Pese a los controles implantados después de la filtración de los llamados papeles de Panamá, quedan huecos en el sistema que permiten fomentar el lavado de dinero o financiar al crimen organizado y al terrorismo, alertaron este martes en México varios bancos y autoridades financieras de América.
Esa fue una de las conclusiones a las que llegaron representantes de Argentina, Panamá, Estados Unidos y Puerto Rico reunidos en la Ciudad de México durante la Conferencia Regional Latinoamericana (Larc, por sus siglas en inglés), organizada por Swift, proveedor global de mensajería financiera, y que se lleva a cabo hoy y mañana.
La directora del Banco de la Nación Argentina, Ercilia Antonia Nofal, explicó que en su país ha habido un trabajo intenso para lograr la transparencia en ese campo.
«Argentina sufrió un ataque brutal de criminalidad tapada por una gran corrupción. Hoy Argentina necesita tener presencia en el mercado internacional», dijo sobre la labor de la nación sudamericana para reinsertarse en la comunidad económica, tras el inicio del mandato de Mauricio Macri.
Nofal comentó que en las más de 700 sucursales del banco, el trabajo se ha centrado en concienciar y capacitar al personal para «promover la transparencia contra en lavado de activos».
Explicó, por ejemplo, que hubo que controlar sociedades de beneficencia que «tapaban dinero del narco a través de supuestas acciones en poblaciones vulnerables».
En Panamá todavía se sienten las secuelas del escándalo de los papeles de Panamá, una investigación periodística que reveló las operaciones con sociedades opacas de la firma de abogados Mossack Fonseca e involucró a personajes como los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Argentina, Mauricio Macri, o el futbolista Lionel Messi.
La viceministra de Finanzas del Ministerio de Economía de Panamá, Eyda Varela de Chinchilla, indicó que se debe fortalecer la transparencia y el intercambio de información.
«Panama Papers’ fue la manifestación de un problema global», reconoció, antes de asegurar que de las compañías involucradas el 80 % eran firmas extranjeras y sólo el 20 % estaba en manos panameñas.
«Todo el dinero estaba depositado alrededor del mundo. De ahí la importancia de reconocer que hay una falla importante en el sistema», dijo.
En su país asegura que se crearon leyes para la regulación de los abogados y los bienes raíces, de forma que reporten y analicen a sus clientes.
«Antes no teníamos un ente que supervisara que se hiciera lo que establecía la ley», argumentó.
Varela de Chinchilla detalló que se aprobó una nueva normativa de congelación de activos en caso de sospecha de relación con el crimen organizado.
Por su parte, la encargada global de la Unidad de Cumplimiento y Operaciones de riesgo de Wells Fargo Bank, Susan Rico, compartió las medidas que implementa esa firma para vigilar que las acciones del personal de cada banco tenga concordancia con los valores y la ética.
Entre otras cosas, auditan el manejo de información privilegiada y detectan operaciones de riesgo o peligro de lavado de dinero.
Rico señaló que las cúpulas de los bancos deben estar comprometidas con el cumplimiento y que buscar la rentabilidad no debe llevar al sacrificio en esa área.
«Somos 220 personas para una cartera de 1.000 clientes», destacó Rico.
A la política implementada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otras entidades de gobernanza financiera para evitar riesgos en operaciones y transacciones, conocida como «de-risking», se refirió también el director jurídico del Banco de México, Luis Urrutia.
«Tenemos que implementar medidas colaborativas. El G-20 lo reconoce como objetivo prioritario. El ‘de-risking’ llegó para quedarse. En la medida en que se crean más regulaciones sabemos que la vulnerabilidad de los bancos continúa», concluyó.EFE
