La Asamblea Nacional pide la colaboración de Hacienda, la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal), la policía judicial y el registro mercantil en la investigación abierta para aclarar si Podemos se financió con dinero público de de Venezuela, Además, según la documentación a la que ha accedido El País la Cámara ha citado a declarar a Pablo Iglesias, Íñigo Errejón y Juan Carlos Monedero, entre otros fundadores de Podemos, el 6 de julio. El partido ha negado cualquier vínculo entre su financiación y el gobierno del país americano.
Freddy Guevara, presidente de la Comisión de Contraloría, abrió la semana pasada una investigación oficial para averiguar si los 7,16 millones de euros que presuntamente recibió entre 2003 y 2011 el Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS), vinculado a Podemos, sirvieron luego para impulsar al partido, que nació en 2014.
Esta semana, Guevara ha citado por carta a Iglesias, Monedero, Errejón, Jorge Verstrynge y Luis Alegre, todos ellos vinculados a Podemos desde sus inicios. “Quedamos a disposición de modificar la fecha y hora pautada [6 de julio a las 11.00], dado el supuesto de no poder asistir”, recoge cada citación. A cada afectado “se le insta a asistir” a la comparecencia, “quedando a salvo los derechos internacionalmente reconocidos y que además consagra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.
Iglesias ya ha aclarado que no acudirá a Venezuela a dar explicaciones, niega cualquier conexión entre el Gobierno del país americano y la financiación de Podemos y argumenta que quien tiene la competencia en la materia son los tribunales españoles. Ante la previsión de que los requerimientos de la Asamblea queden sin respuesta, Guevara está dispuesto a acudir a los tribunales.
“Que alguien se niegue a colaborar es un indicio muy claro de que sí ocurrió algo. Nosotros podríamos iniciar ya un proceso judicial”, asegura el diputado venezolano en conversación telefónica con EL PAÍS. “Recordemos que ciudadanos de otros países también pueden ser solicitados en otros países”, subraya. “No querría adelantarme demasiado en un tema que no queremos que llegue hasta allá, pero solicitaríamos vía judicial que estas personas pudieran declarar, porque no les estamos preguntando qué hicieron con la financiación recogida allí en España, o con el dinero que se ganó cuando fue profesor, sino que qué hizo con dinero venezolano”, añadió. “Los países tienen tratados internacionales contra la corrupción en los que deben colaborar entorno a eso. Tenemos el deber de activar todos los mecanismos que podamos”.
“Valiosa cooperación”
Guevara ha requerido por carta la “valiosa cooperación” del Ministerio de Hacienda, dirigido por Cristóbal Montoro, para que le facilite los documentos “que acrediten las declaraciones de impuestos” de CEPS entre 2002 y 2016.
El parlamentario pide a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y a la Comisaría General de Policía Judicial “la remisión del acta de declaración de testigos” que tiene como protagonista al exministro de Finanzas venezolano Rafael Isea, que habría declarado ante los investigadores de la Guardia Civil que el Ejecutivo venezolano hizo grandes desembolsos en favor de la Fundación CEPS, según publicó Abc.
“Buscamos información que permita saber si hubo ese desembolso, si hubo algún traspaso de la fundación al partido y si cosas que fueron declaradas para un fin fueron para otro”, explica Guevara sobre sus misivas a las autoridades españolas. “Buscamos identificar si ese dinero fue declarado y bajo qué concepto”, añade. “Si se realizó algún acto ilegal, tuvo que haber ocurrido alguna forma de legitimación o blanqueo del mismo, y por eso necesitamos información de las autoridades españolas que nos orienten al respecto”, prosigue. “Nosotros no les acusamos, no somos la fiscalía, pero hablaría muy mal de Pablo Iglesias que no quisiera dar respuesta a la institución que es homóloga a la que él pertenece sobre un dinero de fondos públicos”.
Diez días para responder a la notificación
El presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional de Venezuela informa en sus citaciones a los dirigentes de Podemos que, una vez les sea entregada, contarán con un “lapso de 10 días hábiles, más el término de la distancia, a razón de un día por cada 200 kilómetros de recorrido”, a fin de que “interpongan los descargos que tenga a bien”.
La intención, según Guevara, el presidente del órgano parlamentario, es “garantizar” a cada uno de los citados “su derecho a la defensa y al debido proceso” según la Constitución de Venezuela y el ordenamiento jurídico venezolano.
Si, vencido ese plazo, no hubiera respuesta, se concedería otro periodo de los mismos días hábiles, más los días necesarios en función de la distancia a recorrer, para que cada uno de los citados “promueva o aporte las pruebas que estime pertinentes para su defensa”.
Guevara comunica en las notificaciones a los integrantes de Podemos que, sin distinciones, tendrán “total acceso” al expediente (Nº 1679) de la investigación acudiendo de lunes a viernes a la sede del archivo adscrito a la Comisión de Contraloría, en el horario comprendido entre las 9:30 y 11:30 y de 14:00 a 16:30.
