El profesor Joel Segura, Procurador Anticorrupción del Perú le recomendó al equipo que trabaja el anteproyecto de Ley de Recuperación de Bienes Producto de la Corrupción, en el ámbito de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, tener una buena orientación, contar con un equipo especializado que tenga mucha comunicación y entendimiento sobre las transferencias bancarias, así como la ubicación de los países donde se encuentren los capitales sustraídos.
A partir de la experiencia peruana, durante el Foro internacional “Una ley para la recuperación de bienes producto de la corrupción: lineamientos y desafíos”, realizado el pasado viernes en el Palacio Federal Legislativo, describió los procesos que han permitido recuperar activos de la corrupción Una de las primeras decisiones fue establecer un conjunto de normas que permitieran trabajar en varios planos, en primer lugar, especial atención sobre la facultad de investigar los casos de corrupción. “Las fiscalías tuvieron especial atención sobre las facultades que tenían para la investigación preliminar”.
Los procesos comienzan cuando Suiza comunica al Estado peruano la existencia de cuentas de algunos funcionarios vinculados con el régimen de los años 90. “Esa comunicación revelaba casos de personas que tenían cuentas en bancos suizos y de Luxemburgo. Hasta la fecha de han recuperado aproximadamente 45 millones de dólares en Suiza. En Luxemburgo hay un trato de 15 millones de dólares.
Relata que cuando en Perú se conoce la gran corrupción, hubo una reacción de poner en la cárcel a los funcionarios que habían cometido este delito. “Hubo un abordamiento poco sistemático y un objetivo poco claro en el tema de recuperar todo lo que se habían robado”. Citó al historiador Alfonso Quiroz , quien estima que el monto de lo robado en la época de los 90 en Perú fue de 600 millones de dólares.
¿Cuánto se ha recuperado?
Producto de las personas que se sometieron al acuerdo de colaboración, mediante una justicia transaccional, algunos devolvieron aproximadamente 180 millones de dólares al fisco, pero fue producto de una devolución voluntaria, no hubo un tratamiento judicial ni jurisdiccional. Prefirieron devolver el dinero y negociar un acuerdo producto de la Ley de Colaboración eficaz en Perú.
Los acuerdos entre las parte han tenido su demora, explica el profesor Joel Segura, ¿Qué mecanismos a partir de estos problemas se han ejecutado? Perú ha establecido hasta ahora dos escenarios importantes, Suiza y Luxemburgo. En varios casos peruanos se obtuvieron sentencias, muchos funcionarios fueron condenados por enriquecimiento ilícito, y en algunas clausula se establecía que debían devolver todo lo ilícitamente obtenido. “Una de las estrategias que ejecutó el Estado peruano para tratar de recuperar las cuentas, fundamentalmente en Luxemburgo, estuvo orientada en utilizar la devolución de todo lo ilícitamente obtenido”.
¿Cuál era la defensa de los funcionarios ?
“Cuando tenían una acusación, al inicio del juicio, lo que hacían era allanarse al juicio, no había oposición. La estrategia era opacar las cuentas que tenían en el exterior. Porque, obviamente, en el juicio no se debatieron cuántas cuentas tenían. Hasta ahora no se ha podido recuperarlas”, precisa..
Sin embargo, afirma, “no sabíamos cuánto era lo ilícitamente obtenido, a veces es muy difícil saberlo, porque han utilizado procesos sofisticados, cuentas a nombres de terceros… de esos funcionarios condenados, no hemos podido encontrar una propiedad a su nombre.
¿Que hacer’?. Ese es un tema de inteligencia, de comunicación, de redes. La práctica esencial ha sido establecer comunicación con los especialistas financieros.
Relata que en el año 2009, una fiscal que revisaba un caso, localizó un documento en francés del gobierno suizo, donde decía que una persona tenía 9 millones de dólares aproximadamente en dos cuentas en Luxemburgo y 8 millones en Francia. Los fiscales no hablan francés, nadie había leído el documento. Alguien lo leyó y se deriva la posibilidad de recuperar este dinero, el juez hace un mandato, una resolución muy simple y se dirige a Suiza, vía cooperación judicial
Sin embargo, hubo rechazo, la sentencia no ordenaba la devolución de las cuentas. Hubo un mecanismo alternativo, la perdida de dominio, una demanda civil. Se activos lo que en Perú se llama el procedimiento de ejecución. Se reconstruyo la historia a través de especialistas, para determinar cómo esas cuentas venían de comisiones ilícitas por la venta de armas. Este trabajo estuvo orientado a tratar de hacer entender a los jueces peruanos, y al fiscal que la solicitud se reconstruyera, de acuerdo a un estándar. Se trabajó intensamente para determinar lo que pensaba Luxemburgo, lo que pensaba Suiza, cuál es el estándar de estos países, que quieren. Bajo este parámetro, se estructuran los pedidos, se afinan los fundamentos. Se buscan las evidencias y se empieza a reconstruir un pedido que finalmente, con todas las instancias en vía de ejecución, fue apelado, sometido al contrario, y el juez peruano ordena la ejecución, y el decomiso definitivo
Esto ha permitido que Suiza y Luxemburgo admitan las solicitudes
Asegura que en Perú cuando se ve la gran corrupción del año 90, se estructura una reacción inmediata, se organiza un equipo especializado en materia de corrupción y después un avocamiento .También se estructura como modelo emblemático.
Es fundamental para recuperar los bienes producto de la corrupción, contactar a una autoridad central especializada y conocedora en la comunicación inmediata para la colaboración entre ambos países. Por último, la participación de la fiscalía y sus jueces para conocer los mecanismos novedosos que se están aplicando.
“Han pasado 16 años del caso Montesinos y las autoridades peruanas de esta época han hecho un trabajo excepcional de ergología jurídica para poder revivir esos casos que estaban muertos, enfrentándose con conceptos nuevos adversos a los que han venido viviendo, por lo tanto han adoptado instrumentos legales para llegar a un feliz término”, apuntó.
