Más de 500 mil millones de bolívares han sido destinado durante los últimos tres años para la importación, producción y distribución de alimentos en Venezuela, sin embargo el desabastecimiento es hoy uno de los municipales problemas que afectan a los venezolanos
El reportaje de Arysbell Arismendi, publicado en ArmandoInfo y titulado El Ministerio de Alimentación es un cuartel de amigos, revela detalles de como los militares han manejado la producción e importación de alimentos.
Las manos de 36 oficiales del Ejército pusieron el rancho morado en el despacho encargado de importar, producir y distribuir, los alimentos que se volvieron escasos en Venezuela. Por esas manos pasaron cerca de cien mil millones de dólares durante los tres años del Gobierno de Nicolás Maduro. Sus cargos se asignaron como parte de un continuo enroque entre tres promociones castrenses.
De tenientes coroneles a mayores generales
En el Gobierno de Nicolás Maduro no ha habido distinciones con respecto a las jerarquías militares y los nombramientos en posiciones clave dentro del Ministerio de Alimentación.
Un grupo de al menos 36 oficiales superiores del Ejército se convirtió en una élite que concentró en los últimos tres años designaciones; no solo para los cargos de ministro y viceministros, sino para otros como los de directores principales y suplentes de juntas directivas de nueve empresas públicas que, durante el período, manejaron un poco más de 500 mil millones de bolívares para una actividad principal: la importación, producción y distribución de alimentos en Venezuela.
Una investigación realizada a partir de la revisión de más de 1.250 documentos públicos -entre ellos Gacetas Oficiales y Memorias y Cuentas del Ministerio de Alimentación, difundidas entre enero de 2013 y mayo de 2016, y las listas de graduados de la Academia Militar de Venezuela– permitió identificar los nombramientos de los integrantes de ese grupo selecto que, además de tener responsabilidades en las compras y ventas, tuvo otras misiones como las de diseñar y evaluar las políticas públicas en materia alimentaria.
El cruce de información reveló que 12 de los 36 militares fueron designados por compañeros de promoción que ostentaban, en su condición de ministros, la titularidad del órgano ejecutivo. Algunos de los oficiales llegaron a tener hasta cuatro cargos directivos al mismo tiempo y otros han circulado por al menos nueve posiciones en los tres años que acumula Maduro en el poder.
Las importaciones públicas de alimentos se transformaron, en la última década, en una parte esencial de la estrategia gubernamental para atender las necesidades de la población. Lo que comenzó con la presidencia del fallecido Hugo Chávez –durante la cual se quintuplicaron a partir de 2010 con respecto a 2005– continuó con la gestión de su discípulo político.
Solo en 2015 las compras más allá de la frontera sobrepasaron los 5 millones de toneladas. Según datos oficiales, este número representa la cifra más alta de los últimos doce años.
La dependencia de productos extranjeros ha sido criticada no solo por detractores del gobierno, sino también por expertos y por industriales nacionales que se han quejado de que no han dispuesto de divisas para cancelar deudas con proveedores internacionales lo que, según han afirmado, les ha impedido producir dentro del país al ritmo que necesitan.
Hoy, con el descenso de los precios petroleros, la compra de alimentos por parte de los venezolanos se ha transformado en un calvario. Los saqueos se han convertido en un fenómeno común y cientos de miles de ciudadanos moran en larguísimas filas con la esperanza de conseguir algo para servir en la mesa, no comen para dejar a sus hijos o esperan por una bolsa de comida con cuatro o cinco productos subsidiados:
“La poca disponibilidad se debe a los controles de precio, a las expropiaciones de las unidades agrícolas que ahora están en manos del Estado con nada o muy poco que producir; al control del tipo de cambio y a las dificultades para la importación de materia primas impuestas al sector privado”, dijo Alejandro Gutiérrez, economista y fundador del Centro de Investigaciones Agroalimentarias, quien en el corto plazo solo avizora como única solución nuevas y masivas importaciones para apañar lo que muchos califican de crisis humanitaria. Si ocurre como pronostica, el Ministerio de Alimentación y sus funcionarios estarán en el centro del asunto.
Los favorecidos
Maduro no solo mantuvo la estrategia de las importaciones sino también la tradición que inició su padre político de designar militares al frente del Ministerio de Alimentación.
Durante su gestión ha nombrado a cinco oficiales al frente del despacho: Félix Ramón Osorio Guzmán, Hebert Josué García Plaza, Yván José Bello Rojas, Carlos Alberto Osorio Zambrano y Rodolfo Clemente Marco Torres.
