La Superintendencia de Instituciones del sector Bancario acordó congelar la decisión de obligar al sistema financiera a consignar los datos de las cuentas e instrumento bancarios de sus clientes, según fuentes extraoficiales
La Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores había consignado un recurso de reconsideración en la Superintendencia de Instituciones Bancarias, en el que solicitó parar la decisión de obligar al sistema financiero nacional a entregar los detalles de todas las cuentas e instrumentos bancarios de sus clientes. Señalaron inconstitucionalidad por violación de la intimidad y confidencialidad.
Su presidente, Roberto León Parilli, recordó que el artículo 171 numeral 19 de la Ley de Instituciones del Sector Bancario –en el que se basó la circular que la Sudeaban envió a los bancos exigiendo que a partir el 1°de agosto sean consignados los datos de los usuarios– se refiere a informes y documentos para la vigilancia y supervisión sobre el control que ejerce en las entidades financieras. “No se pueden entregar datos personales y sensibles de los ciudadanos, mucho menos sin mediar una expresa autorización del dueño o titular de esos datos”.
Añadió que la Sudeban explicó en la circular que el requerimiento fue solicitado por el Fondo de Garantía de los Depósitos Bancarios. Sin embargo, se debe aclarar que la institución no necesita información sobre los clientes de la banca, sino los estados patrimoniales de las entidades. “¿Para qué quiere Fogade conocer el saldo de cada persona en su cuenta? Ellos deberían estar pendientes de cuánto hay en cada cartera bancaria. No se entiende ese requerimiento”.
Si la Sudeban no hubiese parado la decisión, Anauco habría introducido un amparo en el Tribunal Supremo de Justicia para exigir el cumplimenten de los artículos 86 y 87 de la Ley de Bancos que establecen el sigilo bancario, y ordenan que los datos deben ser recolectados y guardados por el mismo receptor de los datos.
“Pedimos a los bancos con mucha energía que deben proteger a sus clientes”, indicó León Parrilla. Agregó que una vez que la transmisión de datos está fuera de cada banco al que el cliente le confió su información hay un gran riesgo de que terceras personas puedan apropiarse de ella: “Que le den un uso indeseado y poner en peligro la integridad de las personas. Es nuestro deber exigir el respeto de los derechos de los usuarios”. El Nacional
