Un programa de investigación periodística y una organización no gubernamental contra la corrupción dejaron al descubierto las prácticas poco éticas – por decir lo menos – de algunos de los bufetes de abogados más prestigiosos de EEUU en relación a la legitimación de capitales.
Ante el falso representante de un supuesto alto funcionario africano, 15 de 16 abogados – incluyendo a un ex presidente de la Asociación de Abogados de EEUU – llevaron adelante reuniones con la intención de asesorar a su potencial cliente para lavar 330 millones de dólares de la corrupción mediante la compra de bienes en territorio estadounidense.
El reportaje realizado por el prestigioso equipo de la CBS «60 Minutes», devela la inutilidad de la Guía de Buenas Prácticas Voluntarias para Detectar y Combatir el Blanqueo de Dinero de la Asociación de Abogados de EEUU y las compara con las acciones adelantadas por la Unión Europea con las Directivas sobre blanqueo de capitales de 2005 y de divulgación de los propietarios reales de 2015 que instan a los gobiernos miembros, incluidos los EE.UU. y la UE, a exigir debida diligencia y reporte de transacciones sospechosas a todos los gate-keepers (porteros) financieros, incluidos los abogados; y la divulgación de los propietarios finales por aquellos (incluyendo los abogados) que registran nuevas entidades o empresas.
«Esto es lo que pasa cuando se permite a los abogados llevar a cabo buenas prácticas sobre la prevención de lavado de dinero, de manera voluntaria» señala Michael D. Goldhaber, autor del artículo de opinión sobre el caso que a continuación reproducimos.
Cuando un cleptócrata toca tu puerta: Lavado de dinero global y la Asociación de Abogados de EEUU
Michael D. Goldhaber
March 16, 2016 (Traducción libre de CCD)
Un cliente potencial entra en su oficina y le cuenta la siguiente historia con un mal acento alemán. Trabaja para un ministro de minería de África Occidental, que gana el salario de un maestro, pero ha amasado una fortuna mediante la recopilación de «pagos de facilitación» de las multinacionales, en su mayoría de Canadá, a cambio de acceso a la riqueza mineral de su nación.
El Sr. Kayser, como se hace llamar, les pide esconder discretamente $ 330 millones en activos estadounidenses. Él les asegura que no violaron las leyes para su obtención. Sin embargo, utiliza los términos «dinero ilícito» y «dinero negro», y dice que la compra de una mansión, jets y yates en el propio nombre del ministro sería «muy, muy embarazoso», porque el ministro a veces da discursos contra la corrupción bajo la presión de la sociedad civil.
¿No es evidente que debe interrumpir la reunión? 15 de 16 abogados de Nueva York puestos a prueba por la ONG Global Witness consideraron que no. Con una cámara oculta se grabaron las reuniones que fueron transmitidas el 31 de enero en el prestigioso programa de TV estadounidenses «60 minutos». Sorprendentemente, uno de los abogados que no pasó la prueba fue James Silkenat, socio de uno de los 200 bufetes más importantes de EEUU – Sullivan & Worcester- , ex asesor de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, ex presidente de la sección internacional de la American Bar Association y , en el momento del reportaje en el año 2014, el presidente en funciones de la ABA.
Silkenat y uno de sus socios pasaron una media hora con el Sr. Kayser, esbozando cómo podían «esconder su condición de propietario de la vista pública» mediante el uso de capas de empresas fantasmas anónimas en las jurisdicciones de los Estados Unidos y en otras off shore para encaminar el dinero a través de sistemas bancarios «menos rigurosos» . Sin dejar de ser cordiales – «incluso un poco entusiastas», en opinión del especialista en ética de William Simon- los socios hicieron ver un par de veces que tenían que empaparse un poco más antes de aceptarlo como cliente. Al ponerse en evidencia la «trampa» periodística los abogados dijeron a «60 Minutos» que en reunión posterior entre los socios habían decidido no representar al Sr. Kayser.
Varios expertos en ética evaluaron el caso y concluyeron que los abogados que cayeron en la trampa periodística actuaron «ética y legalmente.»
