El Ministerio Público acusó a Dennis Renier Cardozo (26) y Eduardo José Iglesias (25) por su presunta responsabilidad en la muerte de 17 personas, hecho ocurrido el pasado 4 de marzo en una mina de Tumeremo, municipio Sifontes del estado Bolívar.
La fiscal 15ª del estado Bolívar, Andreína Martínez, acusó a Cardozo e Iglesias por los delitos de homicidio calificado ejecutado con alevosía y por motivos fútiles en grado de complicidad no necesaria; porte ilícito de arma de fuego y asociación para delinquir.
Adicionalmente, a Iglesias se le acusó por aprovechamiento de cosas provenientes del delito.
En el escrito presentado ante el Tribunal 1º de Control del segundo circuito de Bolívar, la representación fiscal solicitó la admisión de la acusación, el enjuiciamiento de los hombres y que se mantenga la privación de su libertad en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en San Félix, municipio Caroní de la referida jurisdicción.
Durante el citado día, un total de 17 personas murieron en una mina en las cercanías de la población de Tumeremo, tras la acción de una organización delictiva.
Familiares de las víctimas denunciaron la masacre e inmediatamente, el Ministerio Público tuteló las investigaciones en coordinación con autoridades policiales y militares.
La respectiva investigación derivó en órdenes de aprehensión para varias personas, entre ellas Cardozo e Iglesias, quienes fueron detenidos el pasado 3 de abril en la mina Yaguarín, ubicada en el municipio Sifontes.
Al momento de su aprehensión por parte de funcionarios del Sebin, los hoy acusados portaban armas de fuego. En el caso del segundo mencionado, el arma estaba solicitada por las autoridades policiales desde el año 2010.
Otros involucrados
Por este caso, fue acusada Rosa Zoraida Gil (56) por los delitos de homicidio calificado por motivos fútiles e innobles en grado de cómplice necesario, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
Mientras que Francisco David Carache Zambrano fue acusado por los delitos de homicidio ejecutado con alevosía y por motivos fútiles en grado de coautor, legitimación de capitales, asociación para delinquir, privación ilegítima de libertad y robo agravado, los dos últimos tipos penales en grado de coautor.
También se presentó escrito acusatorio contra Luis Tomás Rivera Malavé, sobrino de Gil, por los delitos de legitimación de capitales y asociación para delinquir.
Los colombianos Rodolfo Andredy Castrillón Castro y Publio Evelio Martínez Suárez, igualmente, fueron acusados por incurrir presuntamente en los delitos de tráfico y comercio ilícito de recursos o materiales estratégicos, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
Por su parte, los primos Manuel Alejandro y Carlos Alfonso Balaguera quedaron acusados bajo la presunta comisión de los delitos de legitimación de capitales y asociación para delinquir, respectivamente.
Entre tanto, Carlos Alberto Ortiz (24) fue imputado por homicidio calificado ejecutado con alevosía y por motivos fútiles en grado de coautor, porte ilícito de arma de fuego, resistencia a la autoridad, legitimación de capitales, robo agravado, privación ilegítima de libertad y asociación para delinquir.
De igual manera, Wilmer Cayetano Pino (45) resultó imputado por la presunta comisión de los delitos de porte ilícito de arma de fuego, tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en la modalidad de ocultamiento, resistencia a la autoridad, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
Otro imputado en el caso fue José Ismael Báez Lejarazo (22), por ser el presunto coautor de delito de homicidio calificado por motivos fútiles con alevosía en perjuicio de los 17 fallecidos; asimismo por privación ilegítima de libertad y asociación para delinquir.
Por otra parte, se le precalificó el delito de homicidio calificado por motivos fútiles en la ejecución de robo agravado en detrimento de José Gregorio Hugo Lanz (40), hecho ocurrido en el año 2014, en Tumeremo.
