Este jueves, en sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, se aprobó el Acuerdo que condena la represión política y la violación de los Derechos Humanos, a propósito del ejercicio del Derecho Constitucional en las protestas por hambre y escasez de alimentos. Foto Reuters
El Acuerdo fue presentado por el diputado Juan Miguel Matheus (Unidad/Carabobo) quien aseveró que 8 de cada 10 venezolanos comen una vez al día.
Precisó que el pueblo venezolano no quiere que se deprima su derecho a protestar por hambre, como ha ocurrido en Mérida, Sucre, Anzoátegui Trujillo, Yaracuy, Delta Amacuro y como puede ocurrir en cualquier rincón del país.
El debate
El diputado Ismael León (Unidad/Dtto.Capital) dijo que Venezuela está presa por el hambre, menos la gente del régimen. «Meten preso a cualquiera que tome fotos o grabe lo que pase con la comida».
La diputada Ilenia Medina (GPP/Dtto.Capital) señaló que la revolución lo que ha hecho es garantizar los derechos humanos del pueblo venezolano. «Este acuerdo no hace referencia a los derechos sociales de los venezolanos, hace referencia solo al artículos en el ámbito económico, no se menciona que el sector empresarial cuando recibe las divisas preferenciales del Estado debe invertir en proveer recursos porque no sólo es deber del Estado».
El diputado Luis Soteldo (GPP/Portuguesa), destacó por su parte: «estamos preparados para sembrar 240.000 hectáreas de arroz y 650 mil hectáreas de maíz amarillo, y le digo al patiquín de los andes, que este año vamos a tener soberanía en las hortalizas de este país”.
Soteldo exhortó al bloque de la Unidad preguntarse qué están haciendo para solventar esta situación, además de gritar «revocatorio, revocatorio, qué acción concreta están haciendo”.
En este punto, se propició un altercado entre el diputado Soteldo y el diputado Carlos Paparoni (Unidad/Mérida) que paralizó la sesión por unos minutos y obligó a los diputados de cada bloque a intervenir para evitar el enfrentamiento entre ellos.
En la continuación del debate, el diputado España reseñó que en el estado Yaracuy hay 153 detenidos por protestas.
Piero Maroun (Unidad/Monagas) fustigó al presidente Nicolás Maduro por las irregularidades en los Claps que son manejados por los militares. «Si los alimentos de primera necesidad son manejados por los Claps y los militares, entonces cómo nos podemos explicar que vamos al mercado y los bachaqueros tienen esos alimentos y hasta los ofrecen por acá. Quiere decir que los militares y sus dirigentes surten a los bachaqueros para que vayan a robar al pueblo, los bachaqueros son hijos de Maduro», argumentó.
Al cierre del debate, la diputada Delsa Solórzano (Unidad/Miranda) refirió que en el «único lugar que se come tres veces, es en Miraflores porque en la casa de nuestro pueblo no es así».
«La represión no calma el hambre, el hambre se calma con comida, y para poder repartir comida hay que producirla, y que comida se va a producir aquí si no hay políticas adecuadas. Nos dicen que en la cuarta república se disparaba después y se averiguaba después, y qué pasa ahorita; te mato primero, te mata el hambre o te mata el hampa; da lo mismo, aquí están matado de hambre al pueblo de Venezuela».
Pretenden incluir en el colectivo de los venezolanos de que antes se comía perrarina, pero tengo que decir que ni los pobres perros están comiendo, porque no hay comida ni para los perros en este país, esa es la verdad, una Venezuela que está cansada, una Venezuela que quiere recobrar al Presidente del hambre porque Maduro es hambre y pasar trabajo y por eso el revocatorio es un derecho constitucional.
El Acuerdo
El acuerdo aprobado, condena la incapacidad del Ejecutivo Nacional para adoptar medidas eficaces tendentes a garantizar la disponibilidad y acceso efectivo de toda la población a los productos necesarios para alimentarse, así como para solventar la grave situación de carestía de alimentos en Venezuela.
De la misma manera, insta a la Defensoría del Pueblo para que, en ejercicio de las atribuciones, vele por el efectivo respeto y garantía de los derechos a la vida, a una existencia digna, a la alimentación y a la manifestación pacífica. Así como a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos; al Secretario General y al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), así como a los órganos del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), para que en ejercicio de sus competencias emitan pronunciamiento y adopten las medidas que corresponda.