Uno de ellos está prófugo de la justicia –García Plaza fue acusado por el Ministerio Público de comprar tres barcos españoles con sobreprecio, cuando se desempeñaba como presidente de la compañía estatal Bolipuertos– y los otros tres están siendo investigados por la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, que los acusa por el desvío de dos mil millones de dólares en compras alimentarias.
A Marco Torres, de hecho, le dieron voto de censura por no comparecer ante la plenaria, pero la decisión fue desconocida por Maduro. El Presidente le solicitó al Tribunal Supremo de Justicia desestimar el dictamen de los parlamentarios y el Poder Judicial aceptó.
Cada uno de ellos incluyó a compañeros de promoción en puestos claves de la nómina ministerial.
Cuando Félix Osorio asumió el poder en 2013 –su segundo mandato después de haber ocupado la misma posición con Chávez– militarizó la conducción de la productora y distribuidora de alimentos Pdval y colocó a oficiales como miembros principales o suplentes, de seis de los ocho cargos de la junta directiva de la compañía.
Dos de los seleccionados, Luis Moreno Machado y Luis Fernández Abreu, habían compartido formación con el entonces coronel como parte de la promoción “José Trinidad Morán”, egresada de la Academia Militar 23 años antes. Osorio conocía de cerca cómo era el manejo y la operatividad de la compañía.
En 2010, cuando desempeñaba su primer mandato como titular de la cartera alimentaria, tres gerentes de la empresa fueron aprehendidos por la descomposición de al menos 130 mil toneladas de alimentos. Para la fecha, Pdval estaba adscrita a la petrolera estatal Pdvsa, a cargo de Rafael Ramírez, y debido a la irregularidad fue transferida a la Vicepresidencia de la República y luego al Ministerio de Alimentación.
En su momento, el entonces coronel calificó las denuncias de “manipulación mediática” y afirmó que la cantidad de productos descompuestos no era “notoria” en comparación con lo comercializado por la compañía. El caso, sin embargo, fue investigado por el Ministerio Público y tres directivos fueron acusados de delito de boicot y peculado doloso.
La Contraloría General de la República, por su parte, todavía no ha emitido un acto conclusivo. “Se trata de una investigación muy engorrosa”, reconoció el contralor Manuel Galindo en abril de 2016.
Osorio también incluyó a otro compañero de promoción en otra vacantes del organigrama ministerial: José Dionisio Moreno Oliva quien -junto con Moreno Machado- fue designado como parte de la junta directiva de la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas, La Casa.
Entre 2013 y 2014, esa fue la empresa de alimentos que más recursos públicos recibió al obtener 11 y 12% del presupuesto nacional aprobado por el parlamento para esos años.
El presidente de la compañía también había sido su compañero de generación de la Academia Militar: Manuel Barroso. No era un desconocido para la opinión pública: había sido presidente de Cadivi por seis años –el órgano encargado de la administración de divisas– y Maduro había decidido apartarlo del cargo en medio de las crecientes denuncias de corrupción en la asignación de dólares preferenciales para empresas de maletín y el cual ha sido considerado como uno de los mayores escándalos de irregularidades administrativas de la historia de la República.
Una investigación del diario El Nacional de 2014 reveló que Barroso y Osorio –quien también formaba parte de la directiva de Cadivi– habían aprobado en 2012 más de 17 millones de dólares para la importadora Alimentos Venenceres de año y medio de existencia que tenía entre sus accionistas a un miembro retirado de la misma promoción de la dupla, la José Trinidad Morán: Carlos Arias Delgado.
En su momento, sus representantes negaron que la suya fuera una compañía espejo.
Práctica repetida
Quienes siguieron a Osorio repitieron la práctica. El mayor general García Plaza incluyó a dos antiguos condiscípulos en la dirección de evaluación y seguimiento de políticas públicas del ministerio, y en la junta directiva de Mercal empresa responsable de la venta de alimentos en mercados abiertos.
El coronel Yván José Bello Rojas designó a otros cuatro en el ministerio y en la presidencia y junta directiva de la Red de Abastos Bicentenario, empresa pública que según los balances comerciales mostrados en las memorias y cuentas, ha estado en déficit durante dos años consecutivos por un monto de 687 millones de bolívares en 2014 y por 3.419 millones en 2015. Este último número supera en más de dos tercios su capital social.
En junio de 2015, Carlos Osorio Zambrano nombró a Heber Aguilar Suárez presidente de la junta interventora de la Corporación Venezolana de Alimentos, Cval, consorcio agroalimentario intervenido un año antes para la optimización de los procesos productivos y el abastecimiento oportuno de productos agrícolas para la población.
