Andorra está dispuesta a que los máximos responsables de Banca Privada de Andorra (BPA), entidad que fue intervenida por el estado en marzo de 2015 tras denunciar EE UU que facilitaba el blanqueo de capitales para redes internacionales del crimen, asuman sus responsabilidades.
A tal fin, el Gobierno de Andorra ha presentado este miércoles una querella contra el exconsejero delegado de BPA, Joan Pau Miquel –en prisión preventiva desde hace 16 meses- y otros 11 directivos y altos cargos de la entidad.
Las autoridades andorranas han pedido también que La Batllia (el juzgado) tome declaración a Higini y Ramon Cierco, máximos accionistas de BPA que a su vez vienen demandando a Andorra y al Tesoro de EE UU acusándoles de haberles provocado un importante perjuicio al intervenir su entidad.
El Gobierno andorrano ha informado de que la querella se suma a la causa penal por blanqueo de capitales abierta en el caso BPA, que actualmente se encuentra en fase de instrucción y en la que el Ejecutivo de Andorra ya se constituyó como demandante civil el pasado 26 de mayo.
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En estos casi dos meses, los letrados del ejecutivo andorrano han examinado detalladamente el contenido del sumario y han llegado a la conclusión de que las actuaciones delictivas que se imputan a los diversos querellados han dañado seriamente la reputación de Andorra, de su modelo económico y de su plaza financiera.
El Gobierno de Andorra cree que más allá del interés público en la persecución de estos delitos concretos, esta querella “contribuye a defender el interés general de la ciudadanía y de las instituciones” del país.
Según ha vanzado en un comunicado el Ejecutivo, del análisis detallado del sumario se desprende que hay “pruebas e indicios de delito de blanqueo agravado” y se considera probado que los querellados eran conocedores de las advertencia de que fue objeto BPA de manera sistemática durante seis años por parte de acreditadas entidades bancarias internacionales. Pese al riesgo que esto suponía, estas conductas se ven agravadas por la inacción de los querellados a la hora de informar a los organismos competentes.
El Gobierno de Andorra también cree que los accionistas mayoritarios de BPA, en tanto que miembros de la mayoría de órganos de decisión y control de la entidad, podían haber sido conocedores de esta operativa, por lo que también pide la declaración de los hermanos Higini y Ramon Cierco.
Más allá de las actuaciones presuntamente delictivas y de la presunta sustitución del negocio bancario por una operativa dolosa de blanqueo, el Gobierno andorrano considera que los querellados eran conscientes del riesgo que sus actuaciones representaban para los intereses de los clientes de la entidad, para el resto del sistema financiero, para la economía, las instituciones y la reputación del Principado de Andorra.
Es esta “combinación de actividad delictiva sistemática y de menoscabo de la reputación del país” lo que ha llevado al gobierno de Andorra a formular la querella.
