CCD |En España, el financiamiento ilegal a los partidos político es delito a partir de julio de 2015. Este ha sido el argumento de la dirigencia de Podemos – negar la existencia de un ilícito – para no dar explicación sobre los pago recibidos del gobierno de Venezuela. Sin embargo, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece que “No se permitirá el financiamiento de las asociaciones con fines políticos con fondos provenientes del Estado”. Sin embargo, el propósito de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional de Venezuela es determinar a cuánto asciende la malversación de fondos públicos durante los últimos 17 años y establecer los procedimientos necesarios para actúen los órganos de justicia.
En el reportaje titulado «Las trampas de Podemos para ‘huir’ de los pagos chavistas», el diario español ABC de España explica cuáles han sido los argumentos de Pablo Iglesias y otros dirigentes de Podemos para no hablar del financiamiento recibido, no solo desde Venezuela, sino también de Irán . Lea los detalles a continuación.
Manos Limpias se ha convertido en el mejor aliado de los líderes de Podemos para desmarcarse de los millones de euros que Venezuela e Irán dedicaron al «entramado» del partido. Pablo Iglesias y el resto de líderes de Podemos han creado un argumentario mediante el que se niegan a dar explicaciones sobre los cobros recibidos de Venezuela e Irán porque «los tribunales los han archivado en cinco ocasiones».
Las responsabilidades políticas por ser un partido patrocinado por los regímenes venezolano e iraní no existen. En su lugar, usan las querellas de Manos Limpias para defenderse. Cabe puntualizar que la financiación ilegal de partidos solo es delito en España a partir de julio de 2015, motivo por el que los cobros recibidos con anterioridad por la fundación CEPS o el «entramado de comunicación de Podemos», como define la UDEF a las productoras audiovisuales vinculadas al partido, ni siquiera se investigan.
Para que exista delito, debe acreditarse que el dinero procedente de Irán o Venezuela ha terminado en el partido y con posterioridad a esa fecha. Esto es precisamente lo que está investigando la UDEF. Si la Policía encuentra indicios de delito, judicializará el caso. Esta acción sí prosperaría, no las querellas de Manos Limpias, precipitadas y nutridas únicamente de informaciones periodísticas.
La gran trampa es un argumento falaz: lo que no es delito, no existe. ABC desveló cómo Hugo Chávez firmó un documento para destinar siete millones de euros a la fundación CEPS, a la que ha pertenecido toda la cúpula de Podemos, empezando por Pablo Iglesias, que servirían también para «crear consensos de fuerzas políticas y movimientos sociales, propiciando en España cambios políticos aún más afines al gobierno bolivariano».
Documento clave
Las asesorías políticas de CEPS tienen su parte de responsabilidad en la caótica situación que atraviesa Venezuela, pero sobre eso Iglesias no da explicaciones. El líder de Podemos también ha recurrido a enormes trampas argumentales para intentar desacreditar la investigación abierta en la Asamblea venezolana.
Pablo Iglesias ha dicho en Radio Nacional de España (RNE) que quien tiene la «competencia para investigar y perseguir la financiación ilegal son los tribunales españoles, no los partidos extranjeros», en alusión a la oposición venezolana. Se «olvida» de que la Asamblea venezolana no está investigando la financiación de Podemos, sino la malversación de caudales públicos por parte de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
Como ha acreditado ABC en innumerables informaciones ampliamente documentadas, los objetivo de los informes de CEPS eran «perpetuar el relato hegemónico socialista». Para ello recomendaban al Gobierno cómo neutralizar a la oposición, cómo reprimir manifestaciones o cuándo encarcelar periodistas. Todo esto se pagó con dinero público, pero las asesorías no eran para beneficio del pueblo venezolano, sino únicamente del chavismo. La Asamblea también investiga por qué CEPS no pagó impuestos por estos cobros.
Por otro lado, Iglesias presenta un programa para la televisión pública iraní, que le ha pagado al menos 93.000 euros. Se desmarca con otra trampa: sostiene que le paga una productora española. Sí, la empresa está en el Registro Mercantil de Madrid, pero la creó un funcionario iraní y recibe los fondos del Gobierno de Teherán.