A principios de 2016, Suárez fue detenido junto a la administradora de la compañía por legitimación de capitales. Se les acusó del desvío de bienes, fondos públicos y alimentos del pueblo, hacia redes de comercialización privada.
La última designación la hizo el recién ascendido general de división, Marco Torres, quien el pasado 24 de mayo le otorgó a su compañero de promoción, Luis Alberto Medina Ramírez, la presidencia de la Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios, una súper compañía a la que ahora estarán adscritas las 15 empresas de alimentos del Estado. En los próximos meses -y así lo ordena el decreto 2.325 del Ejecutivo- desaparecerán La Casa, Cval y Corpo-pdmercal.
Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano dedicada a la discusión de seguridad y defensa de la nación, afirmó que en la gestión de Maduro se ha consolidado la militarización de la administración pública:
“Los militares controlan 32% de los ministerios más importantes de Venezuela, por la cuantía de los montos que manejan y de las dimensiones de las competencias que realizan”.
La abogada lamentó que –como debería suceder en cualquier país con control democrático– la FAN no reporte y aclare cuántos de sus efectivos están en comisión de servicio en los despachos gubernamentales.
Los reciclados
En el gobierno de Maduro también resaltan los casos de quienes han ostentado más de un cargo directivo al mismo tiempo en el Ministerio de Alimentación: el mayor Anderson José Medina Delgado, el teniente coronel Rafael Martín Hidalgo Belisario, el coronel Luis Rafael Moreno Machado y el general de brigada Valmore Ascanio Lugo Yépez, han ocupado múltiples funciones tanto en el despacho como en la presidencia y juntas directivas de las empresas públicas.
Moreno Machado, de la promoción de Félix Osorio, fue nombrado Superintendente Nacional de Silos y Depósitos Agrícolas en abril de 2013. Luego, en julio y en menos de una semana, lo designaron miembro principal del consejo directivo de Fundaproal, director principal de la junta directiva de La Casa y director principal de la junta directiva de Pdval.
El coronel debía, entonces, disponer de su tiempo para: inspeccionar, vigilar, fiscalizar y sancionar sobre actividades de almacenamiento, acondicionamiento y actividades conexas de los depósitos agrícolas; aprobar y hacer cumplir el presupuesto de ingresos y egresos, de la fundación de programas estratégicos que tiene como objetivo garantizar la alimentación a poblaciones desfavorecidas; y definir, controlar y supervisar las estrategias y actuaciones, convenios y contratos, de las empresas de alimentos.
Las responsabilidades del general Lugo Yépez al frente de la dirección general de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas del ministerio de Alimentación, tuvieron que ser compartidas con las de la Vicepresidencia de La Casa, compañía que para 2014 estaba presidida por su compañero de grado y ministro Hebert García Plaza.
El teniente coronel Hidalgo Belisario, por su parte, fue designado Superintendente Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas, director principal de la junta directiva de Pdval, director principal de la junta directiva de Logicasa y director suplente de la junta directiva de la Red de Abastos Bicentenario, cargos que se fueron sumando en tan solo tres meses.
En septiembre de ese mismo año, Medina Delgado –graduado junto a Bello Rojas en 1993– inició funciones como presidente de la Red de Abastos Bicentenario y en octubre fue nombrado director principal de la junta directiva de Logicasa.
El mayor no duró más de ocho meses en el cargo y fue sustituido en abril de 2015 por la detención de tres de sus gerentes en la sucursal del estado Anzoátegui, quienes incurrieron en el desvío de los alimentos distribuidos por la red de supermercados en esa entidad.
El Gobierno informó a principios de 2016 que un total de 49 empleados de la compañía han sido arrestados por corrupción. Otros funcionarios, durante la gestión de Maduro, han llegado a pasearse por un laberinto de hasta nueve cargos públicos en un período de tres años.
Es así como el coronel Johan Alexander Hernández Lárez ha sido Viceministro de Producción Alimentaria; director y miembro principal de las juntas directivas de Pdval y de la Superintendencia Nacional de Silos, Almacenes y Depósitos Agrícolas; integrante de la junta administradora del Complejo García Hermanos S.A, expropiado en 2010; director principal de la junta directiva de La Casa; y presidente de la Red de Abastos Bicentenario, Corpo-pdmercal y de la junta interventora de la Corporación Venezolana de Alimentos, Cval, cargo que desempeña desde enero de 2016.
