Sólo en los últimos seis meses, la Justicia Federal Argentina trabó embargo de bienes por más de $ 5.200 millones en las causas que involucran a ex funcionarios kirchneristas, a la propia Cristina Fernández de kirchner y a su hija, Florencia. Fue a partir de varias causas contra ex funcionarios y empresarios ligados al kirchnerismo. Pero pueden pasar años hasta que los fondos sean decomisados y usados para otros fines.
La cifra es un reflejo de los tiempos que se viven en los tribunales de Comodoro Py, donde se ve, como nunca antes, la “judicialización de la política”, porque mientras las causas avanzan, se discute el destino que podrían tener los bienes investigados. De no mediar cambios legislativos, los fondos irán a parar al Poder Judicial de la Nación, como establece la ley y ya tiene dicho la Corte Suprema. Pero para que haya un decomiso, primero tiene que haber una condena firme, algo que podría demorar años e incluso llegar al máximo tribunal.
En un proceso penal, el embargo busca asegurar el pago de costas, futuras indemnizaciones o penas monetarias, e incluso cubrir un eventual decomiso. En varias de esas causas, la Justicia también declaró inhibiciones y congelamiento de cuentas, otras dos medidas preventivas para evitar que los involucrados se deshagan de sus bienes.
El origen de los fondos. El juez Sebastián Casanello fue quien trabó, en el marco de la denominada “ruta del dinero K”, los embargos más altos en las causas que involucran al kirchnerismo. Fue al momento de procesar al empresario Lázaro Báez y a su hijo Martín, por el delito de lavado de dinero, una maniobra por más de US$ 33 millones. Embargó a cada uno por $ 800 millones y por un total de $ 315 millones a otros tres involucrados en la causa. Además, inhibió a toda la familia Báez, pero la Sala II de la Cámara Federal les “descongeló” las cuentas para que cubran sus “necesidades básicas”.
El juzgado también retuvo el pago del seguro del avión de Báez que se incendió en el aeropuerto de San Fernando en 2015 y tiene tasadas propiedades en más de US$ 140 millones que, en caso de comprobarse el ilícito, se decomisarán más allá del embargo. En tanto, también hay un grupo de veedores de la AFIP haciendo un relevamiento del resto del patrimonio en el sur. Los US$ 90 mil encontrados durante uno de los allanamientos, que se hicieron en Santa Cruz, están en un depósito judicial en el Banco Nación. Y Casanello ya convocó a la Secretaría de la Vivienda y Hábitat y al INTA para que propongan medidas provisorias para dar un fin social a las propiedades de Báez en el sur, pero en el juzgado aún no recibieron respuesta.
En el marco de la causa por el “dólar futuro”, el juez Claudio Bonadio procesó y embargó a Cristina Fernández, junto a 14 ex funcionarios, por $ 15 millones a cada uno. Como al momento de ser intimada la ex mandataria aseguró “no poseer ni bienes ni dinero para dar a embargo”, el juez decretó su inhibición general de bienes hasta cubrir el monto.
La hija de CFK, Florencia, fue embargada en la causa Hotesur, por US$ 5.696.144 y más de $ 50 mil, en cuentas y cajas del Banco Galicia. Para el juez Ercolini no pasó inadvertido que la apertura de éstas fue cuatro días después de que su madre fuera convocada por Bonadio, como una manera de evitar que el dinero fuera alcanzado por la Justicia. Maniobras como éstas son las que se tratan de impedir cuando se disponen inhibiciones o congelamientos.
Otro que manifestó no tener bienes para afrontar los embargos fue el ex ministro de Planificación, Julio De Vido. Lo alegó al momento de tener que cubrir el monto de 600 millones con el que fue procesado por la tragedia de Once, por lo que se embargó el 20% de su dieta, como solicitó la Oficina Anticorrupción, querellante en la causa.
De Vido también fue embargado en otras dos causas de trenes, que sumaban otros $ 600 millones. Otros embargados en estas maniobras fueron el ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, y varios ex funcionarios del organismo, por un total que supera los $ 1.100 millones.
Segundo de De Vido en el Ministerio, José López, ex secretario de Obras Públicas, fue procesado por enriquecimiento ilícito y embargado por $ 200 millones tras ser encontrado en un convento de General Rodríguez con casi US$ 10 millones. Además se congelaron los fondos de sus cuentas bancarias, y las de su esposa y su suegra.
El mes pasado también fueron procesados y embargados los ex jefes del gabinete kirchnerista Juan Manuel Abal Medina, Jorge Capitanich y Aníbal Fernández, por $ 10 millones, en la causa de Fútbol para Todos. Fernández ya había sido procesado y embargado por el Plan Qunita, junto a otros imputados, por un total de $ 440 millones. perfil.com