Considero que la ética y la legalidad no vienen al caso. Esto se debe a que la barra de abogados de EEUU ha obstaculizado durante muchos años los cambios en la ética y la ley promovidos por el Grupo de acción financiera internacional GAFI en favor de un enfoque «educativo» contra la legitimación de capitales. Lo que el trabajo de «60 Minutes» dejó al descubierto es la inutilidad de la Guía de Buenas Prácticas Voluntarias para detectar y combatir el blanqueo de dinero de la Asociación de Abogados de EEUU.
En virtud de las Buenas Prácticas Voluntarias, se anima a los abogados a llevar a cabo una debida diligencia mejorada si un cliente muestra ciertas señales de alerta. Por ejemplo, si un funcionario de gobierno extranjero de alto nivel acumula riqueza de una fuente sospechosa, y trata de ocultar la propiedad de activos a través de empresas fantasmas anónimas, todo ello equivale a por lo menos cuatro señales de alerta, y los abogados deben comprobar si el funcionario está involucrado en alguna trama corrupta.
La guía no dice qué hacer si el cliente manifiesta desde el principio que los fondos son corruptos. La respuesta ética es la que dio el único de los 16 abogados que no se prestó para legitimar capitales, Jeffrey M. Herrmann, dejó la reunión y dijo simplemente: «No es para mí.»
«La corrupción es uno de los mayores obstáculos para el desarrollo económico y social», señalan antiguos jefes de Silkenat en la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, «por lo que atacar la corrupción es fundamental para el logro de la misión global de reducción de la pobreza.» La corrupción también es ilegal. En todos lados. La mayoría de los abogados capturados en «60 Minutos» parecía que sólo se preocupaban por la Ley de EEUU sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero.
Como ex presidente de la sección internacional de ABA, Silkenat debería haber sabido que Canadá (país de origen de los supuestos sobornos) es signatario de la Convención de la OCDE, aún más dura para combatir el soborno. Más importante aún, no debió ni por un momento haber aceptado la sugerencia de que los sobornos masivos pueden ser permitidos por las leyes locales. «Ningún país en todo el mundo permite expresamente la corrupción de sus funcionarios de gobierno», escribe la gurú de cumplimiento corporativo Alexandra Wrage en su libro «El soborno y la corrupción.»
Por lo tanto, el comportamiento del Sr. Kayser habría sido ilegal bajo la ley de lavado de dinero de EE.UU., castigado con hasta 20 años de prisión. (Ver 18 USC Sección 1956 (a) (3) (intentar realizar una transacción financiera que implica el producto de una actividad ilícita, con la intención de ocultar la propiedad). Global Witness y 60 Minutes no empujaron la prueba tan lejos. Si se quiere que la ley sea tomada en serio, los fiscales deben llevar a cabo la siguiente prueba ellos mismos.
Muchos de los abogados que cayeron en el reportaje de «60 Minutos» parecían menos preocupados por lo que podría ser ilegal que con la posibilidad de ser atrapados. Todo lo propuesto en las reuniones con el falso corrupto tenía como objetivo ocultar sistemáticamente el origen de los fondos que se pretendían usar para comprar propiedades y bienes en EEUU, y la mayoría mostró poco interés por conocer el origen de los fondos.
No es extraño que el New York Times el año pasado encontrara 16 extranjeros bajo investigación entre los propietarios de condominios de lujo en el Time Warner Center.
Esto es lo que pasa cuando se permite a los abogados llevar a cabo buenas prácticas sobre la prevención de lavado de dinero, de manera voluntaria.
¿Cómo deberían ser las buenas prácticas obligatorias? El Grupo de Acción Financiera Internacional -GAFI- insta a los gobiernos miembros, incluidos los EE.UU. y la UE, a exigir debida diligencia y reporte de transacciones sospechosas a todos los gate-keepers (porteros) financieros, incluidos los abogados; y la divulgación de los propietarios finales por aquellos (incluyendo los abogados) que incorporan nuevas entidades o empresas. Europa aprobó la debida diligencia obligatoria y la presentación de informes de operaciones sospechosas en su Tercera Directiva sobre blanqueo de dinero de 2005. El año pasado, la UE adoptó la divulgación de los propietarios reales de la Cuarta Directiva sobre blanqueo de dinero.
Fuente: The American Lawyer