Los investigados
La Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional no solo ha responsabilizado a Félix Osorio, a Carlos Osorio y a Marco Torres, por la crisis alimentaria sino también por presuntos actos de corrupción que habrían sido cometidos por ellos mientras estaban al frente del despacho y de la principal empresa importadora de alimentos, la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas, La Casa.
A Carlos Osorio se le acusa de haber beneficiado a familiares de su esposa con la compra de alimentos, a través de una empresa de maletín, y a Marco Torres de avalar órdenes de compra con sobreprecio, mientras ambos ostentaban la presidencia del conglomerado.
A principios de 2016, los militares fueron citados para rendir cuentas ante la plenaria, pero ninguno asistió. La inasistencia fue amparada luego por el Tribunal Supremo de Justicia que, días después de que el Parlamento aprobara el voto de censura contra Marco Torres, inhabilitó a la Asamblea Nacional para remover a los ministros del Gobierno.
El 28 de junio de 2016, la cabeza del Poder Judicial admitió una demanda de Carlos Osorio y prohibió a los miembros de la Comisión de Contraloría, diputados Carlos Berrizbeitia e Ismael García, difundir “contenido vilipendioso” sobre el general.
El mismo fallo se aplicó al portal http://www.cuentasclarasdigital.com (http://www.cuentasclarasdigital.com/ccd/portada), responsable de haber publicado los datos de los nombres, montos y empresas vinculadas al supuesto entramado de corrupción.
El presidente Nicolás Maduro salió en defensa de Marco Torres y aseveró que la moción parlamentaria era un ataque contra la Misión Alimentación, los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, y el heroico esfuerzo por satisfacer las necesidades de los venezolanos a pesar de la caída en los ingresos petroleros.
“Le digo al señor Ramos Allup que al ministro no lo remueve nadie”, sentenció en una frase dirigida al presidente del parlamento.
Osorio, por su parte, no contó con el aval público del Jefe de Estado pero aprovechó su cuenta en la red social Twitter para expresarse frente a lo que calificó como un engaño de la burguesía:
“Con esa misma fortaleza que mi Comandante Chávez nos enseñó a tener, sostendré mi moral en alto y defenderé la patria y su legado ahora más que ayer (…) mi demanda contra los ciudadanos Tablante, García y Berrizbeitia, obedece a no seguir permitiendo más injurias a mi reputación y honor”.
El diputado Berrizbeitia señaló en declaraciones a Armando.info que las investigaciones parten de las denuncias introducidas en la anterior Comisión de Contraloría y que no fueron procesadas: “Son más de 20 los procesos que no se abrieron”, aseguró. Entre 2010 y 2015, la comisión estuvo presidida por el actual diputado por el partido de gobierno, Pedro Carreño, quien se graduó con Carlos Osorio en la promoción militar “Lucas Carvajal” de 1985.
“En los últimos 10 años, la compra de alimentos se ha vuelto un negocio cambiario. Y, tanto en el Gobierno de Chávez como de Maduro, las compras se han realizado sin ningún tipo de supervisión: no ha habido control previo ni posterior del gasto; tampoco ha sido una licitación internacional o consulta de precio. Las compras han sido hechas de forma discrecional”.
El parlamentario opositor aseguró, además, que manejan pruebas sobre a qué personas y empresas, y por cuánto dinero, benefició el general Marco Torres como presidente de La Casa, en 2008.
El ministro habría firmado órdenes de compra, con tarifas que casi duplicaban los precios internacionales de las toneladas de pollo y carne, para el momento de la transacción.
La Comisión solicitará a la Fiscalía General de la República abrir una investigación contra Carlos Osorio por la sospecha de que, junto a sus cuñados y otros empresarios, incurrió en los delitos de pago de sobornos y comisiones a funcionarios, sobrefacturación, tráfico de influencia, compra de comida vencida, entre otras imputaciones, para la conformación de una red de corrupción que buscaba enriquecerse con el diferencial cambiario aplicado a las compras de alimentos.
La petición incluye que el exministro sea citado a declarar y que mientras duren las averiguaciones, sean confiscados los bienes y congeladas las cuentas bancarias relacionadas con el caso.
Armando.info intentó contactar al ministro Rodolfo Marco Torres, al exministro Carlos Osorio y al diputado Pedro Carreño. De igual forma, se le solicitó al Ministerio del Poder Popular para la Defensa información sobre los funcionarios militares en comisión de servicio dentro de la administración pública.
Hasta la fecha de publicación de este reportaje, las solicitudes no han sido respondidas.
