitan para su recuperación.
– Tras ese diagnóstico, ¿cuánto se requiere para la recuperación en términos operativos?
– Un punto es la recuperación por vía de mantenimiento e inversiones en algunos equipos que alcanza a unos $ 3.200 millones; la diferencia que son más de $ 7 mil millones corresponde a modificaciones grandes o ampliaciones. Por ejemplo en Alcasa, para que sea viable en el tiempo se necesitaría instalar la quinta línea. En Bauxilum se requiere elevar la capacidad de 2 millones a 3 millones en una línea nueva para producción de alúmina. La cifra gira en torno a los $ 11 mil millones que se podrían distribuir en cuatro años, concentrado en los primeros dos años.
– Sidor está técnicamente en quiebra, ¿desde el punto de vista financiero cómo está el resto de las empresas?
– Todas las empresas están en quiebra. La única en números azules es Comsigua, pero pasa algo muy particular porque Comsigua operó a 11% de su capacidad en el 2015 y con ese 11% obtiene utilidades en sus resultados. Uno no se explica cómo operando a 11% de su capacidad tiene utilidades, pero en este caso se aprecia que cargan los costos a tasa fija, exportan y obtienen un diferencial cambiario del cual se benefician, pero no están siendo eficientes desde el punto de vista operativo. En Alcasa importaron aluminio a 6,30 y lo vendieron a los productores nacionales a un dólar libre.
– ¿Cuál ha sido el impacto de la gerencia militar?
– En general, entre civil y militar, ha sido exactamente igual. Lo militar ha sido privilegiado por los resultados catastróficos del control obrero, a lo mejor por un intento de reversión se tomó la decisión de colocar militares pero no hizo resultados en la gestión, porque se siguen lineamientos políticos. Los presidentes en general no conocían los procesos, percibimos que herramientas como la planificación y el control de gestión que eran rutinarias ya no existen.
– En los últimos años sobresalió el caso de la mafia de las cabillas en Sidor y las irregularidades en la comercialización en Ferrominera, ¿pudieron constatar cuál el estatus de estos hechos?
– No pudimos llegar a ese punto, porque requerimos información interna. Pero lo que sí se advierte cuando se analizan las ventas, es que antes tenías un abanico de compradores y ahora eso se ha concentrado en pocas empresas; los procesos de venta no son abiertos y no es solamente en Sidor y FMO. En el caso de Bauxilum, la vinculación con Glencore es fuerte y no es sana para una administración.
– ¿Hubo recursos para inversión real en este periodo?
– No. Sistemáticamente a lo largo de los años el presupuesto para inversión no se cumplió. En Sidor el presupuesto de inversión para 2015 se cumplió solo en 9%. No se hacen inversiones ni de mantenimiento
– Se habla de que se agotó el modelo productivo en Guayana y que hay que pasar la página de las empresas básicas, ¿coincide con eso?
– Lo que se agotó es el papel de la CVG, como organismo de desarrollo en su creación impulsó y participó en las inversiones, pero ese modelo debe cambiar. Cualquier cosa pasa por un cambio de modelo político y en ese nuevo esquema el sector privado debe asumir un rol más activo y todo lo que hagamos en acero y aluminio debe ser impulsado por los privados, tal vez con una participación minoritaria del Estado, como ocurre en todos los países y con un papel de CVG más como coordinador.
En Guayana debemos desarrollar la agroindustria; podríamos exportar mangos, queso guayanés con su debido tratamiento; y el turismo y si logramos hilvanarnos con el norte de Brasil tendríamos grandes oportunidades.
Ley de recuperación
El informe elaborado en Guayana contiene una propuesta legislativa de recuperación de las industrias que, de acuerdo con el coordinador de la comisión investigadora, incluye el nuevo rol de la CVG, el perfil de los nuevos gerentes de las estatales y la creación de un fondo que administraría los recursos para reactivar a las empresas.
“Esto debe pasar por un proceso para definir si las empresas son recuperables, nosotros creemos que deben ser recuperadas porque son industrias indispensables para el desarrollo de cualquier país”, apuntó.
