Caracas | La Asamblea Nacional de Venezuela anuló el jueves la designación de 13 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, ahondando un conflicto entre ambos poderes públicos que se mantiene desde que la oposición asumió el control del poder legislativo en enero de este año.
En la imagen, los magistrados designados por la saliente Asamblea Nacional, el pasado 23 de deciembre
El parlamento ordenó repetir la selección y nombramiento de un grupo de magistrados, elegidos luego de que el partido de gobierno perdió las elecciones parlamentarias en diciembre y pocos días antes de que se constituyera una nueva legislatura de mayoría opositora.
Desde entonces, el máximo tribunal del país ha vetado casi todas las leyes aprobadas por el parlamento que domina la oposición.
«Hoy quedó sin efecto la designación de los magistrados porque no se cumplieron los procedimientos», dijo el diputado opositor Stalin González, miembro de una comisión especial que analizó esos nombramientos.
Los legisladores opositores concluyeron que en el proceso para elegir y nombrar a magistrados el año pasado se violaron la Constitución y algunas leyes.
«Eso quedó nulo. Ahora vamos a llamar a un nuevo comité de postulaciones», explicó González.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) había dictado en marzo una sentencia que consideró «de nulidad absoluta e irrevocable» todos los actos que inició la Asamblea Nacional para «impulsar la revisión» de los nombramientos de magistrados.
Otra selección y designación de nuevos magistrados le tomará algunos meses a la Asamblea Nacional, lapso en el que los magistrados deben seguir en sus funciones.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, renovó el jueves un estado de excepción y emergencia económica, que le permite gobernar por decreto y sin control del Parlamento, que rechazó nuevamente la medida.
Usando los poderes especiales, Maduro entregó esta semana a militares la supervisión de la distribución de los bienes de primera necesidad, una medida fuertemente criticada por opositores y analistas, que busca atenuar una severa escasez en el país petrolero, en recesión económica y con la inflación más alta del mundo.
Pese al rechazo del parlamento, la justicia venezolana ha legitimado desde enero la emergencia decretada por el presidente y ha defendido su vigencia. [Reuters]
