La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó este miércoles su «preocupación» por la declaración del estado de excepción y de emergencia económica en Venezuela, emitida el pasado 13 de mayo con una duración de sesenta días.
«Preocupa a la Comisión que el decreto en cuestión pueda comprometer el respeto del Estado de Derecho y la separación de los poderes estatales», afirmó la CIDH.
El decreto -afirma- «dota al Poder Ejecutivo de poderes discrecionales» y, mediante un lenguaje «amplio y ambiguo», establece conceptos como el de «acciones desestabilizadoras que atenten contra la seguridad y la soberanía nacional», para aplicar medidas de seguridad pública y «planes especiales».
También inquieta a la Comisión el hecho de que, en el contexto de desabastecimiento que afecta al país, el decreto atribuye funciones de control ciudadano a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), entre las que se incluye la «correcta distribución y comercialización de alimentos y productos de primera necesidad».
La CIDH entiende que, por carecer las Fuerzas Armadas de un adecuado entrenamiento para desempeñar labores de control de la seguridad ciudadana, «corresponde a una fuerza policial civil, debidamente entrenada y respetuosa de los derechos humanos, garantizar la seguridad y mantener el orden público».
Además, la Comisión considera que el decreto «vulnera el artículo 222 de la Constitución de la República» al atribuir a la Presidencia la potestad de decidir la suspensión temporal de la ejecución de «sanciones de carácter político contra las máximas autoridades del Poder Público», función de control propia de la Asamblea Nacional.
La CIDH recuerda al Estado venezolano su «obligación de garantizar los derechos humanos de la población» y reitera su llamamiento a garantizar «un clima de libertad y seguridad para todas las personas que habitan en el país».
Ese clima – añade- forma parte del derecho de los venezolanos a «vivir en una democracia respetuosa del Estado de Derecho, la separación de los poderes del Estado y con plena vigencia de los derechos humanos». EFE
